David Rock, en su libro Argentina 1516-1987 efectúa una síntesis muy ilustrativa del período al que nos vamos a referir en el presente trabajo, en ella dice:

Con este trabajo nos proponemos dilucidar si los gobiernos de facto que dominaron la escena política durante el período comprendido entre los años 1955 y 1973, constituyeron simples paréntesis en la vida institucional del país, o lo que en el sentido técnico del mismo se denomina revolución. En función de esto haremos un análisis de las variables institucionales que hacen a la vida democrática del país, teniendo en cuenta que, de no haberse producido cambios radicales, estaríamos hablando simplemente de Golpes de Estado.

Tomamos cuatro elementos de análisis: las Instituciones, los partidos políticos, los sindicatos y las Fuerzas Armadas.

En el primero de ellos, hacemos un análisis muy breve de los vejámenes a que fue sometida nuestra Carta Magna, sobre todo en la primera y la tercera etapa. Además, observamos la utilización que se hizo de instituciones como el estado de sitio y las intervenciones federales, entre otras. Por último, hacemos referencia a dos temas estrechamente relacionados a la Ley Fundamental: el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Todo ello, claro está, sin olvidarnos de sucesos con importancia esencial como la reforma constitucional de 1957, el Estatuto de la Revolución Argentina o el conflicto ligado a la acefalía del Poder Ejecutivo, acaecido en 1962.

Con respecto al segundo no es necesario explicar en demasía las razones que nos han llevado a estudiarlo. En este período se han producido hechos como proscripciones e intervenciones partidarias, prohibiciones de actuación a los mismos, confiscaciones de sus bienes y símbolos partidarios, persecuciones de sus representantes, etc. Todo ello más allá de las alianzas, marchas y contra-marchas, procesos electivos, divisiones y todo lo que hace a la vida interna de estas instituciones vitales para la democracia argentina.

En tercer término, tal vez el sindicalismo haya sido, como nunca antes ni después en la historia, uno de los dos protagonistas principales de la época. Sujeto a los mismos ataques que los partidos políticos (proscripciones, confiscaciones, intervenciones, persecuciones), luchó denodadamente para lograr recuperar la central obrera. Por otra parte, fue el representante "con sede en el país" del proscripto peronismo.

Por último, la razón de todos estos hechos fue el comportamiento de las Fuerzas Armadas, que lejos de cumplir con las tareas que muy claramente le reserva la Constitución Nacional, se autoproclamaron órganos de contralor del accionar de los gobernantes y, cuando no estuvieron satisfechas con éste, se ubicaron ellas mismas en las funciones de conducción nacional.

El período reseñado se encuentra caracterizado por la propiedad del poder en manos de las Fuerzas Armadas, a pesar de haber existido en el transcurso del mismo, mandatarios de iure, los que en realidad detentaron el gobierno pero no el poder.

El desarrollo del trabajo está dividido en tres períodos, división que responde a las características particulares de cada uno de ellos, según el gobierno descansare en manos de fuerzas militares o democráticas: en el primero analizaremos el lapso en el que se desempeñó en la conducción del país la llamada Revolución Libertadora, etapa comprendida entre los años 1955 y 1958; posteriormente nos abocaremos al estudio de las presidencias democráticas de Arturo Frondizi y Arturo Illia (entre 1958 y 1966); y por último, a la etapa histórica que se desarrolla desde el advenimiento de la Revolución Argentina hasta el retorno del peronismo a la presidencia (1966-1973). Por otra parte, en cada período analizaremos las instituciones que creemos han sido más protagonistas de la época.

Cabría preguntarse por qué establecemos como límite definitivo el retorno a la democracia ocurrido en el año 1973 y no el que se daría 10 años más tarde, precisamente en el año 1983. Al respecto hacemos la siguiente reflexión: si bien el gobierno transcurrido entre 1973-1976 fue signado por la brevedad, sujeto a infinidad de conflictos y factores de presión y continuado por un nuevo gobierno de facto, se diferenció de los gobiernos constitucionales de la década del sesenta en un rasgo fundamental: ser el auténtico titular del poder.

Cabe agregar que, además de los temporales, nos hemos fijado otros dos límites para no ahondar en el tema más allá de lo estrictamente necesario en virtud de la brevedad requerida. Por un lado, las instituciones que analizaremos serán las que creemos más importantes en relación al período analizado. Por otro lado, nos hemos propuesto no incurrir, en la medida de lo posible, en un tema tan hondo a la sensibilidad de los argentinos como es el peronismo, para no correr el riesgo de caer en las subjetividades que despierta tal tópico.

El 23 de Septiembre de 1955 el General Eduardo Lonardi arribó a Buenos Aires para ocupar la Presidencia Provisional de la República como líder de la revolución victoriosa. El nuevo gobernador proclamó la célebre frase "Ni vencedores ni vencidos" e inmediatamente el Gobierno dispuso la disolución del Congreso Nacional y fueron intervenidas las provincias, el Poder Judicial y las universidades. Por otra parte, se creó una Junta Consultiva -con políticos en la función de asesores- y una Comisión Nacional de Investigaciones, para calificar la conducta de los dirigentes y colaboradores del gobierno derrocado.

Dos meses después, los mandos militares apartaron del poder a Eduardo Lonardi para situar como Presidente Provisional de la República al General Pedro Eugenio Aramburu. Comenzó así una nueva fase en el movimiento denominado Revolución Libertadora, que demostró su decisión de acelerar la normalización institucional del país; así, en mayo de 1956 se vuelve a dar vigencia a la Constitución de 1853, declarándose nulas y sin valor las reformas realizadas en 1949. Al mismo tiempo, se dice que, oportunamente, será convocada una convención constituyente para actualizar el texto constitucional. En abril de 1957 y por dictamen de la Junta Consultiva, el gobierno de facto convoca a elecciones de constituyentes para reformar la Constitución de 1853. Estos comicios se llevan a cabo en julio y su resultado sorprende a todos. Respondiendo a las ordenes de su jefe, los votos en blanco que representaban a los peronistas¬ , según instrucciones hechas llegar por Perón, son la primera minoría, seguidos por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), que apoya a Balbín y la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), partidaria de Frondizi.

Cuando se reúne la Convención Constituyente, los delegados intransigentes impugnan la reunión y se retiran, quedando el cuerpo con quórum estricto. La Convención apenas sanciona el articulo 14 bis y luego, al retirarse el sector sabattinista, queda sin quórum.

En febrero de 1958 el Gobierno dispone convocar a elecciones presidenciales y entregar el poder al Presidente electo. El candidato de la UCRI, Arturo Frondizi, logra el apoyo del proscripto peronismo y, realizado el comicio, su fórmula, Frondizi-Gómez, vence al binomio de la UCRP, Balbín-Del Castillo.

En marzo de 1962 Frondizi dispuso no proscribir a la Unión Popular -que apoyaba a Perón- en las elecciones para diputados nacionales y gobernadores provinciales. El peronismo triunfó en cuatro provincias -entre ellas, Buenos Aires- y partidos neoperonistas en otras cuatro. La situación del Gobierno se tornó crítica y el Presidente intervino las provincias donde había triunfado el peronismo. A partir de ese momento, la crisis empeoró y el 29 de marzo los comandantes de las tres Armas lo derrocaron. Durante unas horas hubo una total incertidumbre sobre la titularidad del Poder Ejecutivo hasta que el vicepresidente del Senado, José María Guido, juró como Presidente ante la Corte Suprema y fue aceptado por los comandantes de las Fuerzas Armadas.

Guido anuló las elecciones anteriores, intervino las provincias y prohibió que el Congreso Nacional -en receso indefinido- se reuniera. En el transcurso de esta gestión de gobierno se produjeron enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas. La guarnición de Campo de Mayo, a las órdenes del general Juan Carlos Onganía, encabezaba un grupo legalista que brindaba su apoyo al Presidente, y sostenía la vigencia de la Constitución Nacional con una salida electoral. Otra fracción militar estaba dispuesta a restaurar por la fuerza el principio de autoridad, sin un eventual llamado a elecciones. No tardó en producirse un enfrentamiento armado. Los jefes de Campo de Mayo se adjudicaron el color azul, y sus adversarios, el colorado. Finalmente, después de varias jornadas de tensión, que incluyen desplazamientos de tropas en Buenos Aires y alrededores, los azules se impusieron y Onganía fue designado comandante en jefe del Ejército. Entonces, se anuncia que habrá elecciones a mediados del año próximo, aunque con el valor entendido de que el peronismo será excluido de los comicios.

Los partidos políticos comenzaron su actividad para los comicios, que se realizarían a mediados de 1963. Las elecciones se realizaron en julio de 1963, y en ellas triunfó Arturo Illia, candidato de la UCRP. El 12 de octubre, Guido le entregó el poder.

Cuando en marzo de 1967 debían realizarse los comicios para renovar las nuevas autoridades provinciales se anticipaba una victoria del peronismo y, por tal motivo, existía malestar en el ámbito castrense. Esta situación hizo crisis cuando a fines de 1965 una disposición del Presidente obligó al general Onganía a solicitar su retiro. Así, a fines de junio de 1966 se produjo un proceso revolucionario destinado a derrocar al Presidente; las fuerzas de seguridad penetraron en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno y el Presidente debió alejarse.

Depuesto el mandatario constitucional, ocupó la primera magistratura el general Onganía, a quien entregaron el poder los tres Comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas. El nuevo Presidente ocupó el cargo sin limitaciones en el poder y una de sus primeras disposiciones, fue dar a conocer un acta que decretó la destitución de las autoridades nacionales, disolvió el Parlamento Nacional y las Legislaturas Provinciales, separó de los cargos a los miembros de la Corte y suprimió los partidos políticos. El mismo documento puso en vigencia el Estatuto de la Revolución Argentina, cuyos diez artículos tenían primacía sobre la Constitución y al que debía sujetarse el nuevo Gobierno, establecido con un plazo indeterminado.

En 1969, la Paz Militar del gobierno fue deteriorada por el Cordobazo, movilización social de extremas consecuencias que hirió de muerte al gobierno. Cuando, a fines de 1970, Onganía declaró que su gestión gubernativa debería prolongarse varios años, sumado al descontento social por la política económica y el secuestro y asesinato de Aramburu, se precipitó su caída. En Junio el Presidente debió renunciar ante el requerimiento de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Según el Estatuto de la Revolución Argentina, la dimisión se interpretó como un relevo y la Junta designó presidente al general Marcelo Lévingston. Se inició así la segunda etapa de la Revolución Argentina. Pero, debido a desacuerdos con la Junta, Lévingston debió renunciar en marzo de 1971 y fue reemplazado por el teniente general Alejandro Lanusse, quien asumió la presidencia con retención del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Con el nuevo mandatario comenzó la tercera etapa de la Revolución Argentina y el Gobierno manifestó su voluntad de llevar a término el proceso destinado a normalizar la vida institucional del país. Se estableció un calendario electoral y el Partido Justicialista obtuvo su personería política.

Lanusse no logró constituirse como el candidato transaccional entre las Fuerzas Armadas el peronismo pero sí pudo proscribir al líder exiliado, quien designó como su candidato a Héctor J. Cámpora, que se presentaba como incondicional al líder y generaba el acercamiento de los sectores jóvenes y radicalizados del partido. Precisamente estos últimos dieron el tono a la agitada campaña electoral que, bajo el lema "dependencia o liberación", dio el triunfo al peronismo. Cámpora asumiría el 25 de Mayo de 1973. Recién aquí, después de dieciocho años, el pueblo podía, con plena libertad, consagrar un gobierno civil.

Una de las decisiones del Gobierno de la Revolución Libertadora más dignas de análisis, versa sobre el tema que nos ocupa en esta sección. En efecto, durante este período se produjo el hecho tal vez más paradojal de la historia institucional de nuestro país: se derogó la Constitución Nacional a través de un decreto de un gobierno de facto y, posteriormente, se legitimó dicha resolución [sic] mediante una reforma constitucional convocada por un decreto de necesidad de reforma.

El 27 de abril de 1956, el gobierno, en función fáctica de constituyente declara la vigencia de la Constitución Nacional de 1853 con todas sus reformas, exceptuando, claro está, la del año 1949 y "sin perjuicio de los actos y procedimientos que hubiesen quedado definitivamente concluidos con anterioridad al 16 de septiembre de 1955". Por otra parte establece que regirá la mencionada Ley Fundamental en la medida en que no se oponga a los objetivos de la revolución y a las necesidades de la organización y conservación del Gobierno Provisional.

Posteriormente y, con la finalidad de darle un mayor sustento legal al decreto anterior, como ya lo habíamos dicho, se resolvió convocar a una Convención Constituyente. Dicha convocatoria tenía dos objetivos fundamentales: por un lado adaptar la centenaria Carta Magna al constitucionalismo social vigente, y por el otro, llevar a cabo lo que se daría en llamar "Recuento Globular".

La finalidad de ese "Recuento Globular" era conocer la posición del electorado después de transcurrido cierto tiempo de ausencia del peronismo en la escena gubernamental y en vistas a una futura elección presidencial. Al respecto, el tercer punto de las Directivas Básicas de la Revolución Libertadora demuestra que dicho recuento no era una intención secreta ni mucho menos improvisada:

El 12 de Abril de 1957, vería la luz el decreto-Ley que declaraba la necesidad de reforma parcial a la Constitución Nacional vigente. La Convención ad hoc se reuniría como de costumbre en Santa Fe para resolver sobre la conveniencia de la modificación de veintinueve artículos.

El decreto-Ley mencionado habría implicado el ejercicio de las facultades preconstituyentes atribuidas por la Constitución Nacional al Congreso. Pero parte de la doctrina opina que tal convocatoria no correspondía por el hecho de que, cuando la Revolución Libertadora se arrogó las facultades que la constitución había otorgado al Congreso de la Nación, se autolimitó al expresar que asumía las facultades estrictamente legislativas, dejando afuera otras competencias del Congreso que excedían a las mismas.

Las elecciones correspondientes se realizaron el 28 de Julio del año en curso y sus resultados fueron totalmente desalentadores para el gobierno.

El 1^ro de Septiembre se reunieron los 205 constituyentes y, al poco tiempo de comenzada la asamblea, se retiraron los representantes de la UCRI, previa impugnación de la misma. El cuerpo quedó con quórum estricto y alcanzó a confirmar la Constitución Nacional de 1853 como Ley Primera de nuestro país y a agregar el artículo 14 bis, referente a los derechos sociales, y el inciso 11 al artículo 67, referente a la atribución del Congreso de la Nación de sancionar un Código de Trabajo. Posteriormente, los convencionales del Partido Social Demócrata se retiraron de la asamblea, expresando que su objetivo había sido el restablecimiento de la Constitución Nacional de 1853, dejando aquella sin quórum y dándole fin.

Las razones que había presentado el Gobierno Provisional surgido a raíz de la Revolución Libertadora para convocar por decreto a una reforma constitucional se pueden encontrar en sus siguientes declaraciones:

Pero quien determina a quién corresponde gobernar y legislar es la Constitución Nacional, y un gobierno de facto no sólo no está instituido de ese poder sino todo lo contrario, en tanto "de facto" es diametralmente opuesto a "de iure". Por tanto, en principio, carece de toda legitimidad la reforma. Pero hay un concepto más a tener en cuenta: el derecho de resistencia. Además, merece especial atención el art. 2 de la Proclama de abril de 1956, que hacía referencia a que...

Para finalizar, cabe hacerse la siguiente pregunta ¿Realmente estaban investidos del derecho de resistencia las Fuerzas Armadas? Creemos que la respuesta se encuentra en las siguientes afirmaciones. para empezar el movimiento del 16 de septiembre de 1955 no fue un movimiento popular sino un movimiento de claros matices militares; para seguir, se podría alegar que los golpistas eran los actores materiales de la insurrección pero representaban los intereses del común de los ciudadanos argentinos, sin embargo, dicha afirmación quedaría demasiado debilitada con los resultados de las elecciones que tiempo después se realizarían para la reforma constitucional; por último, ¿se trató realmente de una revolución? ¿se efectuaron reformas radicales?.

Este primer período analizado se encuentra caracterizado por el apoyo directo o indirecto de la mayoría de los partidos políticos hacia las Fuerzas Armadas; por la división del radicalismo en la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente; por las proscripción del peronismo, hecho que caracterizaría a los tres períodos; y por la sanción de un Estatuto para regir el tema.

Según San Martino de Dromi, "Todos los partidos políticos tuvieron una decidida participación en la Revolución Libertadora y en mayor o menor grado celebraron la terminación del gobierno peronista y su disolución como partido político", incluso tuvieron una participación efectiva en el proceso de la misma a través de la Junta Consultiva creada a fin de brindar el asesoramiento que las Fuerzas Armadas consideraran necesario.

Veamos sucintamente la evolución de los partidos políticos más importantes desde el inicio de la Revolución Libertadora:

En el radicalismo, existían diversas tensiones y divisiones internas desde una década atrás, pero el golpe de 1955 produjo un ruptura definitiva dentro de la facción más importante, la que agrupaba a sus dos figuras centrales, Ricardo Balbín, que consideraba necesario dar apoyo a los militares en ejercicio del gobierno, y Arturo Frondizi, cada vez más enfrentado con el gobierno de facto, cada vez más cercano al proscripto peronismo y con banderas programáticas de avanzada que seducían a los jóvenes, los intelectuales y los sectores progresistas.

La convención radical del 9 de noviembre de 1956, eligió para la candidatura a la Presidencia de la Nación a Arturo Frondizi. El objetivo de tal elección era presionar al gobierno militar para que llamara a comicios presidenciales en forma inmediata. Pero el resultado fue otro; en enero del siguiente año, balbinistas, sabatinistas y unionistas se separaron de la UCR para formar, un mes más tarde, la Unión Cívica Radical del Pueblo.

El radicalismo no fue el único en dividirse, el socialismo se fraccionó en dos parte y el conservadorismo en tres. Y como dice Felix Luna, era lógico:

Con respecto al peronismo, la situación es relativamente tranquila mientras se encuentra en el gobierno el general Lonardi, que se limita a degradar y prohibir el uso del uniforme militar al general Perón. Pero al asumir Aramburu la situación varía; el 12 de diciembre de 1955 el partido peronista es disuelto en todo el país por Decreto del Gobierno provisional a causa de constituir una forma de estado totalitario, provocar graves daños al país, violar la Constitución Nacional, cercenar los derechos y garantías individuales, violar las Leyes sobre el funcionamiento de los partidos políticos, atentar contra los principios democráticos y republicanos, exigir la afiliación obligatoria a los empleados estatales, limitar las autonomías provinciales y suprimir el Federalismo argentino. Por eso, para hacer efectiva la democracia, en palabras del gobierno, es necesario disolver el principal elemento político del régimen totalitario. Los bienes del partido peronista les fueron encomendados al Ministerio del Interior para decidir su destino mediante una Comisión Nacional Liquidadora.

Pero además de este decreto, fueron sancionados otros tantos con el fin de eliminar de la memoria de los argentinos al peronismo. Entre ellos los más importante son: 1) el que prohibió la utilización o reproducción de símbolos, expresiones, doctrinas, etc. pertenecientes o empleados por el peronismo y 2) el que dispuso la inhabilitación para desempeñar todo tipo de cargos de la función publica a aquellas personas que hayan ejercido algún puesto político relacionado con el peronismo.

Terminado el proceso de eliminación del peronismo, era necesario establecer algún sistema electoral en el que no pudieran existir agrupaciones totalitarias. Así es que nace, el 16 de Octubre de 1956, el Nuevo Estatuto de los Partidos Políticos (decreto Ley 19.044). El mismo exigía para el reconocimiento de los mismos que propugnaran el sistema democrático, representativo, republicano y federal de gobierno; tuvieran un nombre sin designaciones personales; una Carta Orgánica que asegurara libertad de afiliación; y un determinado tope mínimo de afiliados. Además, los partidos debían dar cumplimiento a su Carta Orgánica y al Estatuto, llevar los libros correspondientes, no depender de organizaciones ni aceptar ningún tipo de donaciones, efectuar balances anuales y sancionar una Plataforma Electoral.

Finalmente, la Ley aclaraba que el Estatuto no debía interpretarse como modificatorio de lo dispuesto sobre la disolución del peronismo.

Conjuntamente con el Estatuto, se sanciona el decreto Ley 18.787/56, mediante el cual se creaba la Junta de Defensa de la Democracia con el fin de "restablecer a la Nación en el goce de sus instituciones libres falseadas por ideologías extrañas" controlando a las organizaciones peligrosas para los valores republicanos. La Junta calificarías a peligrosos organismos según cuatro categorías: comunistas, cripto-comunistas, con infiltración comunista y totalitarias.

Al tiempo del levantamiento de septiembre de 1955, el Movimiento Obrero Organizado no se constituyó en protagonista de los hechos, desempeñando un rol pasivo. En el transcurso del gobierno anterior, la CGT había excedido lo estrictamente gremial ejerciendo de forma determinada su actividad en el plano político, pero en estos acontecimientos no pudo evitar el desplazamiento del régimen. Desde este momento, la preocupación de sus integrantes se concentrará en conservar su integridad para erigirla como "estandarte de las reivindicaciones sociales y del ideario peronista".

Las declaraciones de Lonardi al enunciar su Proclama de Libertad y al expresar su postura de superar las legítimas conquistas conseguidas por los trabajadores y la consigna de que no habría ni vencederos ni vencidos; dio sustento para que existiera la esperanza de que todo se encaminaría hacia un mañana venturoso.

En definitiva, destruida la unión de Perón con el Movimiento Obrero Organizado, este se convertiría en aliado del nuevo gobierno. Derribado el Presidente, por decantación natural, finalizaría el mito por el cual la clase trabajadora lo veía como el garante absoluto de las conquistas sociales.

Lonardi buscó desde le principio la paz con el Movimiento Obrero, dado que de la relación que mantuviera con la CGT dependía en alto grado la pacificación social que se pretendía.

A tal efecto, las intenciones de Lonardi giraban en torno a no exacerbar la pasión revanchista que anidaba en algunos estamentos ciudadanos, incorporar a la masa trabajadora como un aliado natural del Gobierno y reconstruir las instituciones republicanas tan caras al espíritu democrático tradicional de nuestro país.

El 25 de Septiembre de 1955, la dirigencia de la CGT y el Presidente Provisional mantuvieron una reunión a pedido del Secretario General de la organización sindical. El mismo prometía su colaboración convirtiendo a la CGT en una institución exclusivamente sindical con el fin de apoyar al Gobierno Provisional y orientar al país por el camino de la Constitución Nacional. Lonardi afirmó que no tenia intenciones de interferir en el funcionamiento de la institución. Por lo pronto ni la central obrera ni los sindicatos serían intervenidos por el gobierno, recibiendo la plana mayor de la central confederal la seguridad de que sería respetada tanto la estructura como las normas legales existentes en materia social.

Esta postura del general Lonardi no cayó bien a los grupos de oficiales antiperonistas de las Fuerzas Armadas, ni en los partidos políticos tradicionales -que habían apoyado el proceso revolucionario-, ni a los sindicalistas democráticos. Los primeros se concentrarían a partir de este momento en evitar que las intenciones del Presidente se concreten; y los terceros comenzarían un proceso de atosigamiento a la senda moderadora que implementaba el gobierno.

Los sindicalistas desplazados durante el gobierno anterior comenzaron a ejercer presión ni bien iniciada la Revolución, mediante todo tipo de procedimientos, recurriendo a la toma de los sindicatos para posibilitar la realización de elecciones internas libres. Los rasgos más importantes del conflicto se relacionaban con la continuidad de la forma de integración de los sindicatos al Estado y su inclusión dentro del partido gobernante, desarrollada durante la década anterior, que limitaba la capacidad de lucha de los sindicatos.

La ocupación de los sindicatos por los gremialistas libres demostró la fase de deterioro y fraccionamiento que comenzaría a sufrir el gobierno revolucionario, dado que su actitud pasiva no era la receta indicada para la época en que se desarrollaba.

Ante este estado de cosas, de características frágiles y apremiantes, determinó que la dirigencia de la CGT enviara una nota al Presidente manifestando su posición con respecto al conflicto que se estaba produciendo. Los cuatros puntos en que constaba dicha circular decían:

4. Solicitar que los comicios se integren a la brevedad, con la fiscalización del Ministerio del Trabajo y Previsión o cualquier otra entidad que se considere conveniente".

A principios de octubre, la dirigencia de la Confederación llegó a un acuerdo con el Presidente Provisional según el cual los miembros del consejo directivo y el secretariado de la CGT renunciarían a sus mandatos con el fin de mantener el control del movimiento obrero en manos del peronismo. Ello era posible por dos razones fundamentales: porque se mantenía el enlace entre la cúpula sindical peronista y sus bases; y porque era lógico que en elecciones sindicales libres los trabajadores votarían por los representantes peronistas. Pero este frágil equilibrio, que posibilitaba elásticas relaciones del gobierno con la CGT, estaba a punto de convertirse en una relación difícil y tirante.

El 26 de octubre, y dado el crecimiento de la cantidad de asaltos contra los sindicatos que se observaba, los conductores de la CGT se reunieron con muchos de los representantes de los diferentes gremios confederados y, tras esas deliberaciones, le presentaron un petitorio al ministro de Trabajo haciendo referencia al acuerdo de principios de mes, intimando al gobierno a cumplir con las obligaciones con que se había comprometido. Cuando el paro general era un hecho, algunas acciones del gobierno como la restitución de determinados sindicatos a la central confederal, aliviaron la situación. Pero no pudo reintegrar todos los sindicatos ni detener en el futuro la toma de los mismos.

Transcurrido el tiempo y dado que era imposible para el Gobierno mantener una relación aceptable con la dirigencia cegetista sin generar mayores recelos por parte de la facción democrática, el mismo optó por conservar el statu quo, situación que generó en los sindicalistas peronistas la necesidad de adoptar una posición firme para suplir la conducta que se esperaba del gobierno. Así se comenzó a hablar nuevamente de una huelga general que, de concretarse, sería el derrumbe de la anhelada paz social que pretendía el gobierno. Finalmente, a pesar de haber paliado la crisis social, el 12 de noviembre el Presidente debió dejar su cargo abriendo una nueva etapa en la Revolución Libertadora.

La llegada al poder del general Pedro Eugenio Aramburu significó un retroceso a nivel político-sindical. En el momento mismo en que se conoció el derrocamiento de Lonardi, un gran número de sindicatos y organizaciones de la central única de trabajadores fueron asaltados por comandos que respondían al gobierno. Al mismo tiempo se declaró una huelga general para el 14 de noviembre. Ante la inacción del gobierno, la huelga estalló como estaba previsto en todo el país. El gobierno respondió tratando de neutralizarla, impidiendo su propagación. Utilizó para tal fin todos los recursos posibles, detuvo dirigentes y activistas gremiales, intervino el organismo y, sin contemplación, sofocó mediante las Fuerzas Armadas los polos de mayor éxito. La acción gubernamental no solo produjo una disminución inmediata de los índices de ausentismo, sino que finalmente obligó a los miembros de la CGT a levantar la huelga en el transcurso de una asamblea convocada, no demasiado voluntariamente, a esos fines. El levantamiento de la huelga fue, además, el último acto oficial de los dirigentes peronistas, inmediatamente después debieron ceder el control de la CGT al interventor designado por el Gobierno Provisional.

Las medidas adoptadas por el nuevo gobierno distaban de las que venía desarrollando el anterior. A partir de este momento existían vencedores y existían vencidos de forma concreta.

Con esta política el gobierno militar pretendía despolitizar el movimiento sindical para instaurar libertad en el mismo. Desde el principio, el gobierno de Aramburu manifestó su disposición a ofrecer a los obreros "...facilidades para que instituyan gremios auténticamente representativos, sin parcialidad política y con toda la fortaleza y autonomía que espontáneamente los trabajadores quieran darse" . Se permitiría la aparición de sindicatos paralelos, pues se remplazaba la necesidad de la obtención de personería gremial por una simple inscripción administrativa. Pero para cumplir con estos objetivos era necesario prohibir toda actividad política en las organizaciones gremiales; es decir desperonizarlas.

Conjuntamente con ese objetivo se pretendía otro: disminuir la participación obrera en la renta nacional. Así, a finales del ‘55 el panorama obrero era sombrío. Desde este momento, el gobierno intentaría evitar toda alza de los salarios y prohibiría el derecho a huelga.

Poco tiempo antes que Aramburu depositara el poder en manos de Arturo Frondizi, el gobierno intentaría unificar nuevamente el movimiento sindical pero fracasaría.

Se debe destacar que a pesar de las políticas llevadas a cabo por el gobierno de la Revolución Libertadora; las conquistas sociales alcanzadas durante el gobierno peronista no fueron vulneradas. Se mantuvo y mejoró la técnica de aplicación de normas sobre despido, tribunales laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y jubilación.

Antes de la Revolución Libertadora ya había habido dos intentos de golpe: en 1951 había sido sofocado un intento del general Benjamín Menéndez desde la Guarnición de Campo de Mayo y en Junio de 1955 la Marina atacó la Casa de Gobierno y el Ministerio de Defensa, también con un resultado negativo y con centenares de civiles muertos.

En los albores de septiembre de 1955, las líneas conspirativas eran varias, pero las dos más importantes eran: por un lado el general Lonardi y por el otro el general Aramburu, que era, en realidad, quien más había avanzado en su proyecto. El levantamiento estaba previsto para el 31 de agosto, pero la renuncia presentada en aquellos días por Perón y las medidas tomadas a consecuencia de ello, hicieron retardar la operación. Pero este retraso beneficiaría a los revolucionarios, ya que les permitiría solidificar sus cuadros, perfeccionar los movimientos y sumar oficiales indecisos hasta el momento.

Sobre la hora de la Revolución surgió un nuevo contratiempo: un fallido intento revolucionario del general Videla Balaguer desde la Cuarta Región Militar con asiento en Río Cuarto provocó la alerta gubernamental. A razón del suceso, el general Aramburu decidió postergar la insurrección hasta un momento en que las condiciones fueran más propicias. Ante esta renuncia, el general Lonardi tomó el mando del movimiento, porque a su entender, el mismo debía llevarse a cabo de manera inmediata. Idea que se solidificó cuando el secretario de la CGT propuso crear milicias obreras, que se convertirían en el sostén del régimen.

La victoria revolucionaria dependía del factor sorpresa, ya que si bien la Armada (al mando del contraalmirante Isaac Rojas) actuaría en bloque, el Ejército y la Aeronáutica estaban divididos y atomizados.

La revolución estalló en la madrugada del 16 de septiembre y, tras marchas y contramarchas, el 20 se abrieron las negociaciones entre los generales leales, que formaban una Junta Militar a la que Perón le había encomendado el comando de la situación, y los sediciosos. Mientras tanto, Perón se refugiaba en una cañonera paraguaya para partir luego con destino Asunción. El mismo día, el general Lonardi se hizo cargo de la presidencia de la Nación, desempeñando sus funciones desde la provincia de Córdoba (hasta tanto la situación se normalizara). Finalmente, el 23 juró la Constitución y puso en marcha la Revolución Libertadora. El juramento de Lonardi declaró triunfal al cuarto intento de golpe de estado contra Perón y fue el más sangriento y prolongado de todos.

Como en 1930 y 1943, este Golpe de Estado fue producto de una coalición de militares nacionalistas y liberales, y también a semejanza de aquellos años, Lonardi pertenecía a la facción nacionalista y, a su vez, la más débil; por último, y siguiendo con las coincidencias, el Presidente golpista sería prontamente removido por un Golpe Palaciego llevado a cabo por la sección más fuerte y liberal de las Fuerzas Armadas.

Las primeras medidas del gobierno constituido fueron el nombramiento del contralmirante Rojas como vicepresidente y la concesión de una amnistía a todos los militares condenados o procesados durante el régimen peronista, paralelamente se reincorporó a todos los amnistiados y a otros que habían sido pasados a retiro en el mismo período. Estas medidas tenían un objetivo claro: mantener un estricto control sobre la institución militar, ubicando en las filas castrenses a todos aquellos que pudieron tener animadversión contra el régimen depuesto. Al mismo tiempo, se emprendió la tarea de revisar la situación personal de cada integrante de la institución para no correr riesgo de que quedaran simpatizantes del antiguo gobierno en puestos militares que pudieran poner en peligro el futuro. El proceso de desperonización de las Fuerzas Armadas tuvo diferentes matices en cada arma: en la Marina, a consecuencia de la reprobación casi unánime al peronismo, prácticamente no se percibieron pugnas internas; en el Ejército, fueron pasados a retiro centenares de oficiales, lo que, junto con el criterio político en la toma de las decisiones, trajo aparejado una crisis de eficiencia, jerarquía y disciplina en el seno del cuerpo.

Por otra parte, a consecuencia de la heterogeneidad de ideas de que estaba constituido el gobierno, se fue perfilando en él una clara división con respecto a las medidas que habrían de tomarse, sobre todo en referencia al Partido Peronista y a la CGT. Se constituyeron dos claras tendencias: una encabezada por el Presidente, que sostenía que, desmantelado por la Revolución, el peronismo carecía de peligrosidad; y la otra, con Isaac Rojas como su principal expositor, que lo consideraba como atentatorio contra los valores democráticos y corruptor de las ideas del pueblo.

El ala liberal¬ del gobierno (la liderada por el vicepresidente), logró imponer trabas al Presidente en sus decisiones políticas y tomar ventajas en la recomposición de las Fuerzas Armadas. De esta manera, comenzó a realizarse una campaña de descrédito en contra de Lonardi. Una de las primeras consecuencias de la acción de los liberales fue la renuncia del ministro del Ejército, general Bengoa, uno de los más importantes sostenedores del Presidente, quien al alejarse del gobierno pronunció estas proféticas palabras:

Pero la consecuencia más importante fue la destitución del Presidente. El 12 de noviembre un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas junto a los tres ministros militares, se hicieron presentes en la residencia presidencial para buscar una solución a la crisis, que se había agravado con la designación del doctor Luis M. de Pablo Pardo como ministro del Interior. En la reunión, los oficiales solicitaron la renuncia de varios ministros y asesores presidenciales, la intervención de la CGT, la disolución del Partido Peronista y compartir la conducción del país junto con el Presidente a través de una Junta Militar.

Lonardi, consternado, rechazó los pedidos y no se llegó a ningún acuerdo. Esto se sintió en el seno de las Fuerzas Armadas, pues eran muy pocos los que deseaban el reemplazo del Presidente. Sin embargo, esa era la única solución con miras a la aplicación de la política pretendida por los liberales. Así, horas más tarde, los mismos oficiales se presentaron nuevamente ante el Presidente, pero esta vez para solicitarle la renuncia. Lonardi aceptó el hecho consumado aunque no presentó su renuncia, lo que provocó un pequeño conflicto legal que se solucionó aduciendo, en el comunicado oficial, que la dimisión se debía a razones de salud.

El 13 de noviembre, asumió el nuevo presidente de la Nación, general Eugenio Aramburu, quien le daría un nuevo rumbo a la Revolución Libertadora, regresando a los objetivos revolucionarios tras la desviación nacionalista de Lonardi.

Después de esta corrección de rumbo, se consolidarían dos corrientes: la encabezada por el Presidente, negociadora e institucionalista; y la que lideraba el vicepresidente, Isaac Rojas, la línea dura (quedantista), que consideraba que se debía asegurar la eliminación del peronismo del mapa político argentino, así ello demandara años. Transcurrido el tiempo, sería la primera tendencia la que saldría victoriosa.

Las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Aramburu dieron una clara muestra de la diferencia que habría con la etapa anterior. Ante un paro general se intervino la CGT, se disolvió la Fundación Eva Perón y se hizo lo propio con el Partido Peronista.

Pero todo este paquete de medidas no sólo cambió radicalmente la política del anterior Presidente, sino que estatizó la política antiperonista. Como consecuencia de ello, comenzaron a florecer actos de lo que se dio en llamar la resistencia peronista. El caso más relevante de esa resistencia surgió en las filas castrense: en las mismas, en razón de la depuración de elementos peronistas a la que se había procedido, nació un núcleo opositor al gobierno que crecía día a día y que tomó la responsabilidad de frustrar el plan del gobierno recurriendo a la insurrección armada.

El gobierno, consciente de que su política podía despertar recelos, sancionó el decreto-Ley 5552 que versaba sobre aquellos que cometieran actos de rebelión y se dispuso a la investigación de la gestación de algún posible movimiento.

El 9 de junio de 1956 comenzó el Movimiento de Recuperación Nacional. El mismo tenía como objetivo remover al Gobierno Provisional y restaurar el régimen peronista y al mando del mismo se encontraban el general retirado Juan José Valle y el general retirado Raúl Tanco.

La insurrección fue vencida con eficiencia y las consecuencias de la misma serían gravísimas. Por primera vez en el siglo se reprimiría un hecho delictivo con pena de muerte. En efecto, según las disposiciones de la Ley Marcial, que había sido decretada a comienzos del movimiento, cualquier persona que atentara contra el orden público sería sometida a juicio sumario. En los días siguientes, a pesar de la supresión de la pena de muerte de la justicia militar, fueron fusiladas 27 personas. Tan aberrante decisión por parte del gobierno se explicaría en la necesidad de atemorizar y evitar que la Revolución se convirtiera en una guerra civil. Esto explica, por otra parte, el hecho de que los fusilamientos se hayan hecho públicos. Pero si los fusilamientos del primer día pueden ser explicados de esa manera, ya no puede decirse lo mismo de los que les sobrevinieron, cuando ya era evidente que la rebelión estaba aplastada.

El 12 de junio, luego de la captura y ejecución del general Valle, cediendo antes las presiones civiles y militares, el gobierno suspendió la aplicación de la Ley Marcial. Pero la medida tomada dejó marcado al gobierno, el recuerdo de los mártires del 9 de junio se habría de constituir de aquí en más en una barrera contra los esfuerzos del gobierno de alejar a la clase obrera del peronismo. Pero peores serían las consecuencias a largo plazo, ya que esta dureza política abriría paso a décadas de violencia en toda la sociedad argentina.

La Revolución del general Valle no habría de ser la única preocupación de Aramburu, también debía atender el problema que constituían los problemas militares internos, producto de desacuerdos en el Ejército y de celos entre las Armas. En efecto, dentro de las Fuerzas Armadas existían dos tendencias sobre la manera de conducir el gobierno absolutamente opuestas. Esta puja interna se daba entre los sectores que por su forma de proceder recibieron el nombre de gorilas y aquellos que por oposición a estos comenzaban a llamarse profesionalistas. La disputa entre estos dos grupos en formación alimentó los conflictos internos que plagaron la institución militar hasta que en 1963 cayeron los rupturistas.

La Convención Nacional del Radicalismo, que proclamó al doctor Arturo Frondizi como candidato a un futura elección presidencial y el Estatuto de los Partidos políticos promulgado en octubre de 1956, intensificaron las tensiones ya existentes para esos momento en las Fuerzas Armadas. El conflicto tocó su pico de tensión en noviembre, cuando el comandante en jefe del Ejército, general Zerda, le solicitó la renuncia al ministro del Ejército, general Osorio Arana. El resultado del conflicto fue la destitución de Zerda y todos quienes conspiraron junto con él y el fortalecimiento de Osorio Arana y del sector liberal de las Fuerzas Armadas.

Tras la victoria de los gorilas, todo parecía indicar el endurecimiento del régimen; y en un principio así fue: se radicalizó la postura del Ejército en contra de la posible candidatura de Frondizi, aumentó la persecución sobre los dirigentes sindicales y comenzó a operar la Junta de Defensa de la Democracia (organización anticomunista).

En tanto, el ministro Osorio Arana ocupó el cargo de comandante en jefe del Ejército y fue reemplazado en su anterior cargo por Víctor Majo. Esta nueva estructura aumentaba el poder del Presidente en detrimento del de la Junta Consultiva Militar, a la cual ya casi no se recurría.

Pero la consecuencia más directa de esta nueva relación de poder sería, en realidad, el llamado a elecciones, que se efectuó el 15 de noviembre de 1957 para el 23 de febrero del año próximo.

Sin embargo, antes de sancionar este decreto, el Presidente debió superar la presión de quienes no concordaban con la salida democrática (la Marina y parte minoritaria de la Aeronáutica). Aquí es donde surgen los nombres de quedantistas para quienes se oponen a las elecciones (encabezados por Isaac Rojas); continuistas para una rama de los primeros que sólo difería en aspectos formales y que estaba sostenida por buena parte de los integrantes de la UCRP; y juegolimpistas, quienes pretendían la salida institucional inmediata. El presidente en algún momento pareció inclinarse para los segundos, pero finalmente apoyó el llamado a elecciones. Producidos los comicios, el resultado fue apabullante en favor de Frondizi.

3.2.1. instituciones

El primer tema de debate constitucional durante la presidencia de Frondizi, fue la vacancia del cargo vicepresidencial generada por la renuncia de Alejandro Gómez. La primera solución que se propuso ante el conflicto fue la realización de una convocatoria a elecciones a fin de reemplazarlo; pero los peligros y las contradicciones eran muchas: se corría el riesgo de que el vicepresidente fuera una figura de otro signo político al Presidente, se violaría, además el mecanismo previsto por los artículos 81 a 85 de la Constitución Nacional, que exigen un acto común en la elección de presidente y vicepresidente; por último se alteraría el plazo en el cargo del nuevo ocupante, pues ya no podría ser de seis años.

Nos obstante la polémica, la situación quedó irresoluta y el cargo vacante. Así el doctor José María Guido, presidente provisional del Senado, presidió este cuerpo de manera permanente y reemplazó al Presidente al ausentarse éste del país.

Otro tema de relevancia en la materia, fue la Ley 15.264/59; a partir del decreto 15.100/57 y en base al censo de 1947 se estableció para la representación de los diputados la cifra de 1 cada 85.000 habitantes o fracción no menor a 42.500. Según este decreto cinco provincias estarían representadas tan solo por un diputado. Ante esto, el Congreso sancionó la Ley antes mencionada, que establecía la representación mínima de dos diputados por cada provincia. Los detractores de esta medida acusaban a la Ley de provocar una sobre-representación de las provincias comprendidas en desmedro de las demás. En cambio, quienes estaban de acuerdo, como es el caso de Germán Bidart Campos, señalaban que la Ley 15264 está de acuerdo con el espíritu de la propia Constitución, traducido en uno de sus artículos transitorios; que fijó la proporción en que se designarían los diputados a la primera legislatura. En dicho articulo, que... sirve como pauta futura, ninguna provincia tenía menos de dos diputados. Y es de pensar que si con la población existente en 1853 los constituyentes estimaron que el mínimo para la primera legislatura debía ser de dos diputados, la Constitución autoriza a que el Congreso mantenga por Ley ese mismo mínimo

Por otra parte, una de las primeras medidas del gobierno de Frondizi fue enviar al Congreso un proyecto de Ley de amnistía. Este lo sancionó en favor de todos quienes hayan cometido delitos políticos, comunes conexos y militares conexos hasta el momento de su promulgación. Igualmente se eliminaba toda limitación política y gremial. Sin embargo, a pesar de que se decía general, no comprendía ni al partido peronista ni a Perón. Años más tarde el decreto 7604/63 amnistiaba a los ciudadanos por los delitos cometidos en razón de los hechos militares de abril de 1963.

El 9 de noviembre de 1958 el gobierno calificó de movimientos subversivos a una serie de movilizaciones que se venía produciendo en Mendoza a raíz de los contratos petroleros con empresas extranjeras. Como consecuencia de esto, se declaró el estado de sitio. Hay que señalar que el mencionado fue el hecho que desencadenó en tal medida, pero no fue el único que hacía peligrar la estabilidad del gobierno. También influyeron los planteos militares, el descontento sindical y la oposición política. Al expirar los treinta días establecidos por la Ley, se declaró un nuevo estado de sitio y, de allí en más, y hasta el 20 de noviembre de 1963 hubo un solo día en el que tuvieron vigencia todas las garantías constitucionales: el 7 de julio de 1963 (día de elecciones generales).

Ante la violencia social imperante y bajo presión de las Fuerzas Armadas, el Presidente debió poner en práctica el llamado Plan Conintes. De esta forma:

Así, se dispuso que quedaba sujeto a la jurisdicción militar todo aquel que incurriera en delitos contra la seguridad y la salud pública, contra los poderes públicos y el orden constitucional, contra la disciplina, delitos de intimidación pública, contra la seguridad de la Nación o delitos comunes previsto en el Código de Justicia Militar. Como era de esperar la aplicación del plan generó inmediatamente conflictos con la justicia ordinaria, sobre todo en las provincias, donde la puesta en práctica del mismo hizo las veces de una intervención encubierta. La aplicación del Plan Conintes se prolongo hasta agosto de 1961, pero la justicia militar continuó entendiendo en las causas ya iniciadas.

La Constitución prevé en el artículo 6^to el recurso de la intervención federal para proteger la integridad de las provincias en casos extremos. Frondizi utilizó este instrumento repetidamente, pero el caso que cobraría mayor relevancia fue el de marzo de 1962. El mismo se encuadro en exclusivas razones políticas: el triunfo del peronismo en elecciones legislativas generó gran alerta en las Fuerzas Armadas que presionaron al Presidente a intervenir las provincias en que el justicialismo había obtenido la mayoría. Además se le exigió la anulación de los comicios, la disolución del Congreso, la proscripción del peronismo y el arresto de sus dirigentes.

Producido el golpe contra Frondizi, el gobierno entrante intervino el resto de las provincias anulando los comicios provinciales de 1961 y los nacionales legislativos de 1962.

Con la caída de Frondizi asume el gobierno el Presidente Provisional del Senado (recordemos que el vicepresidente había renunciado), y surge un nuevo tema de debate ¿Era este un gobierno de facto o un gobierno de iure? Al respecto la doctrina es casi unánime, y sino veamos las palabras de María Laura San Martino de Dromi:

Una vez en el cargo presidencial Arturo Illia, la ajetreada agenda de conflictos y dudas constitucionales aminoró su marcha, la administración de Illia se desenvolvió dentro del marco constitucional. Las provincias vivieron el goce definitivo de sus autonomías, no hubo estado de sitio ni hubo "Plan Conintes". Así, el único tema que mereció análisis por parte de los doctrinarios fue el de la vigencia de los decretos-Leyes del gobierno de facto.

El respeto por la seguridad llevó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a resolver en favor de la vigencia de las normas sancionadas entre el 29 de marzo de 1962 y el 12 de octubre de 1963, siempre y cuando no se hubieran derogado o declarado inconstitucionales.

La llegada de Frondizi a la presidencia fue posibilitada por el apoyo de sectores sociales no necesariamente partidarios suyos, pues fue tras la proscripción del peronismo que los votos para la elección presidencial se volcaron hacia él.

Su gobierno se caracterizó por las crecientes presiones que tuvo que enfrentar durante los cuatro años en que se extendió. Por un lado, debía demostrar su capacidad política sin lesionar a los grupos heterogéneos que aguardaban solución a sus graves problemas, y por el otro, debía soportar las pesadas cargas de la presión impuesta por las Fuerzas Armadas y el cumplimiento del pacto con Perón.

Podemos mencionar como algunas de las medidas que a la postre serían las más importantes a las siguientes: la devolución de la personería jurídica a la Confederación General Económica (CGE), la sanción de una Ley de amnistía, el aumento salarial masivo del 60 %, el lanzamiento de la denominada Batalla del Petróleo, la Ley de radicación de capitales extranjeros, la Ley de Asociaciones Profesionales de Trabajadores, la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales y la Ley de enseñanza libre.

Algunas de estas medidas fueron eco de las críticas por parte de la mayoría de los partidos, entre ellos el peronismo y la UCRP. El primero porque reclamaba el cumplimiento del pacto y el segunda desde su posición de opositor a ultranza.

La situación política del peronismo seguirá de la misma forma que en 1955, recién en 1961 se harán realidad las palabras expresadas por Frondizi al asumir, cuando prometió que cualquier ciudadano podría elegir y ser elegido y que todos los partidos políticos podrían desarrollar libremente su actividad. Este panorama político fue muy similar para el Partido Comunista, para el cual el gobierno por medio de un decreto había prohibido su actuación, y la de grupos afines y colaterales, en todo el territorio.

La UCRP, fiel a su forma de hacer política por estos años, se opuso tenazmente hostigando y criticando todas las medidas emanadas del Ejecutivo. Esta acción política iba desde una acción disociadora hasta subversiva.

A consecuencia de la política petrolera, la relación entre el peronismo y el frondizismo quedó fracturada; el punto límite de dicha fractura lo constituyó la insistencia gubernamental en mantener firme su política económica que tanto perjudicaba a las clases más desposeídas. El creciente enfrentamiento con la oposición y el divorcio definitivo con el peronismo generaron una disminución en el margen de gobernabilidad que poseía el gobierno.

Día a día, se engrosaban las filas de opositores al gobierno. A esta situación se le debe agregar que en 1960 se llevaron a cabo elecciones para la renovación parcial del Parlamento y el Ejecutivo ordenó la proscripción electoral del peronismo en todos los distritos electorales donde se postulase. Esta decisión presidencial desató una campaña terrorista que le facilitó a las Fuerzas Armadas ejercer presión sobre el Presidente e imponerle el Plan Conintes, que generó en la oposición una ola de criticas hacia el gobierno. El triunfo en las elecciones parlamentarias de los partidos opositores, entre ellos la UCRP y pequeños partidos neoperonistas, complicaron aun más la situación en que se encontraba el gobierno.

El Partido Socialista sufrirá, al igual que el resto de los partidos, una metamorfosis que implicará al mismo tiempo un cambio en sus caracteres históricos. El partido, si quería recuperar su base electoral, debía atraer a todos los adherentes y simpatizantes que habían sido engañados por la demagogia del dictador depuesto. Pero el marcado antiperonismo que sostenían las autoridades del partido socialista jugó en contra para el ensanchamiento de las bases partidarias y fue causa de que se lo caratulara de aburguesado y reaccionario. Así, incapaz de receptar los requerimientos de la clase trabajadora caerá en el resquebrajamiento de la unidad partidaria. De todos modos, la proscripción de los partidos Peronista y Comunista le permitió, temporalmente, experimentar un crecimiento en el número de votantes. Pero las diferencias sobre la evaluación de la realidad política y el papel que debía ejercer el partido determinó definitivamente la ruptura. Surgieron dos tendencias: una integrada por Alicia Moreau de Justo y Alfredo Palacios (que logró una banca en el senado durante el gobierno de Frondizi), entre otros; y el sector minoritario integrado por Juan A. Solari; Américo Ghioldi y Andrés Justo.

El sector minoritario incorporó el aditamento Democrático, mientras que la fracción mayoritaria introdujo el agregado Argentino. En el Partido Socialista Democrático se consolidó la unidad partidaria, con un ideario en común y una doctrina coherente, el Partido Socialista Argentino no contaba con una teoría política y poseía una heterogeneidad ideológica que precipitaría su caída. En efecto, en 1961 se dividió y cada tendencia formó diferentes agrupaciones adhiriendo a los diversos "ismos" de la izquierda nacional. Así, por ejemplo, aparecieron partidos como la Vanguardia Popular; Vanguardia Comunista y el Partido del Trabajo.

Las escisiones del conservadurismo llevaron a la disolución del Partido Demócrata, debido a una apertura populista que tuvo como objetivo brindar al conservadurismo un sustento popular, pero la masa peronista no respondió a este llamado, lo que no significó que el partido de Solano Lima retornara a su ideario original; continuó -a pesar del fracaso- con este nuevo ideario y práctica política que lo fue alejando cada vez más de la derecha. Además, a pesar de no lograr el apoyo popular contó con la aprobación de Juan D. Perón.

El año 1960 se caracterizó porque significó al mismo tiempo una reorganización de partidos políticos y una fuerte unión en oposición al gobierno de Frondizi. Dos acusaciones por parte de la oposición vinieron a debilitar aun más al gobierno. Una, es la acusación de corrupción en la administración y la otra es la acusación de infiltración comunista en el poder. Este último hecho se palpó en la realidad política a través de los acontecimientos sucedidos en Tucumán y Córdoba.

El miedo de que infiltraciones comunistas llegaran al país se hizo cada vez más agudo. Esto fue la excusa ideal para que las Fuerzas Armadas se transformaran nuevamente en celosas guardianas del orden institucional.

En noviembre de 1960 el gobierno, a través de un discurso negó todas las acusaciones que se le formulaban como comunista, para asegurar de este modo su estabilidad política. Pero a pesar de las intenciones del gobierno nacional de acercar las fuerzas opositoras para encontrar una solución mancomunada a los problemas sociales, estas últimas rechazaron las invitaciones cursadas por el Ejecutivo para cumplir con ese objetivo.

Sumados la oposición acérrima de los partidos políticos y la grave situación social, el plan económico no generaba las divisas políticas correspondientes. Así, los planteos militares y las huelgas obreras no le daban respiro al gobierno.

Marzo de 1962 es el principio del fin para Frondizi. Se llevarían a cabo elecciones nacionales, provinciales y municipales para renovar autoridades ejecutivas y legislativas. Esta vez no se proscribió a las agrupaciones peronistas, aunque sí se prohibió la postulación de Juan D. Perón para alguna candidatura. De esta decisión presidencial, riesgosa por permitir la participación en las elecciones de grupos peronistas y neoperonistas, dependía el futuro del régimen frondizista o en su caso, el de una nueva intervención de las Fuerzas Armadas.

Las elecciones se celebraron el 18 de marzo de 1962 y, como era de esperar, el peronismo se transformó en la nueva figura política, alcanzando la mayoría. Esto provocó en las Fuerzas Armadas una dura reacción. Las mismas le pidieron a Frondizi que interviniera las provincias donde habían triunfado los seguidores de Perón y, debido al callejón sin salida en donde se encontraba el Poder Ejecutivo Nacional, este debió acceder.

El 29 de marzo de 1962 los jefes de las Fuerzas Armadas removieron al presidente, lo detuvieron y enviaron a la isla Martín García. La caída del gobierno significó al mismo tiempo el derrumbe del plan económico y la llegada al gobierno de José María Guido, quien también sería cautivo de la presión de las Fuerzas Armadas.

Muchos creyeron que el nuevo gobierno formularía un inmediato llamado a elecciones, pero esta nueva etapa, que lesionaba la vida democrática de la Nación, reducía al mínimo el nivel de participación posible de los partidos políticos. Estos, por otra parte, no contaban con un plan que pudiera llevar de regreso al país a la senda del respeto institucional; hasta el momento sólo se habían preocupado por ser una dura oposición para el frondizismo.

Apenas asume Guido, renunció a la UCRI, ya que su objetivo era mantenerse distante de las corrientes políticas. A pesar de la actitud del nuevo Presidente, un sector de la UCRI decidió apoyar su gestión. Otro sector, en cambio, se opuso tenazmente a su gobierno. Sumado esto a la crisis interna por la que pasaba el partido, el doctor Guido decidió reemplazar su gabinete. Al hacerlo, surgen en el mismo diferentes corrientes ideológicas que demostraron la heterogeneidad de intereses que había dado lugar al golpe del 29 de marzo.

El 12 de abril el ministro del Interior le presenta al Presidente y a la comunidad un plan cuya esencia podía demostrar que la convocatoria electoral no tardaría en anunciarse y dejaba entrever que se llegaría nuevamente a un estado proscriptivo. Se lanzó en la opinión pública, otra vez, la discusión sobre si se debía proscribir o no al peronismo; entre los que no querían que los seguidores de Perón regresasen a los procesos eleccionarios, se encontraban la oligarquía nativa y la burguesía industrial que preferían mantener la estructura de poder tal cual se encontraba.

En la sociedad toda, se instaló también la disyuntiva entre dictadura y democracia. Así el doctor Guido pide a las agrupaciones democráticas que presentasen un plan de acción de gobierno, pero solo tres lo hicieron. Esto significaba el repudio que los partidos políticos tenían hacia esta estructura semi-constitucional de gobierno.

El gobierno de Guido, al igual que lo había sido el de Frondizi, era presionado para que anulara las elecciones de marzo e interviniera las provincias donde había triunfado el peronismo. Debido a esta presión impuesta por los militares no le quedó otra solución que aceptar dicha imposición. Esta medida generó una gran indignación. El gabinete en pleno renunció y en el Congreso los pocos diputados que creían en la legalidad de esta decisión sesionaban sin quórum. Para tratar de dar solución a la crisis, Guido decidió nombrar un nuevo gabinete, en el cual se notaron claramente tres corrientes ideológicas diferentes: tres dirigentes radicales del pueblo, algunos liberales moderados, conservadores y hombres de la aristocracia criolla.

A este gobierno también se le presentó el peronismo como un grave problema, ante el cual se presentaron dos soluciones: una de ellas establecía que para poner fin al problema peronista se debía proscribirlo, inhabilitarlo (al partido y a sus sostenedores) para todo cargo publico y si era preciso que se persiguiera, encarcelara, torturara y anulara toda expresión peronista; a esta solución gorilista y golpista se contrapuso la otra solución, que consistía en la, integración progresiva del peronismo, ya que consideraba que con la coerción y las medidas proscriptivas no se llegaba a nada.

El derrocamiento de Frondizi produjo un reordenamiento de las diferentes agrupaciones políticas. Para algunos partidos significó recuperar el espacio que habían perdido; para otros, en cambio, las Fuerzas Armadas eran las únicas que podían estructurar un plan de gobierno.

La UCRI sufrió un proceso crítico, se encontró dividida en tres sectores: un grupo estaba caracterizado por una actitud dialoguista y colaboracionista que lo alejó del partido; el segundo, que adoptó una posición intransigente y crítica al gobierno de Guido; y el tercer grupo, que respondía al doctor Oscar Alende, quien había roto todo tipo de relaciones con Frondizi como consecuencia de las intervenciones provinciales que había decretado; su postura reivindicaba la línea Yrigoyenista, sostenía un programa revolucionario fundacional del Movimiento de Intransigencia y Renovación y proponía una legalidad sin restricciones ni proscripciones y una mejor justicia social.

En la Democracia Cristiana las contradicciones eran similares. En mayo de 1962 se reunió el Congreso Nacional partidario para analizar la nueva situación y fijar su postura: se optó por una táctica aperturista. En este proceso adquiere relevancia la figura política de Horacio Sueldo, quien defendía esta posición. Esta ideología lo llevaría a negociaciones para estructurar un amplio frente que abarcara a todos los sectores.

El Partido Comunista fijó su posición y conoció una política de persecución de sus cuadros, el partido se mantuvo en la clandestinidad y desde allí trató de acercarse a los otros partidos para conformar un gran movimiento de masas.

En el Partido Demócrata Progresista se planteó la necesidad de realizar un acercamiento a los peronistas, pero esta decisión chocó con la postura dirigente del partido. Los disidentes se apartaron del partido y formaron una nueva agrupación denominada Acción Progresista, pero tuvo poca duración y sus integrantes engrosaron las filas de distintos frentes políticos. El sector de la dirigencia del partido al enterarse de la convocatoria electoral pondrá en marcha su actitud pro-frentista.

A este conglomerado de partidos debemos sumar el Peronista, sobre el que pesaba una legislación represiva e inhibitoria poco alentadora; y la UCRP que festejó el alejamiento de Frondizi se transformó en fiel opositora de Guido.

Así se presentaban las diferentes agrupaciones políticas cuando el gobierno nacional anunció la celebración de elecciones para el 27 de octubre de 1963, enmarcadas en un juego libre e imparcial. Las estructuras partidarias pusieron en marcha sus cuadros y mecanismos proselitistas.

El 24 de junio de 1963, por decreto, el Presidente sancionó un Nuevo Estatuto de los Partidos Políticos. El peronismo como, fuerza política no podía actuar, se proscribía su accionar y el de toda otra agrupación similar. El gobierno controlaría las finanzas de cada partido y estos deberían rendir cuentas ante él. El decreto estableció participación sólo a aquellos partidos que en las ultimas elecciones hubiesen logrado por lo menos el 3% de votos en la mitad de los distritos electorales. Con esto únicamente podrían participar la UCRP, la UCRI y la Democracia Cristiana. Se impuso como sistema electoral el de la representación proporcional y se prohibía incluir en los programas propaganda que incitara a la lucha de clases.

Nuevamente el gobierno, a través de un decreto establece, la "prohibición de la propaganda y difusión de doctrinas o elementos de afirmación peronista". Aberración jurídico-política rechazada por casi todos los partidos políticos.

La crisis económica que azotó el país golpeó como siempre a las clases más desposeídas y recayó sobre ellas el mayor de los sacrificios. El ministro de Economía, puso en práctica un plan económico que consistía en la reducción de los salarios, disminución de las importaciones, devaluación de la moneda, reducción de la línea de créditos y limitación de los gastos del Estado, pero esta política económica sólo vino a agravar aún más la política institucional.

Los partidos políticos no podían brindar la esperanza de salir de esta situación a la sociedad y el temor de una pronta intervención de las Fuerzas Armadas crecía; así se desarrollaba una dura realidad (y a la vez cada vez más común) para los argentinos. Pero el enfrentamiento militar desatado entre sectores del Ejército, y el triunfo del bando azul provocó una reorganización ministerial y la activación de la política legalista.

El Frente Nacional y Popular (FNP) comenzó a ganar adeptos, daba la impresión de permitir la participación del peronismo como socio-mayor. Esta coalición no podía pasar inadvertida para aquellos sectores totalmente opuestos a su participación en las elecciones. Así, para fin de año, varios partidos se sintieron atraídos por esta alianza polipartidista conformada por del Movimiento del Frente Nacional, la Unión Federal y hasta algunos miembros de la UCRP. Para que este proyecto se pudiese viabilizar se debían abrir las puertas al peronismo. El gobierno se comprometió a organizar elecciones libres observando una actitud imparcial. Y cumplió en parte con lo prometido cuando reconoció oficialmente al partido de Unión Popular (agrupación neoperonista).

Pero las Fuerzas Armadas y los sectores antiperonistas, manifestaron su disconformidad ante la participación peronista, presionando al ministro del Interior. También los radicales del pueblo la rechazaron, al igual que la Federación Nacional de partidos de Centro. Por su parte, conservadores y liberales, a través de una declaración, exigieron al gobierno que impidiera, como fuese, el retorno del peronismo bajo cualquier forma de manifestarse: frentes, coaliciones, acuerdos, alianzas partidarias, etc.

A pesar de esto el 11 de marzo de 1963 el FNP quedó definitivamente constituido. Pero estos hombres que cobijaron esta unión para permitir así dar cabida al peronismo, poco a poco fueron cambiando su posición. En marzo, los demócratas cristianos decidieron abandonar el frente, más tarde, este partido celebró su convención nacional y en ella postuló como candidatos a Horacio Sueldo y Francisco Cerro.

Por su parte, la UCRP presentó su fórmula presidencial, integrada por: el doctor Arturo H. Illia y Carlos Perette; una agrupación ocasional con el nombre de Udelpa (Unión del Pueblo Argentino) postuló a Pedro Eugenio Aramburu; la Federación Nacional de Partidos de Centro presentó al Ingeniero Emilio Olmos y al doctor Emilio Jofré; el Partido Socialista democrático nombró al binomio Arturo Orgaz y Rodolfo Fitte; y el Partido Socialista Argentino a Alfredo Palacios y Ramón Soria.

Pero repentinamente el gobierno nacional endureció el trato con el peronismo y a través de un decreto proscribió a todos los que elogiaron al régimen peronista, al partido y a Juan D. Perón. Se puso en marcha una cacería ordenándose la detención de opositores políticos y poco a poco la posibilidad de conformar el frente se veía obstaculizada por la acción de sectores cercanos al gobierno. El 17 de mayo se sanciona otro decreto-Ley que excluye a la Unión Popular de la posibilidad de acceder a cargos ejecutivos.

En tanto, la UCRI anuncia su fórmula partidaria integrada por: Oscar Alende y Carlos Silvestre Begnis, aunque se debía someter a la aprobación de la mesa coordinadora del Frente Nacional y Popular (FNP). Luego de una larga espera Perón aprobó el binomio frentista, este se constituiría por Vicente Solano Lima (Partido Conservador Popular) y el doctor Begnis. La UCRI se disgustó porque la designación cayó directamente en manos de Perón, cuando en realidad se había establecido que la fórmula se debía discutir entre todos los integrantes del FNP. Oscar Alende se negó a retirar su candidatura y Silvestre Begnis renunció a su candidatura a vicepresidente. Esto no hizo más que demostrar la falta de solidez dada por las diferentes ideologías del frente. La UCRI, ante esta situación, se alejó del FNP y presentó su propio binomio: Oscar Alende y Federico Gelsi. El FNP contó con el apoyo de las 62 Organizaciones, Frondizi, el Partido Conservador Popular, los peronistas nacionalistas y partidos nuevos.

Pero el gobierno nacional se había propuesto impedir toda posibilidad de que el FNP participara de las elecciones: no sólo vetó a hombres de ideología peronista, sino que también la proscripción alcanzó a hombres de otras extracciones políticas. Ante el transcurso de los hechos, Perón ordenó la abstención revolucionaria y cuatro días antes de las elecciones el frente aprobó la decisión del ex-mandatario.

Esto significó una reorganización de las estructuras partidarias y la presencia de tres agrupaciones capaces de acceder a la presidencia: la UCRI, la UCRP, la UDELPA.

Así, entre las proscripciones, inhabilitaciones, esperanzas, intereses y democracias restringidas, llegó el día de los comicios. En ellos, la UCRP obtuvo el 25,15% de los votos emitidos.

El 12 de Octubre de 1963 el doctor Illia recibió del doctor Guido las insignias presidenciales; en su mensaje a la Asamblea Legislativa expreso:

Cuando se utilizó la expresión "todas las fuerzas políticas argentinas", no es la correcta, ya que en los comicios de julio se había verificado un alto porcentaje de votos en blanco: el 21,3 %. Esto era fiel reflejo de la proscripción peronista como consecuencia de la actitud cerrada de José María Guido. A esta actitud se le sumaba el apoyo por parte del Ejército a la acción proscriptiva.

El triunfó de esta posición, se debió a que se obedeció las normas establecidas en el Estatuto de los Partidos Políticos que prohibían toda candidatura a la presidencia de los partidos peronistas.

La UCRP respetando los compromisos contraídos al firmar el Acta de Coincidencia Nacional, firmada el 12 de mayo de 1963 por un cúmulo de partidos, se manifestó contraria a impedir o limitar en alguna medida la participación política de un sector de la ciudadanía, consideraba que era una medida arbitraria por parte del gobierno de Guido.

Los diferentes partidos políticos que firmaron el Acta de Coincidencia Nacional, sostenía que a pesar de las diferencias ideológicas que cada uno defendía, todos pregonaban la vigencia de la democracia representativa por medio del voto y defender así los intereses de la Argentina.

Para la UCRP la única forma de lograr la pacificación argentina era reconocer los triunfos electorales del peronismo y entregar el gobierno de los distritos intervenidos a los candidatos consagrados. Así, de esta forma se manifestaba la actitud antiproscriptiva que enrolaba la UCRP.

Es de recalcar que durante el gobierno de Illia se derogó la legislación represiva y el fin de las proscripciones. Es así que como consecuencia de esta legislación para el año 1964 el retorno de Perón ocupaba la escena política. Varios líderes peronistas entre ellos Augusto Vandor viajaron a Madrid con el objetivo de preparar el viaje. La gente entusiasmada ante el inminente retorno salió a las calles vivando a su líder, coincidiendo esto con la llegada al país del general De Gaulle.

Días más tarde comienza en Madrid los preparativos para el retorno, Perón logra salir de España con la ayuda del jefe del Estado Mayor del Ejército. Pero este viaje nunca fue completado ya que el avión es interceptado en Río de Janeiro y obligado a regresar. Esto origino un descontento en la sociedad.

En 1965 se acercaban las elecciones para la renovación de la legislatura, todo el mundo estaba expectante ante los resultados. En las elecciones el gobierno continuaría manteniendo el sistema D’Hont. La Unión Popular gano 36 bancas y la UCRP una menos. El gobierno continuo con la primera minoría con 2 escaños y la Unión Popular con sus 36 nuevos, más ocho incorporados de la legislatura anterior.

Esta situación favoreció a la oposición que comenzó a sabotear el programa legislativo del gobierno, esto desencadenó nuevamente un caos político. Al mismo tiempo Illia perdió el apoyo del Ejército, todo hacía presagiar el advenimiento de un nuevo golpe militar.

Finalmente y preparado por Juan Carlos Onganía, el 28 de junio de 1966, las tropas militares arribaron a la Casa de Gobierno obligando a renunciar al doctor Illia, así culmina una breve historia democrática, entre gobierno militares cada vez más fuertes.

El primero de mayo de 1958 asume la presidencia el doctor Arturo Frondizi, en ese momento el balance de fuerzas entre los políticos, dirigentes gremiales y militares presionaba para que fuera desconocida la voluntad popular. El gobierno de Frondizi formó parte de los tantos gobiernos semi-constitucionales que tuvo el país.

La situación gremial se manifestaba marcadamente hostil, pretendían prevalecer como una fuerza dominante y esta concepción impediría todo posible arreglo con el gobierno, es por esto que toda actitud del gobierno por cambiar el status quo de la situación sindical generaba renuencia y oposición por parte de los obreros.

El movimiento sindical se presentaba como un sector poco homogéneo que impediría toda posible normalización sindical. Las diferentes agrupaciones sindicales se encontraban agrupadas en cuatro grupos: los 32 Gremios Democráticos, las 62 Organizaciones Gremiales (pro-peronistas), las 19 Organizaciones Antiintervencionistas y el sector de Gremios Independientes.

En mayo de 1958, el grupo de las 19 Organizaciones Antiintervencionistas dieron fin a su vida y se integró con otros gremios menores y constituyeron un Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS) de firme tendencia comunista.

A mediados de 1959, se dio el rompimiento del Frente Nacional y Popular y de esta forma el sindicalismo peronista se hará un acérrimo opositor del gobierno dentro del ámbito sindical.

Frondizi ejercerá su gobierno en medio de huelgas, paros y movilizaciones que ayudarán día a día a desgastar la gestión de gobierno. El objetivo que perseguía el gobierno era lograr la normalización sindical que lo cumplirá entregando la CGT en marzo de 1962 a la Comisión Provisoria de los 20.

El gobierno de Frondizi intentó captar a la dirigencia gremial a través del Frente Nacional y Popular, y así lograr el apoyo de la dirigencia peronista, pero esta convivencia terminará en un antagonismo al disolverse el mismo frente.

El gobierno nacional adoptó medidas trascendentales como ser: asegurar el libre ejercicio de los derechos sindicales (huelga, asociación, reunión, expresión y representación), pero claro, estas medidas respondían directamente al acuerdo preelectoral Perón-Frondizi. Estas y la cláusula 6^ta del pacto establecía:

La realidad del pacto demostró lo contrario, las demoras para cumplimentarlo llevaron al enfrentamiento de los socios. Frondizi, en el aspecto sindical, se encontró con una conducción que estaba en manos de peronistas, democráticos, comunistas e independientes. Durante su gestión de gobierno se mostró solidario para con los peronistas, obviamente que esto respondía a un doble propósito: cumplir con las bases establecidas en el acuerdo y por otra parte mantener aquietado a un sector sindical. El gobierno comenzó a mostrar una recompensa a la dirigencia peronista y en mayo de 1958 envía un proyecto de Ley al Congreso que otorgaba una amplia amnistía política y gremial que recaería sobre aquellos en los cuales pesaban inhabilidades y proscripciones. Es así como la Ley 14436 le permitió a varios dirigentes gozar de sus derechos sindicales y poder acceder a cargos directivos. Pero al mismo tiempo el gobierno decretó la intervención de la CGT, esta medida generó una reacción negativa por parte de los 32 Gremios Democráticos y varios sectores políticos opositores.

Pero en otro sector de la dirigencia sindical, como la mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones, se aprobó la medida adoptada por el gobierno. Este grupo obviamente de tendencia peronista, era el principal beneficiario de la política del gobierno, de ahí su apoyo.

En 1958 y tras los debates de la Ley de Ministerios, asume el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Alfredo Allende. De todas las medidas adoptadas por el gobierno la más importante para lograr la normalización sindical fue la Ley 14.455 de Asociaciones Profesionales de Trabajadores, la cual permitía la readquisición de la personería gremial de aquellas asociaciones profesionales ya inscriptas, aunque la personería gremial era privativa de la asociación profesional más representativa en la actividad o rubro que se tratare.

El grupo de las 62 Organizaciones peronistas aceptó esta medida, pero los 32 Gremios Democráticos la rechazaron, mientras que el MUCS (Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical) se opuso a varios artículos. Esta Ley establecía que se llevarían a cabo dentro de los 90 días las elecciones de autoridades mediante el voto directo y secreto de los afiliados de la asociación profesional. Estos comicios permitieron el afianzamiento del peronismo en el movimiento sindical con el desplazamiento de los sindicalistas democráticos y comunistas.

Pero, a su vez, esta Ley coincidió con un decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establecía la prórroga por un año de los convenios colectivos de trabajo y la reglamentación del derecho de huelga. Esto significó el principio del fin de la buena relación entre el gobierno y el peronismo y al mismo tiempo la ruptura del fnp. En 1959 la huelga del Frigorífico Municipal de Buenos Aires terminó por ahondar las diferencias antes mencionadas. El alejamiento de Allende del Ministerio del Trabajo y el endurecimiento del PE para con el trato de la dirigencia peronista agravaron más la situación.

Así poco a poco la dirigencia sindical peronista se opondrá a las medidas adoptadas por el gobierno y esto será de ahora en adelante el factor que contribuirá a los conflictos gremiales. El sindicalismo no peronista se hará sentir cada vez que el gobierno adoptaba medidas que modificaban la realidad.

La intervención de la CGT derivó en el antagonismo peronismo-antiperonismo, pero ahora en el plano sindical. De aquí en adelante las divergencias se harán sentir cada vez más. En octubre las 62 Organizaciones decretaron un paro general, sumado esto al conflicto del Sindicato Unico Petrolero del Estado (SUPE), fue el mayor de los conflictos gremiales durante la gestión frondizista. La crítica a los contratos petroleros crecía día a día, cuando los trabajadores de YPF decidieron declararse en paro y exigir la anulación de algunos contratos. La huelga fue declarada ilegal por el gobierno nacional. A pesar de que esta huelga se llevaba a cabo en Mendoza, el gobierno declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional y ordenó la detención de obreros y dirigentes sindicales. También el gobierno debió soportar otras huelgas como la de los bancarios, trabajadores de correo y obreros y empleados ferroviarios.

De ahora en más, el gobierno cambiará de táctica para con el movimiento sindical e intentará mantener bajo su control y hasta desarticular el poderío de las 62 Organizaciones utilizando todos los recursos posibles. Días más tarde, esta ilusoria pacificación social que quería mantener el gobierno nacional decae, al conocerse el proyecto de privatización del Frigorífico Municipal de Buenos Aires Lisandro de la Torre, los trabajadores, temiendo perder su fuente de trabajo apelaron a un recurso de fuerza que de ahora en adelante será común: la ocupación fabril. Las 62 Organizaciones declararon una huelga en apoyo a los trabajadores, el gobierno actuó con dureza, fuerzas del Ejército y Policía llegaron al frigorífico y desalojaron ordenada, aunque violentamente el mismo. Como medida preventiva el gobierno dispuso la intervención de los principales sindicatos peronistas y detuvo a las figuras de la conducción de las 62 Organizaciones, tales como Augusto Vandor, José Alonso y Amado Olmos entre otros. Resuelto por la fuerza este conflicto, los trabajadores fueron reincorporados a su trabajo.

Con la renuncia antes mencionada de Allende, asume la cartera de Trabajo David Bléjer, quien adoptará nuevas medidas en cuanto a la relación entre gobierno-obreros-patronales, donde primará de ahora en adelante un endurecimiento gubernamental de la política gremial. No se entablarán negociaciones con trabajadores en huelga, se dispusieron cesantías de manera arbitraria y se recurrirá a la movilización militar de trabajadores.

Esta variación de la política gubernamental llevó a un replanteo de la acción político-gremial de las 62 Organizaciones, que ahora será reemplazada por la Mesa Directiva Provisional conformada por sindicalistas de gremios menores. Esta última adoptó como medida, que frente a la represión gubernamental no se rehuiría una confrontación global. De aquí en adelante dentro de las 62 Organizaciones, nos encontraremos con posiciones encontradas: la de los duros, que adoptarán la posición combativa del sindicalismo, y la corriente integracionista o blanda, que adoptará una postura conciliatoria. Pero ni una ni la otra lograrán predominar en la acción del movimiento obrero. Sí lo logrará una tercera postura mucho más negociadora y conciliadora que se irá apropiando de la conducción de las 62 Organizaciones, su representante fue Augusto Vandor, quien no adoptará medidas extremas y duras.

En junio de 1959 se nombra al ingeniero Alvaro Alsogaray a cargo interinamente de la cartera de Trabajo. Este adoptó el levantamiento de las movilizaciones militares de los trabajadores y recompuso las comunicaciones con las organizaciones sindicales peronistas. Pero esto no duró mucho, el 8 de julio de 1959 dirigentes de la UOM recurrieron a medidas de fuerza, como consecuencia de la postura intransigente del sector empresarial en relación a la renovación de los Convenios Colectivos. La huelga duró algo más de dos meses y durante su transcurso hubo una gran cantidad de atentados con explosivos. En apoyo a la misma, las 62 Organizaciones dispusieron el cese de actividades en todo el país, el gobierno endureció su posición y ordenó la detención de la cúpula sindical. Este conflicto cesó cuando la patronal ofreció una mejora salarial.

Los conflictos enunciados y un sinnúmero más, a pesar del intento de negociación por parte de Frondizi, deterioraron cada vez más la imagen y autoridad presidencial.

Todos los conflictos gremiales que se desataron entre 1959 y 1960 fueron limando las asperezas entre los distintos bloques sindicales, logrando un acercamiento entre ellos y contribuyendo paulatinamente a lo que será la normalización del Movimiento Obrero Organizado. En el año 1961 resurgieron con más fuerzas las necesidades de los trabajadores, el gobierno por ese año quería implementar una política de racionalización en el sistema de transporte ferroviario, este fue objetado por los movimientos sindicales; la Unión Ferroviaria y la Fraternidad comenzaron con un paro de actividades, más tarde tuvieron el apoyo de las 62 Organizaciones y del MUCS. La lucha fue frontal, el gobierno nombró un comando de seguridad a cargo del Jefe de la Policía Federal, todo terminó tras la gestión conciliatoria del cardenal Caggiano después de cuarenta días de huelga.

A pesar de los reclamos que llevaban a cabo, nunca las distintas organizaciones sindicales trabajaron unidas, recién a mediados de enero de 1959 como consecuencia del conflicto del Frigorífico Municipal reaccionaron en conjunto. Es así como aparece el Movimiento Obrero Unificado (MOU) compuesto por todos los sindicatos; elaboraron un programa de reivindicaciones conocido como Declaración de Propósitos e invitaron a la adhesión al movimiento a todas las organizaciones sindicales existentes; la única que se negó fue la de los 32 Gremios Democráticos. Pero este movimiento fue en vano ya que no logró consolidar la unidad gremial; de todos modos la labor llevada a cabo por el MOU fue significativa.

El enfrentamiento entre el gobierno y el MOU fue duro, el gobierno ordenó la detención de los principales dirigentes del mismo. El saldo de esto fue un gran número de dirigentes puestos a disposición del Poder Ejecutivo donde se los acusó de actividades de intimidación pública y terrorismo. La situación se agravó al producirse atentados contra la propiedad privada y la integridad física de algunos miembros del gobierno. Esto llevó al gobierno nacional a instaurar el Plan Conintes.

A pesar de la aplicación de dicho plan, el descontento social iba en aumento, sumado a la crisis económica por la que atravesaban las clases más desposeídas, aspectos que contribuían al incremento de los actos de subversión.

La desaparición del MOU no significaba la pérdida de esperanza de la unidad sindical. A mediados de 1960 los 32 Gremios Democráticos abandonaron ese nucleamiento y formaron un nuevo sector independiente junto con el MUCS, fue así como comenzaron las negociaciones para lograr más apoyo sindical, para luego peticionar ante el gobierno nacional la entrega definitiva de la CGT. Se constituye una comisión de 20 miembros, 10 de ellos pertenecían a los gremios del sector independiente y 10 a las 62 Organizaciones. La Comisión de los 20 presentó las bases de su programa:

1. Designación de 20 Organizaciones que se constituirán en una comisión que asumirá la CGT por un período no menor de seis meses ni mayor de un año;
2. declaración de principios de prescindencia ideológica, política y estatal;
3. dejar en suspenso el preámbulo y algunos aspectos a convenir del estatuto de la CGT;
4. la convocatoria a un congreso nacional para la reforma del estatuto y la designación de autoridades definitivas;
5. fijación de un programa mínimo de defensa de los intereses materiales de los trabajadores y los derechos y libertades populares

Para lograr este objetivo se nombró una comisión formada por cuatro gremios de cada agrupación que llevó el nombre de Comisión de los Ocho. Al mismo tiempo el gobierno nacional nombró como ministro de Trabajo al doctor Guillermo Acuña Anzorena, quien va a dar mayor flexibilidad al gobierno para con el trato de los representantes obreros. Luego de una reunión entre la Comisión de los Veinte y el gobierno, el ministro de Trabajo expresó la intención de entregar el 1 de marzo de 1961 la central obrera a los trabajadores, pero la inflexibilidad de los sectores gremiales dejó paralizada la negociación. Finalmente a mediados de marzo de 1961 se decidió la entrega de la CGT a los trabajadores.

La Comisión Provisoria de la CGT debía normalizar definitivamente la actividad sindical y convocar a un congreso nacional para discutir que puntos se reformarían de los estatutos de la central. Pero las diferentes posiciones ideológicas de los miembros de la Comisión Provisoria fueron saliendo a la superficie y es así como dicha comisión decidió postergar la realización del congreso nacional. En este momento el doctor Arturo Frondizi resuelve la intervención de las provincias donde había triunfado el peronismo. Esto contribuyó a abrir aun más las heridas.

Días más tarde, el 29 de marzo de 1962, se consumaba un golpe militar por el cual se destituiría al Presidente de su cargo. Lo cierto es que la recuperación de la CGT durante este período llevará a la cima de la cúpula sindical al movimiento obrero peronista.

Debido a la crisis política que este golpe militar generó, se postergó el congreso normalizador, el Golpe de Estado se dio en un momento en que los trabajadores estaban fuertemente unidos en la CGT y contaban, a su vez, con un instrumento legal fuerte: la Ley 14.455.

La clase trabajadora continuará presionando para lograr sus reinvindaciones y lo hará a través de la huelga; en virtud de esto, el gobierno nacional llevará a cabo políticas que nulificarán el derecho de huelga. Esto provocará el distanciamiento entre el movimiento obrero y el gobierno.

En el congreso normalizador a realizarse a fines de 1963 se aprobará un plan de lucha, que continuará una vez que haya asumido la presidencia el doctor Arturo Illia. Se trataba de una respuesta del sector sindical contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional. Con respecto a esto, el ministro de Economía, doctor Federico Pinedo, en tan sólo dos semanas generó una recesión progresiva, iliquedez monetaria y quebrantos comerciales. Esto provocó la reprobación no sólo del sector gremial sino de la sociedad toda; su sucesor Alvaro Alsogaray decretó nuevos impuestos y postergó el pago de salarios a los empleados públicos. La CGT se levantó ante tales medidas ya que el sector asalariado y obrero era el más perjudicado por la política llevada a cabo. Frente a esta situación la CGT decretó paros y huelgas, sin obtener resultados positivos.

Las respuestas que dio el gobierno a estas medidas de fuerza fueron: clausurar las personerías gremiales, intervenir algunos sindicatos y perseguir y detener a dirigentes gremialistas. Ante la falta de solución a los requerimientos del sector gremial, el mismo se reunió en un plenario donde volvió a convocar un paro de actividades para el 29 de mayo y otro por 48 hs. para el 18 y 19 de junio de 1962. El primero de ellos contó con el apoyo de casi todas las agrupaciones sindicales y generó una paralización de la actividad económica. El segundo se suspendió pero no en forma definitiva y se decidió profundizar su accionar a través del plan de lucha; a pesar de la limitación del derecho de huelga por parte del gobierno nacional, esto no impidió que se llevaran a cabo movimientos de fuerza en todo el país.

Los ánimos se calmaron luego del triunfo militar del bando azul o legalista que se comprometía a retornar al camino de la democratización del país y el retorno a la Constitución Nacional. En esta época la CGT convocó al congreso nacional normalizador, en donde se debían reformar los estatutos y designar las autoridades definitivas de la central. Concurrieron al mismo cerca de cien organizaciones gremiales. La medida más importante adoptada por el congreso, fue la elaboración y aprobación de un Plan de lucha que exigía el cambio de la estructura económica. Proponía cambios en lo social -libertad de los detenidos y condenados, presos sociales y políticos, restitución y rehabilitación de las personerías gremiales, mantenimiento y creación de nuevas fuentes de trabajo, etc.-, en lo económico -solución al problema de sueldos, salario, jubilaciones y pensiones, rebaja a los impuestos a las ventas, etc.-, en lo político -retorno a la Constitución Nacional y a las Leyes, derecho a la libertad y a la igualdad, levantamiento del estado de sitio, amplia libertad de prensa oral y escrita-.

El 1 de febrero de 1963 se designaron por votación las autoridades de la central confederal, se designó como secretario general a José Alonso. Días más tarde se llevó a cabo una reunión para ultimar los detalles a seguir para la realización del Plan de lucha, el mismo se llevó a cabo y finalizó con el exitoso paro general del 31 de mayo de 1963.

Luego de esto la CGT se reunió con el presidente, pero no obtuvo la respuesta por parte del gobierno a los requerimientos sociales. En medio de esta situación se lleva a cabo la campaña de elecciones nacionales para presidente y vicepresidente, el 7 de julio las elecciones dan como futuro presidente al candidato de la UCRP, doctor Arturo Illia. Mientras tanto la CGT continuaba con su Plan de lucha; el 26 de agosto las autoridades de la CGT se entrevistaron por última vez con el presidente Guido, donde le reclamaron la sanción de una Ley de amnistía y derogación del estado de sitio, entre otras cosas. Pero no encontraron respuestas, quedando pendiente esta reivindicación para el Presidente entrante.

Las nuevas autoridades se encontraron ante una CGT fuerte y unida, con dirigentes politizados y hábiles en la lucha sindical, y con un plan de lucha en marcha y organizado.

Illia en su mensaje presidencial afirmó:

De esta forma definía la política gremial a seguir por el nuevo gobierno. Luego de la anulación de los contratos petroleros, el gobierno trataba de desplazar el centro de atención hacia la situación económica, como puede ser los ingresos y el alza en los precios de los artículos de primera necesidad. El Ministerio de Economía advirtió que el gobierno trataría de impedir los incrementos en los precios de los artículos de primera necesidad. La Unión Industrial expresó:

Nosotros tenemos mucho miedo a lo que es intervención y fijación de precios, porque se inicia y no sabemos donde termina.

Luego del asesinato del presidente de los Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, la CGT anunció un paro de actividades para el 6 de diciembre. El gobierno logró evitar una huelga ferroviaria dispuesta para el 27 y aceleró un proyecto de Ley de abastecimiento y antimonopolio.

Los empresarios se oponían a las medidas de intervención y control ejercidas por el gobierno. Illia se entrevistó con la CGT pero no logró hacer desistir a la central obrera de la medida de fuerza organizada. El sector ganadero se oponía también a las medidas adoptadas por el gobierno que restringían las ventas al exterior con el pretexto de asegurar el autoabastecimiento interno. El paro de la CGT fue parcial y todo transcurrió en orden. La situación continuó sin solución y la CGT declaró el estado de alerta en todo el país y emplazó al Poder Ejecutivo para que solucione los problemas planteados oportunamente.

La CGT propuso un Plan de lucha, argumentando que recurrían a estos planteos porque el Poder Ejecutivo los había desoído. Este Plan de lucha se dividía en dos etapas: del 15 de enero al 28 de febrero, preparación, organización y agitación; del 1 al 31 de marzo, efectivización de acciones de lucha directa. En la etapa inicial del plan se llevaría a cabo la ocupación parcial y por grupos de los centros de producción (agropecuarios, industriales y comerciales), en la etapa final se llevaría a cabo la ocupación simultánea y total, en todo el país, por el término de 24 horas. A pesar de las acusaciones vertidas contra la central obrera por parte de la Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas (FAEDA), quien sostenía que el Plan de lucha que pretendía llevar a la práctica la CGT consistía en delitos que atentarían contra la seguridad de la Nación; la central obrera no detuvo la preparación de su plan y el 4 de febrero realizó una reunión con dirigentes políticos para informar sobre las acciones a continuar.

Se comenzaron a levantar simultáneamente, voces de protesta y de apoyo en todo el país. La Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) pedía garantías ante el plan de la CGT y la adopción de medidas en defensa de la libertad del trabajo y el derecho de propiedad.

Mientras tanto, el 21 de febrero Illia instituye el Salario Mínimo Vital y Móvil. Ese mismo día, desde Mar del Plata Pedro E. Aramburu se mostraba adverso al plan de lucha organizado por la central de trabajadores y sostuvo que:

...dirigentes políticos concurren solícitos ante el primer llamado de la CGT para dar sin más su consentimiento a planes subversivos, que facilitan la acción de fuerzas oscuras que conspiran contra la República y sus instituciones democráticas.

El 25 de febrero el Plan de lucha tuvo una primera y violenta repercusión: tres muertos y seis heridos. Integrantes del movimiento derechista Tacuara y de los sectores comunistas iniciaron el incidente. Esto demostraba las raíces subversivas y comunistas del proyecto de la CGT.

Luego de las reuniones mantenidas entre el gobierno y la CGT, se resolvió una tregua por parte de esta última, tras ratificar todos los aspectos del plan de lucha y sus postulados. El gobierno por su parte contribuyó con medidas para aliviar la crisis económica. Así, aceleró los planes para la reactivación del sector industrial, procuró abaratar los precios de los alimentos y proyectó imponer una rebaja en los medicamentos.

A pesar de estas medidas adoptadas por el gobierno, la CGT continuó con su plan, la primera jornada tuvo expresión limitada, en todo el país se trabajó con normalidad. Días posteriores al Plan de lucha, la CGT declaró vigente el plan de ocupación; así varios lugares de trabajo quedaron en poder de su personal. Las autoridades judiciales actuaron de inmediato ordenando la evacuación de los establecimiento y el procesamiento de los representantes obreros. Por su parte los empresarios exigían medidas de mayor dureza por parte del gobierno nacional. La CGT continuó con su accionar, ocupó fábricas y propuso un plan de obstrucción de los servicios públicos. Las reacciones de los empresarios buscando amparo, se fueron acentuando cada vez más. La situación social pronto se tornó un caos, la CGT continuó con las ocupaciones y el gobierno por su parte se negaba a instaurar el estado de sitio.

Las reuniones conciliatorias con la CGT y el gobierno fracasaban. Las ocupaciones de las fabricas se extendieron por todo el país, y hasta se tornaron revolucionarias y subversivas. Todo hacía presagiar que Illia debería recurrir a la ayuda militar, pero nada de esto ocurrió, dio instrucciones para que se iniciaran procedimientos legales contra 119 dirigentes sindicales, que acompañó con la promulgación de una Ley estableciendo un nuevo salario mínimo superior y decretando una congelación de precios. Las huelgas continuaron durante un mes más pero ya a fines de junio la segunda etapa del plan de lucha había terminado.

El 3 de enero de 1965 los ferroviarios desataron una nueva huelga general, esta vez por 48 hs. y luego de rechazar la propuesta del gobierno sobre un aumento salarial la CGT sostuvo:

El valor real del salario ha disminuido, la productividad se incrementó, la devaluación monetaria hace que los trabajadores industriales estén financiando al campo y finalmente seguimos marchando a ciegas, el gobierno no ha planificado, todo lo arregla con la emisión y cuando necesita resolver sus dificultades pide autorización para seguir emitiendo.

Cada vez más los conflictos gremiales se incrementaban, así a mediados de febrero los paros obstaculizaban el trabajo en los puertos, los servicios aéreos y el transporte marítimo. Poco tiempo después se solucionó el conflicto gremial con los ferroviarios e Illia dispuso extender el Estado de Emergencia Económica.

En este momento los sindicatos aparecían muy sensibles, sabían que todo su accionar contribuía a debilitar al gobierno cada vez más. La situación se tornaba cada vez más tensa, así el gobierno negó a la CGT la percepción de una parte de los salarios correspondientes al 1 de mayo porque se señaló la ilegalidad y el uso extragremial del aporte y que además la CGT procuraba esos fondos para planes políticos con ideas revolucionarias. Prueba de esto es un acto organizado por la CGT y agrupaciones estudiantiles frente al palacio del Congreso con un saldo de un muerto y 18 heridos. También se registraban choques y heridos durante la ocupación de un ingenio en Tucumán; toma de rehenes en plantas industriales en Córdoba y un paro de actividades marítimas. Finalmente el gobierno accionó con energía en el largo conflicto de los gremios marítimos: movilizó y colocó bajo jurisdicción militar al personal de los buques que transportaban combustibles y cuya inactividad comprometía actividades vitales del país. Los marineros acataron la intimación, pero el resto siguió la huelga, a la que se sumó pocos días después un nuevo paro ferroviario.

El gobierno a través de un decreto frenó la actuación política de los sindicatos, la CGT reaccionó disponiendo una movilización obrera con abandono de fábricas, manifestaciones y concentraciones. La huelga sólo tuvo algunos efectos parciales.

Entre finales de 1965 y comienzo de 1966 Buenos Aires se hallaba con sus calles llenas de residuos ya que el personal municipal había dispuesto un paro; la municipalidad dejó sin efecto los despedidos y la recolección de residuos se reanudó en ese mismo días (16 de enero). Un acto de sabotaje destruyó una usina eléctrica en Córdoba. En esta época en el país había 25 mil teléfonos incomunicados, la empresa estatal reparaba diez mil líneas por día, un número equivalente al que también por día dañaban los atentados.

Así era la realidad social de nuestro país por aquellos años, huelgas constantes, atentados, manifestaciones, levantamientos, etc.; en medio de esta situación Illia expide un decreto reglamentario de la Ley de Asociaciones Profesionales. Este prohibía la actuación de los sindicatos en política partidaria, establecía la forma de convocar y celebrar asambleas y fijaba un control de los fondos sindicales y normas para su contabilidad. Esto impactó en los sectores que pretendían el control de la CGT mientras continuaban las huelgas en los puertos y las empresas del transporte ferroviarios. Estos servicios prácticamente habían llegado a la anarquía.

En la Universidad también se hizo sentir el peso de la CGT, varias facultades fueron ocupadas y varios estudiantes resultaron heridos en riñas callejeras. Cada vez más las manifestaciones de estudiantes y personal de las facultades se generalizaban. Los edificios fueron ocupados hasta que la justicia ordenó el desalojo de los mismos mediante el uso de la fuerza pública. La CGT dispuso un paro general para el 7 de junio que recibió el apoyo de agrupamientos intersindicales.

Se puede afirmar que existió una permanente oposición de las Fuerzas Armadas hacia el presidente Frondizi. Así, el triunfo electoral del 23 de febrero de 1958 hizo pensar a mas de un miembro castrense en retrotraer las cosas, olvidarse de los resultados electorales, anular los comicios y continuar con el gobierno de la Revolución Libertadora.

El 1 de mayo de 1958 los militares le entregaron el mando al nuevo mandatario. Ya instalado el gobierno constitucional, las tres tendencias militares que habían tenido su origen durante la Revolución Libertadora se polarizaron en dos grandes líneas, por un lado estaban los legalistas cuya tesis era la de forzarlo a renunciar o destituirlo constitucionalmente, y por otro lado quienes buscaban derrocar al presidente y la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, los gorilas.

Quienes sostenían la línea de mantener en el poder a las Fuerzas Armadas gobernando como una dictadura democrática eran encabezados como ya vimos por el almirante Isaac Rojas. Pero finalmente se impuso el criterio del general Aramburu de entregar el mando a los ganadores de las elecciones, aunque fueran las Fuerzas Armadas las que ostentaran el poder. Hecho que fue demostrado en las marchas y contramarchas de los actos de gobierno del presidente.

Durante el gobierno de Frondizi se manifestaron tempranamente las diferencias en las Fuerzas Armadas respecto del rol que les correspondía a sus integrantes. Las rivalidades internas y externas entre las tres armas y la competencia por acceder a niveles de mando originaron profundas fisuras y enfrentamientos directos. "Las pautas tradicionales de convivencia no se respetaron, trasluciendo espectáculos triviales y rivalidades que deterioraron la unidad castrense". En el Ejército los problemas surgieron como consecuencia de la puja por permanecer dentro del Arma. En la Marina, aun sin llegar a la situación del Ejército los problemas no fueron mucho menores. En la Fuerza Aérea se produjo un choque entre nacionalistas y profesionalistas, estos últimos ligados al grupo de los gorilas. Así, los distintos intereses contrapuestos entre legalistas y gorilistas irán remarcando las diferencias que se desencadenarán tiempo después en la ruptura del cuerpo y la destitución de Frondizi.

El 17 de junio de 1958 con la sanción de la nueva Ley de Ministerios, se creó la cartera de Defensa Nacional, designándose titular de la misma a Gabriel del Mazo. A partir de aquí se sucedió un sinnúmero de planteos y alzamientos, que tenían como punto principal el de amedrentar al gobierno frondizista para que éste accediera a sus presiones. Las Fuerzas Armadas nunca dejaron de manejar, ingeniosamente o no, los distintos mecanismos de poder; contaban con el apoyo de las fuerzas políticas opositoras y en particular con la UCRP, quienes se oponían fuertemente a su ex-correligionario, demostrando una antipatía total contra él. Frondizi trató de relativizar los alzamientos militares llegando en ocasiones a negociar.

En aquellos años, la situación internacional existente en Cuba con la revolución comunista hacía presagiar los riesgos de una subversión popular armada. A estos acontecimientos se les sumaba la crítica situación socio-económica que atravesaban las clases más pobres y el enfrentamiento y resistencia del peronismo. La sociedad toda se encontró, entonces, ante una situación de suma violencia y se hizo imprescindible resguardar la integridad nacional. Para lograr de algún modo la satisfacción de las Fuerzas Armadas, el gobierno central decidió aplicar el Plan Conintes, "Conmoción Interna del Estado", el cual le daba amplios poderes a los jefes de unidad, subordinaba a las policías provinciales a las Fuerzas Armadas y giraba el tratamiento de los actos de probada subversión de la justicia ordinaria a la militar. Pero las autoridades provinciales y la independencia del Poder Judicial subsistían y aunque los militares proclamaran que el país estaba en guerra, seguía imperando el Estado de Derecho, por lo que comenzaron a surgir múltiples conflictos con el poder civil y querellas de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia militar. Los jueces se negaron a transferir a los inculpados de terrorismo a las autoridades militares, ante lo cual el Ejército tomó las cárceles y requisó al personal penitenciario. Como consecuencia de esta situación se produjeron minigolpes en las provincias de Tucumán y Córdoba, "que significaron un repliegue del poder civil sobre el militar".

La presión sobre Frondizi era muy fuerte, y ello llevó al Presidente a realizar el 12 de octubre un patético llamado al pueblo: "En ningún caso renunciare" dijo, presionado por los mismo intereses que derrocaron a Hipólito Yrigoyen en 1930.

Al día siguiente, un gran número de generales le exigieron su pase a situación de retiro. La prensa dio a conocer un memorándum que constaba de siete puntos del comandante en jefe que reclamaba, entre otras cosas, la expulsión de los peronistas del gobierno y la revisión de la Ley sindical.

Institucionalizado una vez más el planteo, el Estado Mayor se erigía en censor permanente de los actos del gobierno, una especie de órgano de control paralelo (pero superior) al Congreso. Así, el Ejército confeccionó una lista de funcionarios sospechados de ser comunistas y la comunicó al Poder Ejecutivo para que éste los destituyera.

Las reuniones políticas y militares se sucedían cada vez con mayor frecuencia. Los militares una vez logrado el desacreditamiento del Presidente, examinaban diversas posibilidades para salir de la crisis, entre las cuales se encontraba: 1) el derrocamiento del Presidente y la ocupación directa del poder por parte de las Fuerzas Armadas; 2) la utilización de los dispositivos constitucionales para eliminarlo del cargo; y 3) la realización de una reforma constitucional que limitara sus poderes.

Frondizi intentó reorganizar su gabinete y luego propuso la formación de un gabinete nacional. Ningún partido quiso discutir con un Presidente, que no tenía autoridad alguna y que había violado la legalidad democrática, lo que llevó a Frondizi a una negociación con Aramburu, pero éste le dio un golpe de gracia, sugiriéndole que renunciara para mantener el orden constitucional.

El 28 de marzo, los tres comandantes en jefes exigieron de manera definitiva la renuncia del Presidente, negándose por tercera vez Frondizi, dando la orden de reprimir a los facciosos. Finalmente se lo detuvo y se lo condujo a Martín García. En ese momento los militares, emitieron un comunicado justificando su actitud.

Respecto de esta presidencia, tendríamos que hacernos dos preguntas simples pero muy significativas, ¿Quién gobernó? y ¿Quién ejerció el poder? Creemos encontrar las repuestas a estos interrogantes en las palabras de Daniel Rodríguez Lamas:

Apoyándonos en estas palabras, que coinciden con las de la doctrina en general, nos atrevemos a sostener que Frondizi fue quien gobernó, pero el poder lo ejercieron las Fuerzas Armadas.

Los intereses internos en juego eran demasiados como para que hubiera claridad y homogeneidad en las tomas de decisiones futuras. De haber existido un plan común entre los golpistas, el general Raúl M. Poggi se habría convertido en el nuevo presidente de facto de la República Argentina. Pero eso nunca se concretó, lo que dio lugar a que por disposición de la Ley de Acefalía, el Presidente Provisional del Senado doctor José María Guido, se transformara en el nuevo Jefe de Estado.

A pocas horas de haber asumido, el Presidente se reunió con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para la redacción de un acuerdo-compromiso que habría de expresar, entre otras disposiciones, la necesidad de anular los comicios de marzo último, dictar normas que proscriban las formas autoritarias de gobierno, modificar la Ley de Acefalía para llamar a elecciones de forma inmediata y modificar el sistema electoral instaurando un sistema de representación proporcional. Por último, los comandantes en jefe declaraban tener por presidente al doctor Guido.

Los objetivos que perseguían los militares golpistas consistían en la instauración de una dictadura democrática, pero las condiciones para instaurarla no eran las ideales. Cierto es que las posiciones castrenses más importantes estaban en sus manos, pero el sector profesionalista, que sostenía entre otras cosas la necesidad de un pronto llamado a elecciones y de una continuidad constitucional, detentaba buena parte del Ejército.

Durante la gestión de Guido, se sucedieron tres acontecimientos entre las dos facciones en que se dividían las Fuerzas Armadas que marcarían el rumbo del país: el primero de ellos estalló a mediados de abril en el seno del Ejército cuando la unidad de Campo de Mayo desconoció el mando del general Marino Carreras (ministro de Ejército) y exigió su alejamiento junto con el del general Poggi (comandante en jefe del Ejército). Tras el pedido de renuncia efectuado por el Presidente, el general Poggi resistió la orden desconociendo indirectamente la autoridad presidencial. Esto provocó un cambio en la posición de las facciones en lucha, los rebeldes pasaron a ser leales al gobierno y viceversa.

Poco después el Presidente ordenó movilizar las ahora tropas leales, pero tras una reunión con el general Poggi se logró un acuerdo que determinó su alejamiento. En su lugar se nombró al general Juan B. Loza (profesionalista). Con esta designación se logró la solución a la primera de las crisis que acaecerían en un corto lapso de tiempo.

El segundo de los hechos tuvo lugar en agosto del mismo año, cuando Federico Toranzo Montero se sublevó desconociendo la autoridad del general Juan B. Loza y autoproclamándose comandante en jefe en virtud del apoyo mayoritario con que contaba en el Ejército. El objetivo de este levantamiento era "desplazar a Guido, imponer un régimen de gobierno de fuerza y llevar a la presidencia al general Arturo Osorio Arana".

El general Juan B. Loza, renunció como consecuencia de la falta de apoyo de la mayoría de los oficiales y en su remplazo fue designado el general Carlos E. Señorans (profesionalista). Al conocerse la designación de este último los comandos rebeldes se alistaron para la lucha con el apoyo de la Marina de Guerra y la Gendarmería y lo propio hicieron las fuerzas leales al mando de los oficiales Juan Carlos Onganía y Alcides López Aufranc. Ante el inminente choque entre las dos fuerzas, el presidente Guido emite un comunicado en el cual se retracta en su decisión de reprimir el levantamiento. Producto del mismo el general Señorans renuncia a su flamante cargo.

La transacción implicó un avance muy considerable de los rupturista en las posiciones más importantes de las filas castrenses y el triunfo de la rebelión. A pesar de ello la victoria rupturista no se traducía directamente en la desaparición del profesionalismo; muy por el contrario les sería adversa en lo mediato.

A pesar de no haberse llegado a un enfrentamiento bélico, este suceso tendría como consecuencia la pérdida definitiva de poder por parte del gobierno nacional y el enfrentamiento armado que a posteriori se produciría entre azules y colorados.

Los legalistas (en un futuro azules) y los rupturistas (colorados) constituían algo más que dos facciones militares, eran dos perspectivas diametralmente opuestas sobre el pasado, presente y futuro argentino: diferían en cuanto al peronismo, aunque ambos eran antiperonistas, porque los primeros aceptaban como un hecho natural su presencia en la sociedad argentina, mientras los segundos proponían una solución mucho más drástica hacia el problema del peronismo. Los azules veían en Guido el mínimo imprescindible de respeto por las instituciones, los colorados consideraban urgente la necesidad de poner fin a su gobierno por medio de una dictadura democrática. Estas disyuntivas serán llevadas más tarde al campo de batalla para decidir si el futuro del país estaría organizado bajo una dictadura o un gobierno constitucional.

A principios de septiembre los secretarios militares (rupturistas) impusieron al presidente el plan de acción que se debería llevar a cabo en los días siguientes; entre las medidas que se le exigían se encontraba la disolución del Congreso, la represión concreta hacia todo totalitarismo, un saneamiento de la administración pública y el control de los salarios. Por su parte los legalistas exigieron la renuncia de los generales rupturistas. El comandante en jefe del Ejército respondió relevando a los autores del pedido (general Pascual Pistarini y general Julio Alsogaray). La orden no fue acatada y el conflicto que potencial o materialmente existía desde abril estalló con toda su fuerza. Campo de Mayo y una gran cantidad de guarniciones del interior del país que lo apoyaban, comandados por el general Juan Carlos Onganía se sublevaron el 20 de ese mes, autodesiganándose azules (color que en la jerga militar identifica al bando propio). Sus objetivos eran: afianzar el poder y la libertad del Ejecutivo, recuperar la disciplina castrense y alcanzar la vigencia total de la Constitución Nacional. Para evitar el inminente choque Guido ofreció su renuncia, pero a pocos kilómetros de La Plata aquel ya se había producido. En efecto las filas azules al mando del coronel López Aufranc, habían derrotado en la rotonda de la ruta nacional N^ro 2 y Etcheverría a los colorados (que se autodenominaron de esta manera en oposición al grupo de los azules), dirigidos por el mayor Merbilhá.

El 21 de septiembre culminó con el pedido de renuncia por parte del Presidente hacia los generales Lorio y Labayrú (colorados) a sus cargos de comandante en jefe y jefe del Estado Mayor del Ejército. Los mismos no acataron la orden y, tal cual sucedió anteriormente, las fuerzas rupturistas pasaron de la legalidad a la rebeldía.

A pesar de las declaraciones vertidas por la Secretaría de Marina desconociendo la autoridad presidencial, el 22 de septiembre la eficiencia de los ataques azules redujo drásticamente en sus fuerzas a los colorados, aún más cuando la Aeronáutica sumo su aparato bélico a la causa legalista. El golpe de gracia lo produjo la neutralidad en los hechos de la Marina. Así el 23 de septiembre, con la entrega de la Secretaría de Guerra, se oficializó la rendición de la facción rupturista.

Como consecuencia de este hecho, el general Juan Carlos Onganía asumió como comandante en jefe del Ejército, fueron pasados a retiro más de 140 oficiales superiores, el presidente reformó su gabinete dejando de lado a los hombres colorados, y el gobierno anunció que en un futuro mediato se realizaría el llamado a elecciones.

Pero antes de las mismas, el gobierno de Guido habría de tener que soportar aún dos movimientos armados, el primero al mando del brigadier Cayo Antonio Alsina y el segundo del general Benjamín Menéndez.

El 6 de abril de 1963, tras el arresto del general Menéndez el bando azul, ante la sorpresa de todos, demostró una posición absolutamente antiperonista. A partir de ello se limitó definitivamente el camino del justicialismo para las próximas elecciones. El 17 de mayo el comandante en jefe del Ejército aseguró la realización de comicios libres pero con la exclusión de la Unión Popular. Ello determinó que cuatro días antes de las elecciones se abstuviera el Frente Nacional y Popular, impulsando el voto en blanco. Este cercenamiento dejó muy comprometida la gobernabilidad futura del país.

Este conflicto de gobernabilidad lo heredó quien desde el 12 de octubre de 1963 se constituyó en el nuevo Presidente de la República Argentina: el doctor Arturo Illia. Pero Illia sabía mejor que nadie los desafíos a los que se sometía, era consciente que había cuatro variables casi imposibles de sortear: los sindicatos, el poder militar, la falta de apoyo popular (había sido elegido por sólo un cuarto de los ciudadanos) y las finanzas nacionales. Contra ellos tendría que luchar.

En su primeros discursos dejó bien sentado que su gobierno se enmarcaría en límites absolutamente constitucionales y que contra estos habrían de tener que luchar quienes intentaran presionar sobre él. Dijo:

Esta actitud asumida por el nuevo Presidente se condecía con el comportamiento de Onganía a quien corroboró como comandante en jefe del Ejército.

Pero las Fuerzas Armadas, en esta época, tendrían una función relativamente nueva: controlar la situación de los extremistas-guerrilleros, como la institución misma los denominó. En efecto, desde principios de 1964 Gendarmería comenzó a desarrollar un servicio de inteligencia exhaustivo sobre infiltraciones comunistas y grupos extremistas, formados entre otros por organizaciones sindicales, la Juventud Peronista, el Frente Revolucionario Indoamericano y el Peronismo de Acción Revolucionaria. Todo esto se producía ante la mirada expectante del gobierno.

Con respecto a la existencia del comunismo, el ministro de Defensa Suárez, en declaraciones emitidas el 12 de mayo de 1964 hacía referencia a Cuba como: "...centro de expansión del comunismo... [y como] escuela y base de adiestramiento, a la que convergen hombres... argentinos, que son usados más tarde para esta acción de guerrilleros..."; y hablaba del movimiento interno del comunismo diciendo que:

Pero fue a partir de mediado de año cuando el país empezó realmente a sufrir a gran escala la violencia de estos brotes terroristas. El 21 de julio más de una decena de personas murieron en Capital Federal a raíz de un atentado perpetrado por una agrupación comunista. La reacción del gobierno ante esta ola de violencia fue decidida: la totalidad de las Fuerzas Armadas actuarían para reprimir estos ataques, según directivas del ministro de Defensa. Semanas después se encontraría el primer caso de relación concreta de un grupo terrorista con la línea dura del peronismo.

Con respecto a la intromisión de la Fuerzas Armadas en el gobierno de la Nación, que por aquellos años era la norma y no la excepción, el gobierno se encargaba de afirmar que la institución militar no tenía ningún tipo de injerencia en la conducción del país, que no ejercía presiones ni tenía colores. A fines de 1964, la realidad se encargo de demostrar lo contrario: en diciembre cobraron fuerzas rumores de una denuncia del general Rauch sobre la existencia de maniobras golpistas dentro de las Fuerzas Armadas. Según Rauch, Frondizi, Frigerio y Jorge Antonio pretendían apoderarse del poder aprovechando la docilidad de ciertos altos oficiales de la cúpula militar. El gobierno le quitó importancia a las palabras de Rauch y el suceso no pasó a mayores, pero quedó demostrado que en las filas castrenses no era todo tan perfecto como se pretendía mostrar.

Pero en ese principio de 1965 el tema era otro: la crisis dominicana, que acaecía por entonces, tenía consecuencias directas en nuestro país; por un lado, el peligro de una nueva base comunista en América despertaba pasiones sociales y preocupaciones gubernamentales. Además, en mayo el tópico había comenzado a ser eje de discusiones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas por el envío de tropas como fuerzas de paz al país en crisis.

En junio, la tensión caribeña comenzó a apaciguarse. Cuando el tema dominicano desapareció de la escena nacional, se sintieron sus consecuencias más directas: el subsecretario de Relaciones Exteriores presentó su renuncia por el mal manejo del gobierno ante el conflicto y por la infiltración comunista producto del mismo. Consecuentemente, pocos días después volvieron a surgir los rumores de Golpe de Estado. Y, aunque el gobierno seguía empeñado en reafirmar el oficio democrático de las Fuerzas Armadas, el problema y los trascendidos ya se habían situado con vocación de permanencia en los debates nacionales.

El 18 de junio, aumentó la temperatura política a consecuencia de una conferencia de prensa del grupo Tacuara, en donde el mismo se proclamó entidad paramilitar y reconoció sus intereses de alcanzar el poder y su afinidad con el peronismo. La situación se agravó con declaraciones del ex-presidente Aramburu, quien afirmó que día a día aumentaban los rumores de ruptura del orden constitucional. Unas semanas después, cuando en Tucumán la tensión social por manifestaciones gremiales crecía, Illia firmó un decreto por el que se reincorporaba a los oficiales dados de baja por los sucesos de 1962 y 1963. Mientras tanto, comenzaban a hacerse comunes las reuniones de brigadieres, generales y almirantes.

El 9 de octubre, se conoció un conflicto entre el secretario de Guerra Avalos, y Onganía. Tres días más tarde la tensión en el Ejército alcanzaba una temperatura crítica; Avalos solicitaba el relevo de Onganía y renunciaba. El secretario de Guerra era reemplazado por el ministro de Defensa, quien retenía su cargo.

Por aquellos días, la visita de Isabel Perón y las cercanías del 17 de octubre hacían presagiar disturbios, pero un gran despliegue policial, la prohibición de realizar el acto y algunas otras medidas mantuvieron a las manifestaciones dentro de límites medianamente controlables.

El 22 se produjo uno de los hechos más lamentables que podrían haber ocurrido con vistas a futuro (tal como lo calificó Antonio Tróccoli, diputado por la UCRP), la designación de Castro Sánchez como nuevo secretario de Guerra, que provocó la renuncia del general Onganía. Es reemplazado por el general Pistarini como comandante en jefe del Ejército. Paralelamente surgía un nuevo tema de discusión en la sociedad y entre el gobierno y las Fuerzas Armadas: un incidente armado en Laguna del Desierto generó roces con Chile. Afortunadamente, Chile aceptó la solución pacífica y el problema no pasó a mayores.

Comenzado 1966 había motivos suficientes para pensar que ese año estaría en juego la subsistencia del sistema democrático, una creciente sensación de la inminencia de un golpe militar poblaba las calles. Las revistas aludían al golpe como un hecho seguro pronto a acaecer.

El 3 de mayo, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Armanini renuncia a su cargo aludiendo como causas para la decisión tomada, desgaste y razones éticas. Es reemplazado por el brigadier Adolfo Alvarez. El 29 del mismo mes, el general Pistarini pronuncia en presencia del Presidente un discurso en el que se refiere al vacío de poder. Menos de un mes más tarde Pistarini le comunica al secretario de Guerra que desconocen su autoridad y las Fuerzas Armadas anuncian que han decidido el derrocamiento del doctor Illia. El Presidente se resiste a abandonar la Casa de Gobierno pero debe hacerlo, a la madrugada siguiente, ante la inminente acción de la tropas rebeldes para desalojarlo por la fuerza.

3.3.1. instituciones

La Junta de Comandantes en Jefe, que asumió el gobierno desde 1966, dando lugar a la Revolución Argentina, ejerció un Poder Constituyente, que le permitió crear mecanismos constitucionales al margen de la Constitución Nacional. De esta forma la Constitución se vio totalmente alterada por obra de la Junta Revolucionaria.

En ejercicio de dicho Poder Constituyente dictó un cuerpo de normas conocido como el Estatuto de la Revolución Argentina. La Junta se disolvió apenas asumió la presidencia Juan Carlos Onganía, por lo tanto tan solo ejerció el Poder Constituyente un día.

En dicho estatuto plasmó normas de carácter jurídico-político, con las cuales regló el modo de ejercer el poder y los órganos del mismo a través de la elaboración de normas. Mediante el Estatuto, la Revolución otorgó al ciudadano una mínima garantía por cuanto reglaba que el accionar de la misma tenía como limite los fines establecidos en dicho Estatuto y en la Constitución Nacional.

Onganía asume el poder el 29 de junio de 1966; además de las atribuciones que establece la Constitución, ejerció facultades legislativas con excepción de las establecidas en los artículos 45, 51 y 52. A su vez podía convocar los organismos permanentes y transitorios para que se establecieran por Ley. Por lo tanto, el poder en esta primera etapa, estuvo concentrado en el Presidente de la Nación, quien a su vez era asesorado por un gabinete y dos Consejos: el CONADE y el CONASE.

El Estatuto dejaría sin efecto la separación de poderes, concentraría la función ejecutiva y legislativa en la persona del Presidente y le otorgaría la facultad de designar a los gobernadores de provincia, estos últimos a su vez ejercerían la función ejecutiva y legislativa en forma conjunta. También establecía que los jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia deberían prestar juramento dando prioridad a las disposiciones establecidas en el Estatuto y no las establecidas en la Constitución Nacional. Lo que es importante destacar, es que el Estatuto no establecía un limite temporal al período presidencial.

Al ser destituido Onganía, reasume el gobierno hasta el 19 de junio de 1970, la Junta de Comandantes, quien introdujo modificaciones al Estatuto. Así la Junta se aseguraba la participación en la acción de gobierno, por medio del ejercicio de funciones legislativas y el control de la conformación ministerial.

En esta segunda etapa de la Revolución Argentina, se modificó la estructura de poder, ahora la Junta cogobernaba con el Presidente, así, de un Poder Ejecutivo unipersonal se pasó a un Ejecutivo colegiado. De esta manera Lévingston debió compartir el poder con los comandantes.

Por otra parte, estos pensaban en una pronta salida institucional y llegaron a un acuerdo: los mandatos electorales serían de cuatro años; se adoptaría una variación del sistema francés de ballotage, por el cual si ningún candidato obtenía la mayoría estipulada se efectuaría una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

Nuevamente, el 22 de marzo de 1971 la Junta reasume el poder político destituyendo al Presidente. Se introdujeron nuevamente modificaciones al Estatuto de la Revolución Argentina. Así, se estableció que el gobierno sería ejercido por la Junta de Comandantes en Jefe, cuyo presidente, sería el Presidente de la Nación Argentina y desempeñaría funciones ejecutivas y legislativas según lo mencionado por el artículo 5^to del estatuto. La sanción de Leyes y decretos por parte de los miembros de la Junta sería sujeta a aprobación de los restantes miembros. En caso de que el Presidente tuviese que ausentarse del país, el gobierno sería ejercido por los otros miembros de la Junta.

Asume la presidencia de la Nación el general Alejandro Agustín Lanusse el 26 de marzo de 1971 y así queda inaugurada la tercera etapa de la Revolución Argentina, en la cual el poder fue ejercido a través de un triunvirato.

El 3 de mayo el gobierno emitió una Ley Declaratoria Fundamental, en la cual se pedía una enmienda a la Constitución Nacional . Lanusse sostenía que era necesario realizar ajustes para lograr definitivamente una democracia estable y eficaz. La Ley establecía claramente cuales eran los artículos de la Constitución Nacional que se iban a reformar pero no establecía como se iba a realizar esas enmiendas. Lo que el gobierno pretendía, era poner a prueba a los diferentes partidos políticos, antes del llamado a elecciones nacionales.

A pesar de las medidas represivas que aplicaba la Junta, eso no le impedía realizar todos los preparativos para la reforma constitucional. Los temas originales a reformar se habían cambiado como consecuencia de las objeciones y criticas llevadas a cabo por la Corte Suprema de Justicia. En función de esto, se decidió proponer los cambios a la Constitución Nacional , con naturaleza provisoria, así se permitiría a la futura Convención constitucional a promulgar esos cambios, no ya bajo la forma de Ley sino como un agregado al Estatuto de la Revolución. Esto de decidió de esta forma para evitar las criticas de la Corte Suprema de Justicia, que versaban sobre la ilicitud de realizar una reforma a la Constitución Nacional a través de una Ley ordinaria.

Dichas enmiendas establecían: Presidente y Vicepresidente serán elegidos directamente por mayoría de votos para un período de cuatro años y ser reelegibles para una sola reelección; senadores y diputados también serán elegidos directamente por el pueblo y se los podrá reelegir indefinidamente; habría tres senadores por provincia; se eliminaba la cantidad mínima que limitaba la designación de ministros; se autorizaba a las Cámaras a reunirse en sesiones regulares sin exigir la convocatoria del Poder Ejecutivo; cambiaban las reglas del quórum y se establecían mecanismos que permitiesen la aprobación de Leyes tales como la del presupuesto nacional. Con estas enmiendas se quería corregir o evitar todos los errores cometidos por los anteriores gobiernos constitucionales.

El 2 de octubre se dictó una Ley que establecía el sistema de elección del Presidente y Vicepresidente que se presentarían en una sola formula. Esta nueva Ley establecía una elección de desempate si ningún partido, obtenía una mayoría absoluta de los votos. La segunda vuelta se haría entre los dos partidos que hubiesen obtenido el porcentaje de los 2/3 de votos válidos. Los partidos que hubiesen obtenido el 15% de los votos podrían participar integrando una formula conjunta con los otros partidos principales.

Establecía también el sistema de elección de los senadores, cada partido nombraría una lista de dos candidatos para las tres vacantes, si ningún partido obtenía la mayoría absoluta se llevaría a cabo una votación en segunda vuelta. El primer partido en votos obtendría dos escaños mientras que el segundo en votos obtendría solo uno. La Cámara de Diputados establecía un sistema de elección proporcional al número de población.

Días más tarde la Junta emitió una declaración conocida como los cinco puntos. El punto uno brindaba la seguridad de que la Junta respetaría los resultados de las elecciones, el punto dos era un compromiso de apoyar las instituciones democráticas, el punto tres llamaba a respetar la independencia y el carácter inamovible del Poder Judicial como garantía de los derechos, principios y declaraciones, el punto cuatro rechazaba las amnistías indiscriminadas, el punto cinco pedía que las Fuerzas Armadas compartieran las responsabilidades del gobierno entrante.

Presentadas estas garantías por el gobierno se llevaron a cabo las elecciones triunfando la fórmula Cámpora-Solano Lima, los comandantes expresaron la sensación de haber logrado el objetivo primordial de restaurar el poder al pueblo por medio de las elecciones.

Fuera de escena los partidos políticos, la actividad gubernamental tendría como mayores preocupaciones la administración y saneamiento de la economía nacional, la mejora de las relaciones con los sindicatos, el control de la guerrilla y las relaciones netamente políticas por el acceso al poder formal. La economía y las relaciones con los sindicatos las veremos en la variable sindicalismo, la guerrilla en Fuerzas Armadas, y los entretelones del poder serán motivo de estudio en este apartado.

Tras el golpe del 28 de junio de 1966 la ciudadanía argentina permaneció muy tranquila. Tal desinterés popular y el apoyo de una minoría que aguardaba ciertos beneficios significaban, a los ojos del nuevo gobierno, un amplio consenso en su favor.

Y es que el pueblo argentino, en amplio número, pretendía una renovación política. En un país que bregaba con extrema impaciencia por un cambio vertiginoso, parecía que un gobierno como el depuesto (demasiado abocado a la conciliación y a la institucionalización) era lento, y que las vueltas parlamentarias sólo demostraban incapacidad ejecutoria y exagerada preocupación por los asuntos electorales.

Otros dos factores alentaban la atracción por una fuerza central definida: la división entre peronistas y antiperonistas, que impedía todo consenso; y la presencia de los sindicatos, capaces de perturbar sobremanera la conducción normal del gobierno pero incapaces de tomar todo el poder en sus manos.

Pero Onganía, mucho más que esa confianza popular, necesitaba algún género de aprobación de Juan D. Perón, algún signo que significara que, al menos inicialmente, sus adeptos se abstendrían de un enfrentamiento abierto. Perón fue cauteloso con el nuevo gobierno, se limitó a decir que no lo conocía pero que tenía buena imagen de él como militar. Acto seguido, el ex-mandatario lanzó un llamado a la unidad y a prontas elecciones. La proclama excedía de un simple consejo para convertirse en una clara amenaza: "Llegó el momento en que los argentinos deben ponerse de acuerdo. Si no, habrá llegado el momento de tomar las armas y pelear...".

A pesar de semejantes palabras, no hubo por parte del gobierno ninguno de los habituales compromisos de rápida restauración democrática, ni se autoimpuso plazos; porque no era una cuestión de tiempo sino de objetivos.

En el campo puramente político, Onganía consideraba que su tarea era la de dar al país un período de paz y crecimiento en el que se pudiera superar la antinomia peronismo-antiperonismo. En cuanto al futuro mediato, el Jefe de Estado no tenía ningún proyecto claramente definido, aunque había receptado ciertas ideas nacionalistas que perfilarían su futuro accionar.

Además, se encargó de afirmar (con palabras y con hechos) que la entrega del poder efectuada por las Fuerzas Armadas hacia él no implicaba que en el futuro fuera a haber un gobierno, o más bien un co-gobierno, político-militar. Su postura era bien clara, de aquí en más el sector castrense debía ocupar el lugar que le correspondía.

Por otro lado, Onganía creía en una presidencia fuerte, y como la Revolución Argentina había dotado al Presidente de facultades legislativas y ejecutivas, temía por la transferencia de poder hacia los ministros. La solución al problema fue la creación de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, por la que pasarían para ser evaluados todos los proyectos ministeriales.

En lo referente a la actividad concreta del gobierno, pese a toda la programación previa, el gobierno no pareció tener prisa en poner en marcha la tan mentada Revolución, se limitó a sancionar medidas que pusieran bien en claro la severidad e inflexibilidad que serían norma en los próximos años.

En medio de esta depresión se perfilaba una nueva oposición: la ideología de ésta era heterogénea, era una oposición juvenil que trataba de sumar a todos los sectores que se oponían al modelo económico liberal. Transcurridos algunos meses de 1968, Onganía dio signos de que la crítica comenzaba a sentirse: convocó a una reunión de funcionarios civiles y militares y los exhortó a realizar una profundización de la Revolución. Tales palabras se interpretaron como que el momento estaba maduro para empezar a crear nuevas estructuras institucionales. La idea era ampliar la base política gubernamental erigiendo en consejeros a miembros destacados de las comunidades profesionales.

Pero había una importante sospecha de que este participacionismo no era el camino de vuelta a la democracia o siquiera a la representatividad de los partidos políticos, sino un sustituto de ellos. Así, la participación empezó a parecerse al corporativismo italiano.

Como consecuencia de tales temores cundió el malestar entre el general Julio Alsogaray y sus seguidores. La reacción de Onganía fue el reemplazo de los comandantes en jefe de las tres Armas, haciendo carne aquello de que "las Fuerzas Armadas no gobiernan ni cogobiernan". El general Alejandro A. Lanusse asumió, en oportunidad de estos hechos la comandancia del Ejército.

1969 comenzó con buenos augurios: el ministro de Economía (Adalbert Krieger Vasena) por primera vez no requirió mayores esfuerzos a la población y, por otro lado, se inauguró el Complejo Chocón-Cerros Colorados. Pero pronto se desalentó tal entusiasmo inicial: en enero mismo se comenzaron a producir manifestaciones sociales en el interior del país, la iglesia endureció sus críticas y los estallidos guerrilleros se produjeron con mayor fuerza. Las organizaciones terroristas que llevaban a cabo esos desmanes eran las facciones más extremistas del peronismo y el comunismo.

La cima de estas manifestaciones sociales y atentados terroristas la constituyó el Cordobazo. No nos detenemos a hablar de este suceso aquí dado que lo hacemos en el análisis de la tercera etapa de las Fuerzas Armadas, simplemente enunciaremos las consecuencias que se relacionan con la vida civil y política. Y en ese ámbito, la significación del Cordobazo fue más allá de un cambio de cara: marcó el principio de las caída de Onganía; se constituyó en un llamado de atención para la Revolución Argentina de que era conveniente empezar a pensar en la restauración de un gobierno de iure; y por último, para aquella oposición que esperaba competencias electorales, se convirtió en un símbolo de que el régimen era vulnerable.

Pero antes de estos sucesos se daba otro hecho importante: Augusto Vandor había viajado a España para arreglar sus relaciones con Perón para que éste le diera la bendición como interlocutor autorizado ante el gobierno en nombre de los sindicatos peronistas. Pero tal autorización se vería frustrada meses más tarde por el asesinato del líder sindical.

Como consecuencia de este hecho, el gobierno acentuó su política represiva que resultó efectiva pero no trajo la paz.

Ante la fragilidad demostrada por Onganía, los radicales comenzaron a perfilarse para la vuelta al régimen democrático que consideraban inminente, pero no pudieron contra la firme decisión del Presidente de no tener trato con ningún partido. A pesar de ello empezaron a proliferar esquemas para una apertura electoral, pero también fueron rechazados. Así todo, aumentaron las presiones sobre Onganía para que hiciera referencia al futuro político del país y, aunque Lanusse favoreciera abiertamente alguna clase de salida electoral, aquél continuó firme en su decisión.

Comenzado el año 1970 y con un crecimiento muy acentuado del terrorismo como telón de fondo, apareció es escena el expresidente Arturo Frondizi, quien se refirió con estas duras palabras sobre el presidente:

La esperanza que el país depositó en el gobierno de... Onganía... está agotada. En estos casi cuatro años no se ha hecho la revolución sino que el gobierno se ha entregado a la contrarrevolución.

Pero Frondizi no fue el único en atacarlo; el general Lanusse, a fines de mayo resaltaba la crisis interna en que estaba sumido el gobierno a causa de una falta de firmeza en la conducción revolucionaria.

Paralelamente a las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, acaecía un hecho mucho más grave: el 29 de mayo un nuevo grupo de guerrilleros peronistas (llamado Montoneros) secuestraba y tres días después asesinaba al general Pedro E. Aramburu. El ex-mandatario había estado abocado en el intento de asegurar un regreso a las elecciones para cuyo fin ya había comenzado las conversaciones con el mismísimo Perón.

El asesinato de Aramburu y las cada vez más claras pretensiones corporativistas de Onganía generaron más insatisfacción con respecto al futuro institucional del país. Peor aun cuando se sugirió desde las Fuerzas Armadas retomar el dialogo con los partidos políticos, el Presidente se negó.

Era su final; el 8 de mayo Lanusse le informó que la Junta tendría mayor peso en el gobierno y Onganía respondió anunciando su destitución, pero ya era tarde, horas después él mismo debió renunciar.

El poder regresó a las manos de los jefes militares, comprometidos a impedir la aparición de otro Onganía y convencidos de que la vida política debía retornar a la Argentina con los partidos como protagonistas.

Inmediatamente surgió el problema del reemplazante de Onganía. Se pensó en un civil, pero los escollos era demasiados. Entonces se barajaron dos nombres: Lanusse (comandante en jefe del Ejército) y el almirante Pedro Gnavi (comandante en jefe de la Marina).

Lanusse se abrió y Gnavi propuso al agregado militar en Estados Unidos Roberto M. Lévingston. Veinte días después de la deposición de Onganía, el general Lévingston asumió la presidencia con importantes limitaciones, aunque una vez en el cargo hizo conocer que interpretaría tales cotos a su manera.

En medio de los incesantes atentados terroristas de las agrupaciones guerrilleras, los comandantes en jefe de las tres Armas se dispusieron a formar el nuevo gabinete. Dado que la Revolución Argentina estaba entrando en una faz política y que el nuevo Presidente no debía reunir el poder que reunió Onganía, se nombraron personalidades de mucho más renombre como el brigadier Mc Loughlin en Interior, de Pablo Pardo en Relaciones Exteriores y Francisco Manrique en Bienestar Social. El gabinete demostraba que las declaraciones iniciales de independencia solo pretendían salvar las apariencias.

Pero a pesar de la dependencia a la que se lo sometió, el nuevo Presidente comenzó a emular al anterior: enumeró una serie de necesidades económicas como base de la reestructuración política, llamó a la profundización de la revolución e insistió en la irreversibilidad de la disolución de los partidos políticos. Solo cedió en que les concedió a estos la función de consultores en tanto representantes de corrientes de opinión. Los comandantes, en tanto, seguían pensando en términos políticos (en una reforma constitucional).

Lévingston siguió luchando por una mayor independencia y, tras cuatro meses de lucha, logró dar un gran paso: consiguió la renuncia de los ministros de Economía e Interior. El siguiente paso lo constituiría el progresivo acercamiento a la línea nacional y popular dividida de la nueva oposición a la que nos referimos anteriormente. De esta forma desafiaba a la Junta y más precisamente al ultraliberal general Lanusse.

La Junta no bajó los brazos y también acudió al ingenio: propuso llamar a un referéndum para dar a Lévingston un mandato semi-constitucional de cuatro años como transición hacia la democracia.

Menos de un mes más tarde, se efectuó una reunión de los líderes peronistas, radicales del Pueblo y de otras agrupaciones menores que adoptó el nombre de La Hora del Pueblo y se comprometió a luchar por un pronto retorno electoral. El mensaje que surgía del cónclave era que los partidos políticos volvían a su labor y que no necesitaban para ello de ningún tipo de autorización. Habían quedado afuera los desarrollistas de Frondizi, los intransigentes de Alende y los comunistas (es decir, todos aquellos a los que Lévingston cortejaba con aquello de nacional y popular). Pero las cartas estaban echadas, peronismo y radicalismo representaban juntos tan abrumadora mayoría que el resto sólo constituía un ornamento.

Los primeros en manifestar su descontento con La Hora del Pueblo fueron los peronistas de izquierda; consideraban que la facción conservadora del partido pretendía acomodarse al régimen y decían que la bendición de Perón que estos habían recibido era una estrategia para desviar la atención del gobierno. Después de todo, ellos también la habían recibido.

A fines de año la situación era crítica, parecía como si después de más de 200 días se hubiera girado en circulo para llegar al punto de partida. En efecto, la situación era idéntica a la que había terminado con Onganía. Tras un movimiento muy parecido al Cordobazo, llamado Vivorazo, la Junta, comandada por Lanusse, decide limitar aun más el poder presidencial y el Presidente responde relevándolo, pero igual que un año y medio atrás, el Presidente debe renunciar. La única diferencia es que ahora, el detentor del poder real asume el poder formal.

La primera medida de Lanusse como presidente fue la designación del nuevo gabinete; en él brillaban Francisco Manrique, amigo personal suyo, y Arturo Mor Roig, un radical que durante el gobierno de Illia había ocupado la presidencia de la Cámara baja. La presencia de Roig en el gabinete de Lanusse era un símbolo del retorno a la normalidad institucional prometida. Incluso, Lanusse pretendió formar un gabinete pluralistas, incorporando a figuras peronistas (entre ellas a Antonio Cafiero), pero Perón les aconsejó a sus compañeros que rechazaran las propuestas. Seguidamente, Lanusse decretó la anulación de la prohibición sobre los partidos políticos. Tres meses más tarde, un nuevo estatuto regía la materia; en el mismo se establecía una cantidad mínima de miembros para evitar la proliferación de pequeños partidos.

Con las partidos principales ocupados en La Hora del Pueblo y la izquierda moderada (nacional y popular) en el Encuentro Nacional de los Argentinos, parecía que se estaba cerca de un acuerdo nacional, por lo menos sobre la necesidad de una salida democrática.

Y es precisamente ese Gran Acuerdo Nacional lo que el presidente pretendía; el mismo constaba de tres puntos: acuerdo multipartidario para un candidato, más aprobación del mismo por los militares, participación formal de estos últimos en el futuro gobierno y promesa de no dar una amnistía indiscriminada a los terroristas. Pero el gran anhelo de Lanusse era la autoproscripción de Perón, es decir, darle todas las libertades en la firme convicción de que no estaba en las intenciones del general la de volver al país.

Pero el Gran Acuerdo Nacional no tendría un camino excento de obstáculos. Tanto organizaciones guerrilleras como facciones militares se negaban a él, lo que desembocó en dos levantamientos armados: el primero al mando del general Eduardo Labanca y el segundo conocido como de Azul y Olavarría. Ambos levantamientos fueron controlados con relativa facilidad, lo que abrió definitivamente el camino electoral.

Antes del alzamiento de Azul y Olavarría (8 de octubre de 1971), Lanusse ya había concedido el calendario electoral a los partidos políticos. El llamado electoral se oficializaría en octubre de 1972, las elecciones serían el 25 de marzo de 1973 y dos meses más tarde asumiría el nuevo Presidente. Sin embargo, hubo algo a lo que Lanusse se negó a pesar de las presiones: anunciar públicamente que no tenía intenciones presidenciales.

Desde Madrid, Perón observaba con recelo los movimientos del Presidente y decidió entrar en escena: remplazó por Héctor Cámpora a su principal representante (Jorge Paladino), desautorizó a los miembros de la CGT, estimuló a las formaciones especiales (guerrilla) e instó a los partidos políticos a unirse en un Frente Cívico de Liberación Nacional (FCLN), en respuesta al Gran Acuerdo Nacional de Lanusse. Transcurridos algunos meses de 1972, la eficacia de las fuerzas de seguridad había aumentado gracias a los arrestos indiscriminados, la rápida y brutal represión de las protestas públicas, la tortura y el perfeccionamiento de los servicios de inteligencia.

Pero la izquierda no perdería sino reformaría la capacidad y fuerza de oposición. La Juventud Peronista había crecido rápidamente. Se trataba de un movimiento abiertamente político, que hablaba de la misma forma que los Montoneros, pero remplazando las balas con la agresividad verbal. Paralela a ellos surgió la Juventud Peronista de la República Argentina, apoyada por los sindicatos y representativa del viejo peronismo.

En julio de 1972 Lanusse estableció las reglas de juego para las elecciones: nadie podría ser candidato si no residía en el país en forma continua desde el 25 de agosto de 1972 hasta el 25 de marzo de 1973. El mensaje era claro: Perón debía volver o se autoproscribiría.

La carrera comenzó inmediatamente: Francisco Manrique renunció a su cargo (ministro de Bienestar Social), para presentarse como candidato; y lo mismo sucedió con Osiris Villegas (embajador en Brasil). Pero el 20 de agosto la tensión electoral fue interrumpida por un suceso lamentable: la masacre de Trelew.

Con este desvío del interés, la fecha clave paso, y ni Perón había vuelto ni Lanusse renunciado. Sin la figuras de la contienda, todo era un enigma. La estrategia de Perón era clara: sin él, Lanusse no se candidatearía, pero mientras que este último no tenía nadie que lo representara Perón tenía todo un movimiento a sus espaldas. Ahora, la única esperanza que le quedaba al presidente era que Perón aceptara la postulación de un candidato negociado. Esta propuesta implicaba una posibilidad para representantes de otros partidos y, mientras ella existiera todos evitarían enemistarse con el peronismo. Si se lo proscribía nuevamente, esta vez, los otros partidos estarían de su lado.

Internamente el viejo también realizó un movimiento estratégico: desautorizó a los sindicatos en términos del radicalismo (burocracia sindical) y dio la derecha a la Juventud Peronista. Al mismo tiempo presentó ante la Junta las "bases mínimas para un acuerdo de reconstrucción nacional", un proyecto político y económico que no se diferenciaba de otros (como uno de la CGE) pero que lo presentaban como la única posibilidad de conciliación; sin el, la juventud izquierdista, anticapitalista, antisindical y antimilitar sería incontrolable.

Sólo algunos pequeños partidos, ninguno con expectativas que excedieran la consecución de algún diputado, se lanzaron bajo sus propias banderas.

Más elevadas esperanzas tenían tres nuevas alianzas: la primera encabezada por Francisco Manrique, la segunda por el brigadier Ezequiel Martínez (ambos muy allegados al presidente e integrantes de su gobierno) y la tercera por Oscar Alende, quien se había unido originalmente al FCLN de Perón.

Entre tanto, la UCR fue el único partido que recurrió a los procedimiento formales para determinar su candidato. Ricardo Balbín supero en internas a Raúl R. Alfonsín, de cuarenta y cinco años y líder del "Movimiento de Renovación y Cambio" de centro izquierda.

Todo estaba listo, pero faltaba algo: el regreso de Perón, y era vox populi que ese suceso se produciría el 17 de octubre, sería la más grande convocatoria popular de la historia, pero no regresó. En cambio ese día se produjo el llamado formal a elecciones. Inmediatamente Cámpora viajó a Madrid y dos días después volvió al país con la gran noticia: Perón vendría el 17 de noviembre. Y lo hizo, pero una férrea custodia que le brindó el gobierno lo alejó de todo contacto con el pueblo. Posteriormente se reuniría con Ricardo Balbín y más tarde lo haría en una reunión partidaria con los principales referentes de todos los partidos.

El 6 de diciembre, el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) se oficializó dando fin al FCLN. Pero el tema más importante era el candidato; el sindicalismo y la Juventud Peronista pretendían a costa de todo, que fuera Perón mientras que los sectores más conservadores optaban por el respeto a la legalidad.

Perón en diciembre viajo a Paraguay sin dar a conocer el candidato, pero días más tarde lo anunció, no era ni él, ni un peronista destacado, ni un líder sindical, ni un prestigioso extrapartidario, era su leal delegado Héctor J. Cámpora acompañado por el líder del Partido Conservador Popular Vicente Solano Lima.

Los líderes sindicales no ocultaron su disgusto, mientras que la Juventud Peronista se apresuró a apoyar a Cámpora para tildar a los primeros de traidores. El resultado era redondo para Perón, todos los planes de los sindicalistas con Lanusse para una posible proscripción suya quedaron desbaratados.

Terminantemente Cámpora no podía postularse como candidato porque había violado las disposiciones de residencia continua. Pero se tenía la impresión de que Perón la había elegido precisamente por eso. De ser vetada su candidatura sería reemplazado por alguna figura mas irritante para el gobierno, lo que solo dejaría la opción de suspender las elecciones o proscribir al peronismo, soluciones inviables por la escalada de violencia que generarían.

Finalmente fue aceptada la candidatura de Cámpora-Solano Lima, realizándose un mitin de lanzamiento de la campaña, rompiendo la regla no escrita de Lanusse de que los políticos que hiciesen campaña, debían mantenerse ajeno a los subversivos. En dicha campaña, sobraron elogios para con los Montoneros y desaprobaciones en contra del gobierno militar. Fue en este momento cuando éste estuvo más cerca de la proscripción del peronismo como consecuencia de la violación de la Ley electoral.

La campaña peronista fue financiada: no solo del desembolso de fondos sindicales, sino también de fuentes privadas. José Ber Gelbard, líder de la CGE, actuó como un embajador ante el sector empresarial, tratando de recaudar fondos; pintaba a Perón como un hombre realista con capacidad para los negocios, que sus largos años de estadía en España le habían brindado gran cantidad de contactos que facilitarían el ingreso de capitales extranjeros al país.

En las elecciones sucedió lo que se esperaba, el peronismo recibió un gran caudal de votos, que le permitió el triunfo en primera vuelta, pero no alcanzó para evitar la segunda. Perón recibió, para la segunda vuelta, el apoyo de la izquierda no peronista que sumaba un 8% del padrón electoral lo que le bastaba para una amplia victoria. Pero, la UCR admitió su derrota, renunciando a la segunda vuelta, lo que significó el triunfo automático de la formula peronista Héctor J. Cámpora-Vicente Solano Lima.

El día de asunción a la presidencia de Juan Carlos Onganía, fueron invitados varios sindicalistas, esto fue interpretado como la admisión por parte del gobierno, de los sindicatos como un factor importante en la estructura de poder.

Los objetivos que proponía la Revolución Argentina, eran una alineación con Occidente, trabajo duro, Ley y orden, y la despolitización de los sindicatos dominados por los peronistas. Anulados por completos los partidos políticos, la actividad política giraría ahora en derredor de las relaciones entre el gobierno y los sindicatos.

Dichas relaciones se cortaron cuando debía renovarse el acuerdo salarial de los obreros metalúrgicos conducidos por Augusto Vandor; desoyendo los llamados del gobierno a la moderación, se lanzaron a las calles y luego de un enfrentamiento con la policía en Barracas, llegaron a una conciliación con el gobierno.

Otro motivo que irritó a los sindicatos fue cuando Onganía decidió aplicar planes de racionalización en empresas estatales, para hacer frente a la creciente burocratización, entre ellas se encontraban: el sistema ferroviario, todo el aparato estatal, con un gran exceso de personal y el puerto de Buenos Aires, abrumado por practicas restrictivas. Es así como en protesta por la reorganización del puerto, los trabajadores de los muelles lanzaron una huelga que iba a durar dos meses enteros. A los pocos días se le sumaron los ferroviarios, tras de ellos la CGT convocó una huelga general por 24 hs.

La Central confederal reaccionó emitiendo un documento condenatorio, acusando que todo lo ocurrido desde 1966 había servido para que los trabajadores se situaran en la vereda de enfrente del gobierno militar, impidiendo así todo tipo de relaciones y entendimiento.

El polémico ministro de economía, Krieger Vasena, anunció el congelamiento de los salarios, la CGT ya venía preparando un nuevo Plan de Lucha, que incluiría huelgas generales por 24 y 48 hs. El gobierno anunció públicamente que cortaría las relaciones con la CGT. Cumpliendo con este anuncio el gobierno procedió a la congelación de las cuentas bancarias de los ferroviarios y de los cortadores de caña de azúcar; a los obreros metalúrgicos, textiles, telefonistas y los trabajadores de la industria química se les retiro su reconocimiento legal y además se les congelaron sus fondos.

El gobierno insistía en la no reconstrucción de la CGT según viejos parámetros. En marzo de 1968, los líderes sindicales acudieron a un Congreso Normalizador. Hubo disputas acerca de la admisión de los sindicatos sometidos a la sanción del gobierno. El sector que respondía a Vandor, pensó que admitirlos en el congreso significaría el no reconocimiento de la CGT por el gobierno. Cuando el congreso aceptó a los sindicatos sancionados, los seguidores de Vandor se retiraron del mismo.

El congreso designó una nueva dirección, que recayó sobre Raimundo Ongaro, perteneciente al sindicato de los obreros gráficos y con fuerte impronta de pensamiento católico, es da ahí que el manifiesto elaborado por la CGT hiciese citas a las encíclicas papales como: Mater et Magistra, Pacem in terris y Populorum Progressio.

Entre el clero, existía un movimiento conocido como el de los curas-obreros que patentizó un cambio en el pensamiento y táctica católicos; el episcopado era marcadamente conservador, pero desde 1965 obispos como Antonio Quarracino y Alberto Devoto habían empezado a preocuparse por los problemas sociales que afectaban principalmente a la clase trabajadora.

La facción de Vandor, que se había retirado del Congreso Normalizador, decidió ignorar al mismo y convocó al cuerpo directivo de la CGT y dispuso la suspensión de todos los sindicatos que habían participado en el congreso. Así hubo una vez más dos CGT. La de Ongaro, que se llamó la CGT de los Argentinos, fue conocida como CGT-Paseo Colón y la CGT de Vandor, que fue llamada la CGT-Azopardo. Esta última trato de ganarse el apoyo del gobierno nacional, no lo logró, pero al menos pretendía ser una CGT organizada, en cambio la CGT Paseo Colón eligió el enfrentamiento desde el principio.

Los estudiantes argentinos, empezaron a movilizarse, fueron a la huelga en todo el país, chocaron con la policía en La Plata, Córdoba y Tucumán.

En la provincia de Córdoba es donde más fuertemente manifestaron sus sentimientos contrarios al gobierno. Desde septiembre de 1967, el gobernador Carlos Caballero creó un Consejo Económico y Social que estaría formado por sectores de la sociedad: empresarios, profesionales y obreros. Su papel sería meramente consultivo y trataría solo los temas elegidos por el gobierno. El 29 de mayo de 1968 se celebraba en Buenos Aires el Día del Ejército Nacional. En Córdoba, en cambio, el delegado de la SIDE, (Secretaría de Inteligencia del Estado) envió un comunicado a Buenos Aires anunciando los sucesos que se empezaban a manifestar. Una gran multitud voceando lemas contra el gobierno iba marchando hacia el centro de la ciudad. Estaba compuesta por un gran número de estudiantes, trabajadores de la industria automotriz, los acompañaban también empleados de clase media y eran alentados por las amas de casa. Los primeros en llegar al centro de la ciudad fueron los obreros metalúrgicos, y también fueron los primeros en chocar con la policía provincial. El furor de la multitud fue incontenible, se levantaron barricadas por toda la ciudad y fueron destruidos cuantos autos se encontraban. Córdoba fue declarada zona de emergencia y se advirtió a la población que las tropas del Ejército estaban en marcha.

Mientras estos hechos comenzaron a ser moneda corriente, los líderes de la CGT de los Argentinos de Ongaro anunciaron una semana de lucha. Días más tarde, rumores de reunificación de la CGT, maquinados por Vandor desecharon el plan de movilización. Meses más tarde Vandor viaja a Madrid para lograr la autorización de Perón como interlocutor de los sindicatos peronistas.

Las CGT de los Argentinos no logró atraer a los grandes sindicatos, pero su popularidad creció entre los estudiantes y el clero radical. Al retorno de Vandor de Madrid, ya contaba con la aprobación de el viejo para llevar a cabo la unificación del movimiento sindical y así lograr un acuerdo con el gobierno. En la mañana del 30 de junio, Vandor estaba trabajando en su despacho de la sede de la UOM (Unión Obreros Metalúrgica) tratando de coordinar su estrategia, pero de repente lo interceptaron cinco hombres y le dieron muerte.

Ante este suceso Onganía convocó una reunión urgente del Consejo Nacional de Seguridad, y a las pocas horas se impuso el estado de sitio. La CGT de los Argentinos fue allanada y Ongaro y otros dirigentes fueron detenidos.

A principios de octubre el gobierno se debió enfrentar nuevamente con rumores de huelga. La respuesta de Onganía fue un aumento de los salarios, seguido de la noticia de que no se permitiría que las negociaciones colectivas incluyesen discusión sobre los salarios sino tan solo discusiones sobre condiciones de trabajo.

Durante la presidencia de Lévingston, éste debió enfrentar nuevas presiones y huelgas por parte de la CGT, sumadas a las redadas antiguerrilleras que enfrentaba el gobierno. Luego de los escasos nueve meses de gobierno de Lévingston el mismo fue reemplazo por el general Alejandro Lanusse, quien en su espíritu del Gran Acuerdo Nacional, trató de hacer participar a los sindicatos en la política económica representados por la CGT, y a los empresarios. Como interlocutores de estos últimos Lanusse eligió la Confederación General Económica (CGE). Lanusse tuvo que hacer frente a una huelga general antes de poder lanzar lo que el denominó tregua social.

Lanusse y los jefes sindicales tenían algo en común: todos se sentían amenazados por una militancia cada vez más radicalizada entre los miembros de base de los sindicatos, que se estaba desarrollando paralelamente a la izquierda peronista y por ende a las organizaciones guerrilleras.

Conquistar el apoyo de la CGE no fue tarea fácil para Lanusse, por la presión ejercida por las huelgas llevadas a cabo por la CGT; los empresarios exigieron un acuerdo multipartidario sobre las líneas generales de medidas económicas, y más tarde un acuerdo sobre el mismo tema con la CGT, antes de responder abiertamente a las propuestas de Lanusse.

El gobierno nacional anunció la descentralización del aparato estatal, transfirió el Banco Nacional de Desarrollo a la provincia de Córdoba, y propuso la aplicación de una disposición constitucional olvidada, la participación obrera en la administración y los beneficios de las empresas. Mientras tanto el ministro de Bienestar Social Francisco Manrique trató de resolver la penuria de la industria azucarera tucumana, devolviendo los ingenios intervenidos.

La promesa de la reorganización institucional, y el llamado a elecciones y el retiro de la proscripción peronista, por parte del gobierno de Lanusse, permitió el retorno a nuestro país del general Juan D. Perón. Dejo claro que su tarea principal no concernía a la Juventud Peronista. Otorgó una audiencia a la misma, e hizo la adecuada clase y cantidad de gestos estimulantes en su presencia, pero sus objetivos eran: el estamento político, los militares y el conjunto de la población.

Los jefes sindicales insistían en que Perón debía desafiar a la proscripción de Lanusse. Perón sospechaba que los jefes sindicales buscaban dicha proscripción, porque así quedarían dueños de la situación y les permitiría negociar un candidato con las autoridades militares; también sospechaba que los izquierdista pretendían la proscripción, entonces esto sería la excusa de una insurrección. Finalmente la formula que apadrinó Perón fue Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima.

Los líderes sindicales se espantaron y no se molestaron en ocultar su disgusto. La Juventud Peronista, en cambio, se apresuró en apoyar a Cámpora, esto era una táctica que argumentaba su creencia de que los burócratas sindicales eran traidores al movimiento. Claramente los jefes sindicales, palparon lo que les sucedería sino apoyaban la formula. En el momento de elegir candidatos para el Congreso, los miembros de la Juventud Peronista figuraban de modo destacado entre los elegidos; los jefes sindicales no figuraban en absoluto. Pero el ataque a los jefes sindicales, fue hecho en el mejor estilo de Perón, dejándoles una vía de escape. En el momento en que la candidatura fue aceptada, los líderes sindicales ya no tenía nada que hacer y se dieron por vencidos acudiendo al lanzamiento de campaña.

A pesar de estos acontecimientos, el mando del movimiento continuó en Madrid, y contó con el apoyo de la derecha del movimiento, una alianza entre José López Rega y José Ber Gelbard de la CGE, con José Rucci de la CGT. El 11 de marzo en elecciones nacionales se consagró la formula Cámpora-Solano Lima para la presidencia y la vicepresidencia.

La Junta Militar Revolucionaria (JMR) al tomar el poder en manos de Illia generó en algunos sectores de la sociedad una sensación de alivio y optimismo. Este golpe decía tener como objetivo fundamental establecer un gobierno que contribuyera a la modernización y transformación para la unidad nacional y el bienestar general, por lo que anunciaban el relevo de sus cargos al Presidente, Vicepresidente, integrantes de la Corte, gobernadores y vicegobernadores, la disolución del Congreso Nacional, Legislaturas Provinciales y todos los partidos políticos; nada decía sobre las organizaciones sindicales, con cuyo apoyo esperaba contar.

Efectuado el golpe, la JMR visitó a Juan Carlos Onganía, a quien le ofreció el puesto presidencial y de esta forma quedaba demostrado que habían sido las Fuerzas Armadas y no él quienes habían derrocado al presidente Illia. Durante los primeros días de su gestión de gobierno, el personal militar ocupó una gran cantidad de puestos políticos, contrario esto a la postura del nuevo Presidente quien pretendía trazar una línea entre los militares en actividad y el gobierno, ya que consideraba que este no era un gobierno de color militar. Pero a pesar de la actitud presidencial los militares observaron la política gubernamental llevada a cabo, manteniéndose en vigilancia constante. A pesar de que el Estatuto de la Revolución establecía explícitamente que se utilizaría las Fuerzas Armadas en caso que disturbios internos o desastres naturales, si estos pusiesen en peligro el orden interno del país, la realidad fue otra, y así podemos palpar como influyeron las actitudes militares en asuntos no militares; el ejemplo más claro fue la decisión de eliminar las autonomías universitarias. Durante mucho tiempo se considero al ambiente universitario como el más propicio para el ejercicio de políticas comunistas y terroristas; es así como en esta decisión prevalecieron las consideraciones militares y de seguridad.

Ya habían transcurrido tres meses de gestión de gobierno y las criticas por parte de algunos militares, específicamente de la Marina, y de la prensa comenzaron a aflorar. El gobierno nacional actuó de inmediato, pidió las renuncias de todo el gabinete a fin de eliminar los blancos de la critica; de ahora en adelante el presidente contaría con un gabinete conformado lejos de la injerencia militar y heterogéneo desde el punto de vista ideológico, dentro de sus miembros más conocidos se encontraba el ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena. Las reuniones de gabinete eran muy esporádicas y a su vez el Presidente no aceptaba que se utilizarán para debatir puntos de vistas políticos.

Debido a diferencias que databan de largo tiempo, las relaciones entre el comandante en jefe del Ejército general Julio Alsogaray y el Presidente Onganía se deterioraban diariamente, ya que fiel a su postura el presidente no aceptaba sugerencias del general Alsogaray que no estuviesen directamente relacionadas con el Ejército; a su vez este último sentía el derecho y el deber de presentar la posición del Ejército relacionada con temas políticos, pero descubrió que el Presidente no estaba dispuesto a escucharlo.

La situación entre el Presidente y el comandante en jefe del Ejército se tornó insostenible, y en agosto, cuando los militares se encontraban participando de la Operación Alborada, Onganía decidió reemplazar al general Alsogaray y nombrar en su lugar al ingeniero Alejandro Lanusse. Para el gobierno nacional este remplazó significó eliminar los últimos vestigios de la Junta Militar y consolidarse como jefe de la Revolución Argentina, además demostró que podía gobernar sin tener que escuchar las quejas de los cuarteles.

Meses más tarde al reemplazó de los comandantes militares, se generó temporalmente una relativa paz social que de todas formas no durará mucho tiempo. Existían instituciones donde las presiones sociales estaban latentes, esto se verificó en las Universidades nacionales, donde muchos activistas estudiantiles estaban relacionados con partidos políticos prohibidos, la negativa a elecciones significaba que las energías y aspiraciones de los jóvenes tenían que ser redirigidas. Para algunos significaba participar en la oposición política activa a un régimen apoyado por los militares; para otros significaba entrar en el mundo clandestino de las actividades subversivas. Prueba de ello serán las protestas estudiantiles que desencadenarán en terribles hechos.

A fines de mayo de 1969 la ciudad de Córdoba fue escenario de un motín masivo, protagonizado por los estudiantes y obreros del automóvil. Se declararon en un paro activo e ingresaron en la ciudad incendiando coches y autobuses, a ellos se sumaron ciudadanos comunes, la ciudad durante 48 hs. se transformo en un campo de batalla. Estos hechos que se conocieron como el Cordobazo fueron consecuencia de una cantidad de factores: los esfuerzos de organización de los líderes laborales y estudiantiles, el estímulo de ciertos políticos y sacerdotes católicos, etc.

Este levantamiento dividió al Ejército: Onganía y sus seguidores culpaban a la influencia cubana, el otro grupo encabezado por el comandante en jefe del Ejército, general Alejandro Lanusse, prefería hacer concesiones. Esto iba a generar tensiones entre los antiguos camaradas de Armas: el Presidente y el comandante en jefe del Ejército. Como consecuencia de esto Onganía decidió renovar su gabinete y así subsanar los efectos negativos, para su gobierno, del Cordobazo.

En los meses que siguieron a este, se sucedieron hechos de violencia, como ser el asesinato de Augusto Vandor por una banda desconocida, los ataques a una cadena de supermercados de Buenos Aires en los que la familia Rockefeller tenía inversiones importantes. En marzo de 1970 el Frente Argentino de Liberación, raptó y luego liberó al cónsul paraguayo en la ciudad de Posadas. En junio los Montoneros -Comando Juan José Valle-, asombró al país, secuestrando y luego asesinando al ex-presidente Pedro E. Aramburu.

A fines de 1970, tres nuevos grupos peronistas entraron en acción -los Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Sumados a estos aparece un cuarto grupo no peronista conocido como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que representaba a un partido Trotskista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Las guerrillas peronistas desplegaron su accionar fundamentalmente en Buenos Aires, mientras que los grupos guerrilleros no peronistas lo harán en el interior del país.

El grupo de los Montoneros estaba encabezado por Mario Firmenich, que había secuestrado al ex-presidente Aramburu. Las bandas guerrilleras estaban integradas principalmente por ex-estudiantes o profesionales, familias de clase medias y la mayoría muy jóvenes. Todos los grupos guerrilleros pregonaban una Revolución Popular.

Las diferencias entre los grupos guerrilleros peronistas (Montoneros) y no peronistas (ERP) fueron muy marcadas. El primer grupo poseía ideales de base urbana, populistas y nacionalistas, querían destruir la oligarquía, mantener la no alienación internacional, se comprometieron llevar una lucha en dos frentes: contra el Ejército y contra los peronistas menos radicalizados. El ERP representaba la vieja izquierda argentina, entre sus miembros más importantes se encontraba su líder, Mario Santucho, no pretendían la toma del peronismo, querían una movilización de los obreros no peronistas, su base era el interior del país y principalmente Córdoba.

Mientras tanto y ante los hechos de violencia, las relaciones entre el Presidente y el comandante en jefe del Ejército, pasaban por un período de equilibrio inestable. Los dos pregonaban para que la obra de gobierno continuase, sin embargo entre sus seguidores respectivos se respiraba aires de desconfianza. Los ayudantes del Presidente veían con malos ojos los retiros, promociones y destinos a otros puntos del país, de varios militares, creían que el objetivo de esta maniobra era eliminar partidarios del Presidente. A su vez Lanusse consideraba que desde el Ministerio del Interior se estaba orquestando una campaña en su contra.

Esta situación de tirantez hacía creer en el comandante en jefe del Ejército que un choque con el presidente iba a ser inevitable y que era muy probable que ocurriese en algún momento a mediados de 1970. Dada esta perspectiva, Lanusse comenzó a emitir instrucciones para que se hiciera un estudio de las medidas que el Ejército debía adoptar en caso que hubiese que reemplazar a Onganía. Y al mismo tiempo ordenó que se estudiara los elementos esenciales para una salida política y la consolidación definitiva de una democracia sin limitaciones.

Paradójicamente, la cordialidad y el buen trato, entre el Presidente y el comandante en jefe del Ejército, iba en aumento. Así el Presidente realizó cambios importantes en el personal y política del gabinete. Pero a pesar de sus buenas intenciones estos cambios fueron en vano, día a día los enfrentamientos entre los miembros del gabinete no hicieron sino que contribuir a un deterioro de la figura política de Onganía. Por su parte Lanusse, contribuyendo a mejorar la relación con el Presidente, le presentó al mismo un informe a cerca del clima de opinión en el país y específicamente en el Ejército. En dicho informe Lanusse trató de demostrar cuan grande y creciente era la oposición al gobierno. Lanusse tenía esperanzas de que Onganía reaccionara de modo positivo a las preocupaciones que le había manifestado.

Lanusse y Onganía convinieron en una reunión en Olivos con los más altos mandos del Ejército, quienes en función del informe presentado por Lanusse, encontraban las ideas de Onganía perturbadoras como teoría y altamente impracticable. Pero para asombro del comandante en jefe del Ejército, en dicha reunión el Presidente expresó que no compartía los puntos de vistas presentados por Lanusse. A partir de ese momento la relación entre ambos se rompió definitivamente y los acontecimientos que se precipitarían, eran cuestión de tiempo.

Sumado a esta situación política, la situación social estaba cada día más violenta, si sumamos a esto el aniversario del Cordobazo. Prueba de esta creciente violencia social fue el secuestro y asesinato del general Aramburu, este hecho desgraciado fue un duro golpe al prestigio del Presidente y a la falta de capacidad del mismo Lanusse para poner fin a esta forma de violencia extremista.

Las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas estaban rotas; luego de una gran cantidad de reuniones entre la Junta de Comandantes, se decidió redactar un acta secreta que fue firmada por el almirante Gnavi y el brigadier Rey, citando en la misma la incapacidad de llegar a un acuerdo con Onganía y al mismo tiempo los firmantes declaraban su decisión de asumir los poderes de gobierno otorgados por el Estatuto de la Revolución Argentina y deponer al general Onganía como presidente de la nación. El acta también estipulaba que en un período no mayor a diez días se nombraría a un nuevo Presidente.

Estos hechos acaecidos el 8 de julio, trasladaron el control del gobierno a la Junta de Comandantes quienes ahora deberían decidir quien ejercería los poderes presidenciales. Con el general Lanusse retirándose de la carrera presidencial, el desafío para elegir un presidente era muy difícil. Finalmente es designado de común acuerdo por los tres Jefes de la Junta el general Roberto M. Lévingston, al asumir el 18 de julio tuvo que aceptar el hecho de que la Junta había nombrado gobernadores para las provincias de Buenos Aires y Córdoba y que también había designado algunos miembros del gabinete. Pero al poco tiempo algunos ministros renunciaron y Lévingston nombró a sus partidarios. Estos cambios formaban parte de un esfuerzo por superar la contradicción que había entre el origen de su poder y su insistencia en que era la autoridad suprema dentro del gobierno.

La situación entre el Presidente y el comandante en jefe del Ejército continuaba deteriorándose. El Presidente confiaba en su propia capacidad en promover una actitud conciliatoria dentro del país y en lograr apoyo para su gobierno. Pero a pesar de esto, se encontraba cada vez más aislado.

De a poco, Lévingston consideró que el elemento crucial para su supervivencia era la actitud de las Fuerzas Armadas; al nombrar como ministro del Interior al brigadier Cordón Aguirre se aseguro el apoyo de las Fuerzas Aéreas, pero su principal problema era el Ejército y su comandante. A pesar de los rumores de enfrentamiento entre ambos, Lanusse había declarado públicamente su apoyo a Lévingston. Estaba preocupado ante el fracaso político del gobierno, en moverse con rapidez en el frente político, actitud que afectaba a las Fuerzas Armadas. Ante esta situación Lanusse creyó conveniente llamar a un plebiscito a fines de 1971. Esto permitiría a Lévingston seguir como Presidente por la voluntad del pueblo y suministrar una transición de cuatro años a la normalidad institucional.

A principios del mes de noviembre el Presidente estuvo de acuerdo en hacer contactos con los políticos, así el 9 de noviembre se reunió por primera vez con Ricardo Balbín. Lanusse veía ventajas para el Ejército, en estas reuniones, así se le permitiría al mismo explicar su posición respecto al proceso político y en consecuencia autorizo a sus ayudantes a reunirse con políticos.

Durante las reuniones mantenidas, líderes del partido radical le dieron a entender a los oficiales que habían perdido toda esperanza en Lévingston y que estaban dispuestos a negociar con la Fuerzas Armadas sobre la próxima presidencia y que aceptarían por lo menos por un período de gobierno más, a un militar.

El principio del fin de la relación de cooperación mutua entre el Presidente y Lanusse, se dio en ocasión del discurso que el éste ofreció en Neuquén, en él Lévingston se apartó de los consejos que los miembros de la Junta le habían ofrecido. Las reacciones al discurso del Presidente no tardaron en llegar, Lanusse consideró denigrante los dichos del Presidente. De aquí en adelante se notó claramente que el Presidente por su parte y los militares por la otra estaban embarcados en caminos políticos divergentes. Al parecer el Presidente y su ministro de Interior estaban interesados en crear un movimiento político pro-gobierno, sostenían que tenían capacidad de imponer su proyecto político a pesar de las opiniones de los líderes partidarios peronistas y radicales.

Lévingston, comenzó a tener actitudes que podían llegar a revelar la intención de relevar del cargo a varios altos funcionarios del gobierno que se creía cercanos al comandante en jefe del Ejército, como el ministro de Bienestar Social Francisco Manrique y más tarde pidió la renuncia del intendente de Buenos Aires, general (R) Iricíbar. Al mismo tiempo, el general Lanusse había enviado una lista con nombres sugeridos, para reemplazar a algunos gobernadores de provincia, pero el Presidente prestó poca atención, al designar los hombres que el creía convenientes.

Pero a pesar de las actitudes del Presidente, el comandante en jefe del Ejército y el almirante Gnavi, trataron de cerrar las diferencias en sus relaciones con Lévingston. Así se preparó una reunión especial de la Junta con el Presidente, los temas a tratar por la misma serían: que el Presidente regularizará sus relaciones con los tres comandantes y consultará con ellos por adelantado todas las decisiones importantes, entre otros temas; pero no tuvo éxito, el presidente Lévingston no consideró las propuestas de la Junta, no estaba dispuesto a aceptar ninguna prerrogativa por parte de ella.

Durante el gobierno de Lévingston, en febrero de 1971 estalló en Córdoba una segunda manifestación explosiva y violenta que fue provocada por las agresiones verbales del gobernador local contra los opositores, a quienes llamó víboras. Así entonces se bautizó a este movimiento apodándolo el viborazo. Su apariencia era mucho más peligrosa que el anterior, con participación del ERP quien movilizó a los manifestante y los indujo a cometer actos de sabotaje. Esto generó una indignación dentro del Ejército por cómo el gobierno manejó la situación. Como consecuencia de este movimiento el gobernador fue destituido y se declaró la provincia en estado de emergencia.

Automáticamente la Junta decidió cambiar las reglas, imponiendo nuevas limitaciones a la autonomía del Presidente. Pero cinco días después del viborazo, Lévingston, destituyó del cargo a Lanusse y nombró en su lugar al general Cáceres Monié. Este aceptó pero sólo para reinstaurar a Lanusse en el cargo horas más tarde. Posteriormente a este hecho la Junta anunció la deposición del general Lévingston y ocupó el cargo de Presidente de la Nación el jefe de la Junta, el general Alejandro Agustín Lanusse.

Este asume y nombra como ministro del Interior a Arturo Mor Roig, perteneciente al gobierno que Lanusse había derrocado cinco años antes. Todo ello era un síntoma del retorno a la normalidad institucional que había prometido Lanusse.

Denominó a su política de gobierno el Gran Acuerdo Nacional, pocas veces explicado en detalle en sus objetivos, buscaba un acuerdo entre los principales partidos políticos sobre un candidato a la presidencia; luego este candidato debía contar con la aprobación de los militares y también se les debía otorgar a estos últimos una participación formal en el gobierno y al mismo tiempo no se debía otorgar una amnistía indiscrimanada, para evitar que los prisioneros políticos se vieran beneficiados, lo que significaba que los terroristas debían continuar en prisión.

Con Lanusse, por primera vez después de 1955 un gobernante militar había expresado que tenía intención de hablar con Perón. Este reconocimiento tardío a Perón y a los peronistas se debió más bien por temor del gobierno y así evitar que ante la ausencia de solución política, esa inquietud expresada por la ciudadanía fuese captada por los que practicaban la violencia organizada, las organizaciones guerrilleras.

Así, durante el gobierno de Lanusse se le dio un duro golpe a las organizaciones guerrilleras, se aprobó una Ley para la represión del terrorismo, que establecía castigos más duros para una serie de delitos subversivos. Las desapariciones empezaron a multiplicarse, al igual que las alegaciones de tortura y malos tratos. Hubo éxito en la campaña antiguerrillera, se descubrió un campo de entrenamiento en Córdoba y otro en Rosario y varios líderes fueron capturados. Pero a pesar de esto la violencia e inseguridad continuaba creciendo.

Lanusse también debió enfrentar un intento de golpe, liderado por Eduardo R. Labanca, pero el llamado al golpe no acogió ningún eco entre los comandantes de las unidades militares; seis meses más tarde un par de regimientos de las ciudades de Azul y Olavarría se rebelaron, Lanusse respondió ordenando a la Décima Brigada de Infantería que rodease y aplastase a los rebeldes. Este levantamiento fue el último que tuvo que enfrentar Lanusse.

A continuación, el gobierno nacional estableció las reglas de juego para las futuras elecciones, la realidad del espectro político era la siguiente: Lanusse y Perón en el centro del gobierno, las acciones guerrilleras y movilizaciones radicales -por otro lado- , y los políticos en los bastidores, esperando una recompensa.

Sólo interrumpió la carrera electoral un suceso ocurrido en la provincia de Chubut, cuando se perpetró una fuga de la prisión de Rawson. Veinticinco guerrilleros presos escaparon hasta el aeropuerto de Trelew. Un reactor comercial fue secuestrado por otros guerrilleros, aterrizó para recoger a seis de ellos, entre ellos Mario Santucho, líder de ERP y Roberto Quieto líder del FAR. Los restantes diecinueve fueron detenidos y llevados a una base naval cercana. Días más tarde llegaron noticias de que todos los prisioneros excepto tres habían muerto. La Marina dijo que se les disparó cuando intentaban fugarse nuevamente, los sobrevivientes declararon que fueron fusilados. Desde aquí se conoció este hecho como la Masacre de Trelew. Este hecho fue el único que opaco el camino hacia las elecciones nacionales.

Levantada la proscripción peronista por parte de Lanusse, Perón se aprestó a regresar al país, en su llegada se desplegó un gran operativo de seguridad, pero esto no impidió que se enfrentaran en las cercanías de Ezeiza miembros de la Juventud Peronista Izquierdista con miembros de la Juventud peronista radicalizada. Días más tarde, Perón se dirige al Paraguay y desde allí designó a Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima como candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidente.

En función de la hipótesis que nos propusimos comprobar, desarrollamos a lo largo del trabajo diferentes variables que nos permitieron corroborar que los sucesos acaecidos entre 1955 y 1973 no configuraron hechos que merecen el calificativo de Revoluciones propiamente dichas, ya que una Revolución implica un cambio de raíz en la estructura política, social, institucional y económica de un país.

Si se hubiese tratado de Revoluciones, no hubiese sido posible, que tras las mismas regresase el gobernante que se destituyó en 1955 por medio de la Revolución Libertadora -Juan D. Perón-. A pesar de que el objetivo de la Revolución fue tratar de cambiar la estructura establecida por el mismo, aniquilando al peronismo y a Perón, paradójicamente en el año 1973, finalizada la Revolución Argentina, vuelve el poder a sus manos.

Los gobiernos que se sucedieron desde 1955 a 1973 se caracterizaron porque: entre 1955-1966, trataron de destruir y crear una alternativa civil que pudiese contar con el apoyo mayoritario, gobiernos civiles no peronistas y militares se adueñaban del poder pero no podían mantenerlo, los peronistas podían derribar gobiernos pero no podían obtener el poder; entre 1966-1973, la lucha entre militares y peronistas se agravó, el Ejército estableció una política autoritaria y la violencia y la revuelta se adueñaron de la sociedad.

Si a la violación o falta de garantías y derechos constitucionales acaecidos en los dos procesos revolucionarios, los vemos desde el punto de vista de una modificación de hecho de las normas jurídicas imperantes y del estado social reinante, de algún modo podríamos decir que estamos ante verdaderos procesos revolucionarios, pero por nuestra parte preferimos considerar que se trata simplemente de una inobservancia de Leyes preconstituídas.

Estos gobiernos que se instauraron lograron una inestabilidad política del sistema institucional argentino y se caracterizaron por una alternancia periódica de gobiernos civiles débiles con gobiernos militares fuertes. Si estos últimos hubiesen alcanzado una estabilidad política, tal vez habrían logrado el objetivo de consolidación institucional, entonces sí, estaríamos ante una Revolución. Cuando se utilizan los calificativos de débil y fuerte, no se hace referencia a los mismos por razones de vestimenta, sino en función de los intereses que ellos mismos representan. Así los gobiernos populares representan a los intereses de las grandes mayoría nacionales, mientras que toda dictadura militar defiende intereses de minorías privilegiadas y así estas preservan las estructuras de poder impidiendo el ascenso de las mayorías al mismo. Muestra clara , de esto último, fue el papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas en el poder, no permitiendo el ascenso y la participación de la ciudadanía por medio de los partidos políticos que las representaban, y hasta en algunos casos proscribiendo a los mismos, impidiéndoles el acceso normal a los resortes de poder.

En cuanto a los derechos de los habitantes, los más golpeados fueron los de la clase trabajadora, que con la irrupción del gobierno militar vieron menguadas todas las conquistas sindicales antaño logradas, y así se ve claramente en el análisis de la variable del sindicalismo, cómo derechos básicos tales como el de huelga fueron proscriptos por el gobierno militar y también se intervino la CGT. Analizando la variable mencionada podemos deducir que, aunque se expresaba una pretensión de lograr cambios radicales, se demuestra que lo único que se intentaba llevar adelante era depositar el poder gremial en otras manos que no fuesen peronistas. Esto nos demuestra que tampoco esta variable sufrió los cambios radicales necesarios para ser una verdadera Revolución.

Analizando dentro de la variable instituciones la Constitución Nacional, observamos que se dio un importante suceso, tal vez el que más se acerca al calificativo de Revolución de todos los dados: la derogación de la reforma constitucional de 1949. Aunque visto desde el punto de vista más analítico y si se consideraran tan amplias las diferencias entre la Constitución Peronista y la Constitución Nacional de 1853, como para llamar Revolución al cambio producido, consideramos que habría que replantear el tema en términos de contrarrevolución, puesto que el decreto derogatorio de la Constitución Nacional de 1949 no genera un nuevo sistema jurídico fundamental sino que, regresa al que rigió al país hasta menos de una décadas atrás.

Por último, entre los años 1955 y 1973 aquellos pocos mecanismos constitucionales que se pusieron en marcha, emergieron automáticamente de una ficción jurídica que caracterizaba a dichos gobiernos. Las autoridades electas, aún en ejercicio del gobierno, no controlaban la extensa franja del poder real, que permaneció constantemente en manos de las Fuerzas Armadas quienes desempeñaron una actitud paternalista y de vigilancia constante.

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