“Mi memoria, señor, es como vaciadero de basuras” Jorge Luis Borges, Funes el memorioso (1942)

 

 

 

La política argentina se ha repletado de personas dignas del desprecio y la náusea sobre cuyo pasado o trayectoria, parece, hoy es insensato hablar. Al amparo del olvido, de esa melancólica oquedad que da la impresión de haber devorado buena parte de la memoria colectiva, algunas ocupan despachos oficiales y otras pretenden hacerlo. Esta sección abriga un propósito quizá incorrecto: recordar sus andanzas.

 

 Los textos de esta suerte de breve enciclopedia de la desfachatez y la desmemoria están fundados en investigaciones, artículos y libros que he publicado a lo largo de los últimos años, y, también, en información de otras fuentes que en cada caso habré de mencionar. 

 

Luis Abelardo Patti

Antonio Domingo Bussi

Chiche Duhalde

Aníbal Fernández

Carlos Federico Ruckauf

Roberto Giacomino

 

 

 

 

 

Luis Abelardo Patti, intendente de Escobar

(del libro El Otro. Una biografía política de Eduardo Duhalde, Grupo Editorial Planeta, marzo 1996)

 

(...) En cuanto a Patti, Duhalde reparó por primera vez en él a

mediados de septiembre de 1990, cuando Miguel Angel Guerrero y Mario Bárzola --dos muchachos que habían sido detenidos en Pilar por intento de robo y violación-- denunciaron que el policía los había torturado con picana eléctrica. El estudio anato-patológico realizado por los peritos comprobó que así había sido. Patti, por las dudas, buscó refugio entre amigos; anduvo prófugo un par de días y por fin se entregó el 4 de octubre en el juzgado del doctor Raúl Borrino, quien había ordenado su captura. Con suma naturalidad, el policía atribuyó la acusación a la malicia de los detenidos: según él, habían metido los dedos en un tomacorriente que había en la celda con el único objetivo de afectar su buen nombre. 

  Como Piotti, de la noche a la mañana Patti se convirtió en una singular estrella de los medios de comunicación, luego de que los vecinos de Pilar salieran a la calle para expresarle su apoyo y la prensa de todo el país se enfrascara en un animado debate nacional acerca de la conveniencia o no de torturar a los detenidos. Mientras tanto, Patti iniciaba un romance con la modelo Liliana Caldini, y, lentamente, a pesar de que se había forjado tanta fama debido a la comisión de un grave delito, adquirió una imagen de policía aguerrido y competente.  

  En realidad, la denuncia formulada por Bárzola y Guerrero se ajustaba perfectamente a lo que había sido, hasta ese momento, la tempestuosa vida policial de Patti: en 1975 lo habían acusado del asesinato de tres jóvenes en un metegol de la zona norte de la provincia; en 1976, el detenido Julio Di Battista lo acusó de haberlo torturado en una comisaría de San Isidro. En 1983, en un bar de Zárate, comandó el grupo de policías que, durante un presunto tiroteo, mató a los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi (los peritos oficiales, no obstante, pudieron corroborar que los cuerpos presentaban señales claras de haber sido golpeados, picaneados y atados con alambres; así como dictaminaron también que los disparos habían sido efectuados desde una distancia no superior a los cincuenta centímetros). En este caso, al igual que en los anteriores, fue sobreseído. Con dudas, por falta de pruebas, debido acaso a presiones políticas. Pero sobreseído.

  Su nombre también integró la tenebrosa lista de represores denunciados a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP), con el legajo 2530: "Patty o Patti, (a) El Loco. Oficial integrante de sección o grupo en la comisaría de Tigre". En uno de los párrafos del legajo, se asegura que "a esa regional iban a parar los detenidos en las escuelas secundarias, y de ellos se ocupaba Patti".

  A pesar de tales antecedentes, Duhalde no lo dudó. Durante el episodio de Pilar le expresó su solidaridad a través de un llamado telefónico, y tiempo después le hizo ver a Menem que el policía era la persona idónea para resolver con prontitud el enigma del asesinato de María Soledad Morales. El 10 de enero de 1991 Patti partió de prisa hacia Catamarca a esclarecer el caso. Al cabo de cuarenta y cinco días regresó con la misma celeridad con que se había marchado y sin haber añadido siquiera un dato de valía a la investigación.

  Caldini lo abandonó y, durante meses, la cara de Patti dejó de ocupar los medios de comunicación. El destino volvería a convertirlo en noticia en el invierno de 1992: en una confitería de la zona norte del gran Buenos Aires, dos ladrones de poca monta le robaron la billetera y el arma reglamentaria.

  La Justicia provincial, en tanto, continuamente presionada por Duhalde y el vecindario de Pilar, mostró una conducta errática respecto de la causa contra Patti. Borrino, recusado por el policía, dejó la causa en manos del juez Juan Carlos Tarsia, que decidió dictar el sobreseimiento debido a la falta de pruebas fehacientes. La Cámara de Apelaciones de San Isidro, sin embargo, revocó la medida, devolvió el expediente a Tarsia y le ordenó acelerar el procedimiento para dictar nueva sentencia. Pero el juez poco y nada hizo. Una morosidad injustificada que, el 24 de noviembre de 1995, obligaría a la misma Cámara a declarar extinguida la acción penal por prescripción y a dictar, por tanto, la absolución del policía.    Quince días más tarde Patti debía asumir el cargo de intendente de Escobar, hazaña que había alcanzado en el comicio de mayo de aquel año al obtener el sesenta por ciento de los votos. Duhalde, desde luego, había apadrinado su candidatura.

  El fallo, sin embargo, en pasaje alguno deja entrever la inocencia de Patti; por el contrario, los peritajes y testimonios reunidos aproximan más al policía hacia la culpabilidad.  

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Antonio Domingo Bussi, intendente electo de la ciudad de San Miguel de Tucumán

(“Las malas cuentas del general”, artículo publicado en la revista Trespuntos, verano de 1999)

 

Fue un sábado de febrero de 1990, a las diez de la mañana, en la confitería El Cervatillo, de Riobamba y Arenales. Tres años atrás el general Antonio Domingo Bussi había reaparecido en la escena política tucumana. Ahora, al amparo de una ley de Punto Final que había convertido en polvo más de ochocientas causas judiciales referidas a privación ilegítima de la libertad y tormentos, homicidios y falsificación documental, librándolo pues de un ineluctable y justo encierro, el general tramaba alcanzar una vez más la gobernación de la provincia de Tucumán. Y yo investigaba el despropósito. Pretendía escribir un libro.

  José Luis, uno de los hijos del general, llegó con su remera verde de Lacoste y una gran sonrisa en la boca. Comió masitas. Me interrogó largamente acerca del libro que estaba escribiendo, ahondó luego en el proyecto político del padre, al que juzgó sencillamente pluralista y democrático, y antes de marcharse me advirtió con gravedad: “A mi papá lo pueden acusar de violaciones de los derechos humanos y todas esas cosas, pero de corrupción,  jamás”.

  Sin embargo, y a pesar de la certeza del abogado José Luis, muy otra ha sido la historia.

  A lo largo de la gestión de Bussi en tiempos de la dictadura, es decir, entre el 24 de marzo de 1976 y diciembre de 1977, en la provincia de Tucumán no sólo desaparecieron más de cuatrocientas personas, también se difuminaron en el aire gruesos fajos de dinero.  

  El general “de ojos azules y puño de hierro”, como supo describirlo el Wall Street Journal en un artículo publicado en enero de 1988, abrazó y manejó a su antojo cientos de miles de dólares de los cuales, nunca jamás, rindió cuentas claras o al menos verosímiles. Con el propósito de reunir fondos, justificar expropiaciones y, además, mantener a la población inmovilizada bajo los influjos del temor, Bussi esgrimió una sabia excusa: la guerrilla es inexpugnable y se encuentra a poco de tomar el poder. Cabe la expresión excusa (bien podría hablarse de mentira lisa y llana), pues al decir de un informe oficial del Ejército fechado en junio de 1976 “las bandas” estaban “aniquiladas y sólo quedaban en el monte 4 ó 5 delincuentes dispersos”  (1).

  Así las cosas, la consecución de fondos y bienes, por todos los medios, se tornó en uno de los quehaceres más amenos del general y sus hombres, y se fundó en tres pilares, de los cuales, sin dudas, el que habría de brindarle los frutos más sabrosos al general sería el Fondo Patriótico Azucarero:

A) Ilimitado aporte de la industria: el 11 de junio de 1976, representantes de la Federación de Empresarios de Tucumán y de la Unión Industrial Tucumana visitaron al general Bussi en u despacho de la Casa de Gobierno y le ofrecieron una “contribución patriótica al margen de las obligaciones tributarias”. Se trata de los mismos industriales que ya en democracia se entregaron a cuestionar incesantemente la política tributaria y con sus fondos han respaldado las campañas políticas del general.

B) Expropiaciones de terrenos y bienes: son cientos las causas referidas a indemnizaciones y juicios de retrocesión, por tierras y bienes expropiados durante la gestión del general, que a partir de diciembre de comenzaron a repletar los anaqueles de los Tribunales tucumanos. Hasta el momento, el Estado ha debido abonar más de cuatro millones de dólares a los damnificados.

C) Fondo Patriótico Azucarero (FPA): esta suerte de sociedad de cuño aristocrático y oligárquico cumplió un papel de suma importancia durante la administración Bussi; fue, acaso, el nervio económico y financiero que permitió al general no ya llevar adelante una gestión cuyo rasgo más distintivo fue el desarrollo urbano, la creación de una fachada. Es dable presumir que aquellos fondos también  le permitieron abrir la cuenta bancaria, en Suiza, que hoy se está investigando.

  El FPA fue creado el 26 de agosto de 1976 por decreto ley número 4.536 y funcionó a lo largo de quince meses. Al dejar la gobernación en diciembre de 1977, Bussi admitió haber recibido  U$S 4.640.000 (ver recuadro). Más allá de los aportes que se detallan aparte, la administración Bussi recibió donaciones de las empresas Sicom, Boris Garfunkel, Grafanor S.A., Alpargatas S.A., Vargiu Hnos.S.A., y del Club Atlético Tucumán, por un valor cercano al millón de dólares.

  Son, en todos los casos, fondos declarados oportunamente por el general, ya que no existen comprobantes que puedan corroborar la suma real recibida.

  En las semanas posteriores a la creación del FPA, el general Bussi estimó conveniente y aceptable aventurarse en operaciones financieras, o, como suele decirse, hacer plata con la plata. Dictó dos decretos mediante los cuales autorizó a la Secretaría de Estado de Hacienda “a adquirir Letras de Tesorería de la Nación u otros valores fiscales, y a realizar operaciones financieras por intermedio del Banco de la Provincia de Tucumán, con los fondos disponibles de la cuenta del Tesoro Provincial” (2). Cabe preguntarse qué organismo o ente ejercía algún tipo de control sobre los constantes desplazamientos de dinero. Un interrogante que no necesita respuesta.

  En poco menos de un año, pues, el dinero reunido en el FPA rindió aproximadamente un millón y medio de dólares. En tanto, en momento alguno el gobierno nacional dejó de remitir los fondos de coparticipación, que en Tucumán --recordemos la importancia que encerraba para la dictadura el futuro de la provincia, su imagen, que había sido el centro del llamado conflicto subversivo--, oscilaron en los cinco millones de dólares mensuales.

  En resumidas cuentas, considerando los fondos del FPA, la coparticipación, los intereses devengados por las operaciones financieras, y los créditos graciosos del Banco Nacional de Desarrollo, es posible afirmar que, mensualmente, la administración bussista dispuso de seis millones de dólares extraordinarios, es decir, más allá de los recursos legítimos.

  ¿Qué destino le cupo a tanto dinero? Pese a ser el general un hombre que juzga a la corrupción un delito gravísimo, casi una traición a la patria, jamás rindió cuentas debidamente. No constan en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán comprobantes legales o fehacientes de los gastos realizados con el dinero procedente del FPA y las distintas operaciones financieras.

  El 6 de diciembre de 1977, horas antes de cederle el puesto a su sucesor, general de brigada (RE) Lino Domingo Montiel Forzano, el general se limitó a entregarle al nuevo gobernador una fraguada “rendición de cuentas” de los gastos efectuados con la plata hábilmente cosechada a través del FPA. Allí, en ese papel mecanografiado, enumera el militar erogaciones por demás llamativas:

-”1 chasis nuevo Fiat: $ 15.300.000” (poco menos de 60 mil dólares, cuando el precio real de entonces, según información brindada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, no superaba los cinco mil dólares)

-”1 vehículo para la Secretaría General de la Gobernación: $26.000.000” (cerca de 100 mil dólares, cuando un Ford Falcon de lujo al decir de la fuente antes citada, apenas rondaba los 10 mil dólares)

  La liquidación presentada por Bussi prosigue con decenas de gastos signados por el desparpajo y una serie de rubros de difícil corroboración: “Publicidad”, “Monumentos y Estatuas”, “Útiles de escritorio”, etcétera. Basta observar ligeramente la planilla, y cotejar los precios reales con las invenciones del general, para advertir que al menos quinientos mil de los dólares reunidos por el FPA han ido a parar a manos desconocidas.  Los números no guardan relación alguna con los valores reales de los objetos, y sí con un propósito: cerrar cuentas.

  Cerrar cuentas y, por lo visto, abrir otras. En el extranjero. A buen resguardo. A salvo de esos zurdos recalcitrantes.

 

 

(1): Apéndice 4 (Organización y Despliegue OPM-PRT-ERP. Al anexo Y Inteligencia). A la Directiva del Cte. En Jefe del Ejército Nº 404/75. Lucha contra la subversión. EMGE. Jefe II Icia. Firmado por el coronel Carlos Alberto Martínez. Subjefe II Icia. EMGE a cargo de la Jefatura.

 

(2): Los decretos-leyes que autorizaron al Estado provincial a realizar operaciones financieras, son el 4.606, del 25 de noviembre de 1976, y el 4.631, del 15 de diciembre del mismo año.

 

 

Fondo Patriótico Azucarero-Origen de los aportes.

 

         Empresa                                              U$S

CONASA..............................................      1.000.000

Ingenio Concepción.............................          800.000

Ingenio La Fronterita...........................           400.000

Ingenio La Corona..............................            350.000

Cía.Azucarera San Pablo...................            350.000

Ingenio La Providencia.......................             340.000

Ingenio Nuñorco.................................              330.000

Ingenio Santa Bárbara.......................               300.000

Ingenio Aguilares................................               280.000

Cía.Azucarera Del Norte...................               240.000

Cía.Azucarera Cruz Alta....................               130.000

S.A.Marapá L.C.I.P.A.C.....................                120.000

                Total....................................             4.640.000

Observaciones: Informe de la Tesorería General de la Provincia de Tucumán, año 1977, firmado por su titular, contador Eduardo Miguel Jairala.

  Todas las cifras de este informe se encuentran en $, de modo que la conversión a dólares fue realizada por el autor tomando como base para la época --tras consultas con diversos economistas-- el siguiente cambio: U$S 1=$ 260 (valor promedio de la moneda estadounidense en 1976)

 

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Chiche Duhalde, diputada nacional por el PJ de la provincia de Buenos Aires.

(“Santa Chiche”, artículo publicado en la revista Brecha, Montevideo, marzo de 2002)

 

Conoció a Eduardo Duhalde cuando éste no era siquiera concejal y mucho menos intendente; a sus ojos no era más que un hombre bajo y grueso que no dejaba de contemplarla con angurria desde una de las orillas de la pileta de natación. El azoramiento de Hilda Beatriz González fue considerable cuando supo que ese tipo retacón y de carnes abultadas, metido en un slip blanco, era el bañero, es decir, el hombre de cuyo arrojo y fortaleza dependía la suerte de cualquier imprudente. Fingió entonces un soponcio mientras nadaba, y, con disimulo, entre grititos ahogados que parecían un cloqueo, observó atentamente los movimientos del muchacho del slip: el joven Duhalde dio un brinco favorable y a la manera de un delfín se sumergió en la pileta; segundos después la había tomado con el brazo derecho por debajo de las axilas y con sumo esfuerzo la remolcaba hacia fuera. “Gracias”, dijo ella. “Eduardo Duhalde. A sus órdenes”, dijo él tendiéndole una mano mojada. “Pero podés llamarme Negro”, añadió. “Y a mí, Chiche”.

  Corría el verano de 1970. Gracias a las gestiones de su cuñado Mario Romano --vendedor de lavandina en los clubes de la zona sur de la provincia--, Eduardo Duhalde se había inventado el oficio de bañero y conseguido un puesto en la pileta Los Nogales, del gremio ceramista, en Alejandro Korn. Necesitaba sacar algunos pesos para finalizar la carrera de abogacía. Chiche era una maestra primaria de San Vicente sin otra pretensión que la de conocer a un hombre sano y decente y formar un hogar y una familia. Había nacido en Avellaneda, en 1945, en un hogar de obstinados militantes sindicales, razón por la cual, cuando el Negro le informó que había resuelto meterse a militar en el sindicato de empleados municipales y en el peronismo de Lomas de Zamora, ella tomó la nueva con serenidad y algo de melancolía: Eduardo comenzaba a semejarse cada vez más a su padre, hecho que no comportaba ningún defecto aunque tampoco una gran ventaja, pues el señor González, más allá de su plausible militancia, se había marchado del hogar cuando Chiche aún era una chica. Figurarse que un buen día Eduardo podía llegar a actuar de la misma manera, la llenaba de angustia.

  Una aflicción sin fundamento, porque con el transcurrir de los años Chiche y el Negro habían de formar un matrimonio ejemplar, sin grietas o desdichas conocidas. Se casaron el 28 de julio de 1971 en la parroquia de San Vicente. Luego de las elecciones de marzo de 1973, cuando Eduardo puso el trasero en una banca de concejal en Lomas de Zamora, Chiche cayó en la cuenta de que a su lado tenía a un hombre acariciado por la buenaventura; alguien que le iba a brindar no ya hijos y felicidad, también prestigio, nombradía y un buen pasar. Su vida, comprendió, no guardaría relación alguna con los azares de una sencilla maestra primaria nacida en Avellaneda. Sin rodeos, pues, decidió convertirse en el doméstico sostén de Eduardo.

  Así las cosas, mientras Duhalde trepaba peldaño tras peldaño en su carrera política, favorecido por su excesiva buena fortuna, Chiche cocinaba, planchaba camisas, canturreaba las canciones de Roberto Carlos y alumbraba mujeres: primero Juliana, luego llegarían Analía, María Eva, Agustina y, muchos años más tarde, junto con el retorno de la democracia, por fin, el único varón, Tomás.

  Chiche temió perderlo todo cuando un mediodía de marzo de 1976 la radio dijo que la Junta Militar comandada por Videla, Agosti y Massera se había adueñado del poder para librar a la patria de la subversión y el comunismo. Desde luego, Eduardo no era subversivo y tampoco comunista, pero, al menos hasta ese momento, era uno de los tantos funcionarios públicos cuyo buen pasar delataba cada uno de los objetos de la casa, y que ahora, de sopetón, unos militares de morondanga pretendían robarles. La señora de Duhalde fue presa de la amargura. No obstante, los hombres de la dictadura fueron condescendientes con Chiche y su familia; Eduardo había sabido tender buenos y férreos lazos con los jerarcas del Ejército. Ella se convirtió en el nervio de las inmobiliarias que Eduardo y el escribano borrachín Hugo David Toledo instalaron en Lomas de Zamora y Llavallol; atendió sin recelo a los contados militantes peronistas que habitualmente se reunían en su casa para rememorar los buenos tiempos, y soportó con buen genio las contínuas depresiones del marido.

  Tanta abnegación recibiría luego su recompensa.  

  En diciembre de 1983 celebró largamente el retorno de Eduardo al poder, en este caso la intendencia de Lomas de Zamora, pero se propuso continuar al margen de la vida política. Decía que lo suyo era la familia, la educación de sus hijos. Chiche profesa una enfermiza devoción por las buenas costumbres y la moral severa y cristiana. El aborto le suena a crímen alevoso y la infidelidad se le antoja un delito digno de ser penado con suplicios medievales. Las relación carnal entre personas que no han recibido el sacramento del matrimonio, no es otra cosa que un verdadero insulto al señor del cielo. Supo expulsar de su casa al senador provincial Luis Colabianchi, peronista, gran amigo de Eduardo, porque le habían hecho saber que el hombre, casado, se la pasaba farreando por Punta Indio.

  En 1992, movida por la curiosidad, resolvió inscribirse en la Escuela Superior de Periodismo de La Plata. Es que el periodismo, advirtió, era uno de los grandes poderes cuyos secretos y artimañas desconocía. En el interior de los periodistas, decía ella, impera una rara pasión, siniestra por momentos, que los lleva a investigar y tornar públicos los actos públicos de los hombres públicos con una atroz ligereza. Era necesario conocer esos mecanismos. El gobernador aceptó a regañadientes la travesura de Chiche, pero le impuso una condición: que no lo hiciera sola. La primera dama provincial, pues, convenció a una de sus hijas, Analía, y juntas partieron hacia la aventura. Se inscribieron en las seis materias del primer año de la carrera: Comunicación I, Filosofía, Historia del siglo XX, Taller de Informática, Taller de Textos y Taller de Gráfica I. Pocos meses después, luego de haber corroborado que la Escuela de Periodismo se parecía poco y nada a una factoría de jóvenes crueles, madre e hija abandonaron la carrera sin decir palabra.

  Ya gobernador, al cumplir veintiún años de matrimonio, Eduardo le realizó un extraordinario obsequio: el Consejo Provincial de la Mujer, inabarcable organismo que al cabo de un tiempo había de absorber al ministerio de Acción Social y al Instituto Provincial de la Vivienda. Chiche, de pronto, pasó de administrar la economía hogareña a disponer de ciento cincuenta millones de dólares al año para emplear según su buen criterio. Entonces juzgó acertado hacer pública su ignorancia: “No tenía ni idea de lo que era la administración pública. Yo tengo muy en claro que estoy acá no por ser una gran política, o una mujer preparada, sino por ser la esposa del gobernador. Resuelvo un montón de cosas con una simple llamada telefónica”.

  Ahora está al frente del ministerio de Acción Social. Ahora tiene el hábito de presidir, junto al Negro, las reuniones de gabinete. Anuda las manos sobre la larga mesa, endereza la barbilla con altanería, y simula comprender todo lo que allí se habla. El influjo que ejerce sobre su marido es formidable. Diríase que la Presidencia se ha convertido en una suerte de gestione familiare, como suelen decir los italianos, donde los pareceres de Chiche han cobrado un peso y una magnitud impensados. Días atrás echó de su hogar a Alberto Pierri. “No es una buena compañía en este momento”, dijo a su marido. Pierri, en realidad, nunca ha sido compañía digna de recomendación. Para nadie. Es el eslabón fundamental entre el poder político y las decenas de grupos de matones del conurbano bonaerense. Sus servicios, desde luego, son valiosos a la hora de romper huelgas o despanzurrar algún piquetero, como lo hicieran los pierristas el martes último, en la entrada del Mercado Central de la provincia de Buenos Aires. Por el momento, gran acierto de Chiche, lo más sensato es mantenerlo alejado. Por el momento, claro, pues nunca jamás se sabe cuándo será menester recurrir a sus buenos oficios.

  Contigua a la firma de Eduardo, en el libro protocolar, cuando éste asumió la Presidencia, Chiche estampó la suya, como lo hiciera Eva Perón en tiempos ya inmemoriales. “Estoy a su lado para darle fuerzas”, dice. Entonces, cuando se enciende una cámara, cuando a centímetros de su boca aflora un micrófono, se sumerge en un estado de arrobamiento que excita en su cráneo la vana presunción de resultar la Evita del nuevo milenio. Milenio que, a diferencia de lo que presagió Perón, ha sorprendido a los argentinos desunidos y dominados.

 

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Aníbal Fernández, ministro del Interior

(fragmento del artículo “Los hombres del Presidente”, publicado en la revista Veintitrés, verano de 2002)

 

Una semana atrás dijo: “En este gobierno no hay lugar para los cagones”. A juzgar por su temerario derrotero político, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, ha dicho algo sensato. No es, desde luego, un hombre timorato. Prueba irrefutable de su intrepidez ha sido el papel que le tocó en suerte durante la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires, en 1994.

  En el cráneo del gobernador Duhalde sólo había cabida para un tenaz pensamiento: lograr la aprobación de una cláusula que posibilitara su reelección. Los votos, sin embargo, resultaban insuficientes; la Unión Cívica Radical, el Frente Grande y los hombres del Modin, partido que lideraba el desastrado y levantisco ex militar Aldo Rico, se oponían. Las cuentas no cerraban. Faltaban cinco, tan sólo cinco votos. ¿Qué hacer para obtenerlos? Duhalde, pues, resuelve echar mano de todas las artimañas posibles. Su ojos se posan en el Modin, movimiento informe donde han confluído personas de toda catadura. Presa de la ambición, en los buenos oficios de su íntimo amigo Aníbal Fernández, convencional por Quilmes, deja la responsabilidad de encabezar una misión que logre persuadir a los riquistas. Fernández era el hombre ideal. Buen conversador, ubicuo, atrevido, un hombre que como mayor mérito podía presentar su efímera estadía como intendente de Quilmes, de donde debió huir acosado por diversas denuncias judiciales acerca de presunta corrupción. La estratagema ideada por Duhalde contempla argumentos políticos, promesas de cargos en el poder, y no desecha, como última vía, la persuasión económica. A Alberto Pierri, (a) Muñeco, le encomienda conversar con Rico. Debe ofrecerle al carapintada razones éticas y políticas: un hombre que se dice peronista no puede de manera alguna aceptar proscripciones; si Rico desoye esa argumentación, deberá asegurarle que sus hombres tendrán las puertas abiertas para ocupar diversos cargos en el gobierno; por último, queda apelar, de modo decoroso, a la retribución económica.

  En tanto Pierri y Rico dialogaban, Fernández comete una imprudencia. A través de un empleado de apellido Souza ofrece un millón de dólares al convencional riquista Miguel Di Cianni, de Berisso, a cambio del voto positivo. Di Cianni se lo hace saber a Julio Carreto, presidente del bloque del Modín, que de inmediato comunica a la prensa el intento de soborno (En julio de 1994, Di Cianni radicó la pertinente denuncia ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional del departamento Judicial de La Plata, a cargo del doctor Saraví Albarracín, por presunto intento de soborno. Además, la denuncia fue publicada en El Constituyente, periódico que rescataba los asuntos más importantes de la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires de 1994. Y forma parte de la causa que se abrió en el juzgado del doctor Emir Caputo Tártara, en La Plata).

  Doce millones de dólares fue el precio que Duhalde pagó por los votos. Carlos El Indio Castillo, guardaespaldas de Rico, fue el encargado de recibir, inspeccionar y transportar la primera maleta con dinero. Convencionales del Modin, como Santiago Chervo y Hernán de Benedetti, que no aceptaron el dinero, oportunamente ratificaron el carácter mafioso del pacto.

 

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Carlos Federico Ruckauf, diputado nacional por el PJ de la provincia de Buenos Aires.

(fragmento del artículo “Los hombres del Presidente”, publicado en la revista Veintitrés, verano de 2002)

 

Es una sonrisa arrojada a través de un abismo. Todo el maloliente mundo civilizado yace como un tremedal en el fondo del foso, y por encima, como un milagro, revolotea su indefinible sonrisa.

 

Henry Miller. Trópico de Cáncer

 

 

Carlos Federico Ruckauf, (a) Rucucu, (a) Carlitos, es un hombre que no puede estarse quieto, razón por la cual hoy debe de sentirse a sus anchas. Recorrer el mundo es el más placentero de sus divertimentos, y ahora podrá abandonarse a tamaño vicio con absoluta libertad. Atrás quedaron los tiempos en que debía esgrimir excusas inverosímiles para poner las patas en el extranjero, como solía hacerlo, con inaudita pertinacia, cuando ejerció la vicepresidencia de la Nación: Las Palmas de Gran Canaria, Recife, Brasilia, Buzios, República Dominicana, Sudáfrica, Italia, Hungría, Australia, Japón, Hawai, Curitiba, Túnez, Nueva York, Cancún, Venezuela, Costa Rica, Egipto. Y, desde luego, Fort Mayers, Miami, continuamente Fort Mayers, acaso su refugio predilecto. Decenas de viajes que, claro, lograba realizar gracias al sostén que le proporcionaban los dos millones de dólares de gastos reservados con que contaba.

  Por lo demás, su experiencia en el arte de la diplomacia es formidable. En septiembre de 1989, días antes de partir hacia Roma para ocupar el cargo de embajador argentino en Italia, su amigo y protector Alfredo Yabrán le palmeó el hombro y le dijo: “Te felicito, Carlitos. En Italia están los mejores negocios”. Los consejos de Yabrán, que en tiempos de la dictadura había sabido echar buenos lazos con la P2 e importantes empresarios, le fueron de suma utilidad. A poco de llegar a Italia, Ruckauf conoció al dueto de hermanos Braghieri y Castiglione, propietarios del holding CO.RI.MEC ITALIANA SpA, entre cuyas empresas sobresalía la Ducatti Meccanica SpA. También contó con la buenaventura de tejer amistad con el representante del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en Roma, Giorgio De Lorenzi, y con el operador de CO.RI.MEC en la Argentina, Massimo Del Lago. Entre todos los mencionados, con la elemental complicidad de Ruckauf y el juicioso control que el presidente Menem ejercería a través de sus emisarios José Luis Manzano y los hermanos Emir, Karim y Omar Yoma, habrá de llevarse a cabo el desvío de un millonario crédito avalado por el “Tratado entre la República Argentina y la República Italiana para la creación de una Relación Asociativa Particular”, suscripto por Raúl Alfonsín en diciembre de 1987.

  Todo comenzó el 28 de septiembre de 1988, cuando el apoderado general de la Asociación Mutual de Conductores de Taxis y Afines (AMCTA), Darwin Armando Torres, firmó en Italia, con un grupo de bancos encabezado por el Overland Trust Bank, de Suiza, un acuerdo préstamo por 100 millones de marcos para construir 50 estaciones de servicio de expendio de GNC (gas natural comprimido) en la Argentina. Horas después, Torres firmó otro contrato, en este caso con la empresa constructora Mat (Macchine Alimentari Trasporti S.R.L.), de Parma, presidida por Vittorio Serri, que se haría cargo de las obras por un valor de 135 millones de marcos. El 15 de febrero de 1989, como garantía del emprendimiento, Agip Argentina se integró a la iniciativa.

  Con todo, tras el arribo de Ruckauf a Italia, y en un lapso de meses, el proyecto original, en el que Serri había invertido ya 25 millones de dólares, habría de caer en un despeñadero.

  El 8 de junio de 1990, Menem viaja a Milán con el propósito de asistir a la inauguración del campeonato mundial de fútbol. Tiene un brazo enyesado; un tropezón; los años. En el aeropuerto lo aguardaban Massimo Del Lago, De Lorenzi y el embajador Ruckauf, quienes de inmediato lo conducen a un helicóptero que minutos después se posará en la magnífica villa de los hermanos Braghieri, en Piacenza. En el almuerzo, Menem y Ruckauf aseguran a los Braghieri que CO.RI.MEC podrá invertir en la Argentina sin problema alguno. La idea, dicen los italianos, es la construcción de dos hoteles cinco estrellas en el interior del país. ¿Es necesario gestionar un crédito?, preguntan. No, hay uno en marcha. Al diablo las estaciones de GNC, por tanto. Los hermanos alzan sus copas. Por lo demás, le han reservado una gran sorpresa al presidente argentino: una visita a la fábrica de automóviles Ferrari. Y allí va Menem, perseguido por la obsecuente sonrisa de Ruckauf, y, pese al brazo inmóvil, trepará a una Ferrari 348 TB Rossa Corsa y la conducirá a más de 200 kilómetros por hora (La misma Ferrari que meses más tarde, el 20 de noviembre de 1990, Ruckauf y los hermanos Franco y Giancarlo Castiglione estacionarán a las puertas de la Casa Rosada. ¿Por qué tamaña generosidad? “Se la hemos regalado simplemente por una razón de amistad”, dirá Franco. “Su presidente es ..., ¿cómo decirlo? Sociable. Molto simpatico ...”).

  La suerte de Torres y Serri ya estaba sellada. Ruckauf convoca al empresario parmesano. Lo recibe en su despacho de la embajada, en compañía del diligente De Lorenzi. Con desembozo le anuncia que el proyecto de las estaciones de GNC ya no excita el interés de la Argentina; lo más apropiado es que venda su parte en el negocio a CO.RI.MEC., y a cambio de un precio que a Serri se le antoja humillante. El empresario se niega a viva voz; ha realizado una millonaria inversión, no puede aceptar la oferta. Ruckauf y De Lorenzi, pues, recurren a otra vía: si desea continuar con el proyecto, debe abonar el 5%  del monto total de la operación, es decir, una suma cercana a los 6 millones de dólares. A Serri lo ataca la furia; no puede creer las palabras que está escuchando. Se marcha del lugar echando gritos y maldiciones. Por esos días, a hurtadillas, el director del Banco Hispano Americano, Ignacio Benavides Castro, vende a CO.RI.MEC los papeles del contrato de la empresa MAT, y, cuando Giorgio Solighetto, codirector del Banco, le advierte que denunciará la maniobra, Benavides lo despide sin rodeos.

  El paso de Ruckauf por Roma dejó numerosas y profundas huellas. En Italia y, desde luego, en la Argentina. En febrero de 1991 los tribunales italianos decretaron la quiebra de la empresa MAT. “Ruckauf armó todo”, me dirá Vittorio Serri, con tono quejumbroso, en mayo de 2000. “El nos vendió a la competencia. Ese hombre no tiene dignidad. Sabe perfectamente todo el mal que nos produjo, a mí y a mí familia”. 

  Tras iniciar una demanda contra los hermanos Emir, Karim y Omar Yoma ante el juzgado del doctor Martín Irurzun en las últimas semanas de 1992, el apoderado de AMCTA, Darwin Armando Torres, comenzará a recibir contínuas amenazas telefónicas que lo moverán a andar por la vida con un revólver a la cintura. El director general de Contabilidad y Finanzas del ministerio del Interior, Adalberto Luis Orbisso, otro de los testigos de la maniobra, será despedido sin causa. Giorgio Solighetto, será víctima de decenas de amenazas de muerte --muchas de ellas efectuadas por personas de indisimulable timbre sudamericano--, que le ocasionarán una trombosis cerebral que por largo tiempo lo mantendrá postrado.

  En los tribunales de Italia y Argentina quedarán asentados, entre otros, los siguientes juicios:

. Serri (MAT SpA) c/República Argentina y Banco Hispano Americano, solidariamente, por daños (inducir a la quiebra) y maniobras de corrupción, por un monto de U$S 100 millones (1995)

. Dr. Giorgio Solighetto c/ República Argentina y Banco Hispano Americano, solidariamente, por daños y perjuicios ocasionados por su desvinculación del Banco a raíz de las maniobras tendientes a la quiebra de MAT, por un monto de 30 millones de Euros (aproximadamente U$S 45 millones), en Milán (20/7/99)

. Darwin Armando Torres y Adalberto Luis Orbisso contra Banco Central Hispano Americano, Capital Federal, 28 de abril de 1997.

  El episodio, por lo demás, dará origen a dos detallados pedidos de informes en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el 11 de diciembre de 1991 y el 10 de abril de 1996. Y, a mediados de 1999, la diputada nacional Nilda Garré presentará una denuncia en la denominada Oficina Anticorrupción.

 

Nota: para obtener mayor información sobre la historia política y personal de Rukauf, aconsejo la lectura de mi libro El hombre que ríe, Editorial Sudamericana, diciembre de 2000. En este trabajo podrán hallar, además de otras informaciones, el relato minucioso de la íntima relación que Ruckauf supo construir, en plena dictadura, con Massera y su beneficioso vínculo con Alfredo Yabrán.

 

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Roberto Giacomino, ex jefe de la Policía Federal

(fragmento del artículo “Los hombres del Presidente”, publicado en la revista Veintitrés, verano de 2002)

 

Roberto Giacomino, (a) El Dandy,  jefe de la Policía Federal, mucho le debe a su fiel amigo Ruckauf. El férreo lazo que los une comenzó a florecer en 1995, cuando el vicepresidente Ruckauf puso las asentaderas en el despacho de la presidencia del Senado de la Nación. Giacomino oficiaba de jefe de Custodia. Con el pasar del tiempo, la relación fue cobrando una magnitud tan misteriosa como impensada. No hubo desplazamiento por el mundo en el que Giacomino no formara parte de la comitiva de amigos y compinches del vicepresidente. Fue, para El Dandy, sin dudas un comisario bienaventurado, una época dorada. Muy probablemente a causa de su magnífico salario, en un par de años construyó dos casas imponentes: una en Villa Gesell, a metros del chalet “Afrodita”, de su amigo Ruckauf; otra, en el club de campo El Ombú, en el partido de Esteban Echeverría, contigua, también, a la de su generoso jefe.

  En diciembre de 1999, al hacerse cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Ruckauf lo llevó consigo. Una vez más, jefe de Custodia, y, misión novedosa, encargado del enlace operativo de la Policía Federal con los buenos muchachos de la policía bonaerense. Es que el Dandy se había convertido en su verdadero y enigmático hombre de confianza. Su quehacer trascendía la contínua protección de su jefe; asesoraba a Ruckauf en cuestiones de seguridad pública y asuntos de negocios; organizaba los habituales encuentros del grupo de amigos en el club de campo El Ombú, donde las mujeres se sumían en partidos de golf mientras los hombres tomaban champagne, comían asado y tramaban los pasos futuros; con llamativa frecuencia viajaba al extranjero en representación de Carlitos para aventurarse en misiones inefables. El curioso carácter de esta relación ha hecho que los maliciosos de siempre comenzaran a echar al viento una conjetura por completo estrambótica: el comisario sería el testaferro del actual canciller. 

  El Dandy ya lo ha dicho: “Que se cuiden los delincuentes”.

 

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