La República y sus representantes, en esta nueva etapa, se han mostrado inflexibles con los autores de aquellos delitos de lesa humanidad, crímenes horrendos comparables a los que se produjeron en los campos de concentración del nazismo.

Aunque no haya coincidencias, la historia ha denunciado aproximadamente 30.000 muertos o desaparecidos por el terrorismo de Estado.

El juicio de aquellos acontecimientos y conductas se ha consolidado como una etapa dolorosa de nuestra historia, que ha herido el corazón de todos y que hoy se proclama irrepetible, no sólo por la conciencia alcanzada por nuestro pueblo, sino porque estamos protegidos por una legislación Internacional.

La Reforma Constitucional de 1994, incorporó con jerarquía constitucional a la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Tortura, otros Tratos o Penas y también sobre la Desaparición Forzada de Personas, entre otros.

 

A veces pasa inadvertido -más allá de las críticas sobre aquella Constituyente- este cambio institucional que ha modificado nuestro derecho constitucional y los objetivos del Estado.

Falta otra etapa, el determinar cuántos muertos ha producido la carencia alimentaria, laboral y habitacional sufrida por los argentinos, ocasionado por la rapiña de los políticos y los funcionarios o la irresponsable conducta en sus funciones.

Esto también merece una investigación profunda y el castigo de sus responsables. Pervertidas las instituciones, los medios de comunicación social nos vienen mostrando e informando sobre el pavoroso estado de pobreza y desempleo que aqueja a nuestra Patria.

¿Cuál es la solución? ¿”El que se vayan todos”? No. El investigar a todos. El analizar el patrimonio de todos los que han detentado cargos públicos o políticos. Simplemente investigar. Ahondar. No con los jueces del favor, que ellos mismos nombraron, sino con una Comisión especial que determine su conducta como lo ha fijado la Constitución de Suecia.

Entonces, además de esclarecer el crimen directo, es decir la represión ilegal, el genocidio de Estado, conoceremos también la forma hipócrita en que el peculado ha diezmado la población y ha destruido el porvenir de todos nosotros.

El gobierno que logre dignificar el Estado, habrá hecho ingresar a la Nación en una etapa de progreso. Pero no hay progreso sin moral, ni hay Estado sin ley. Es más, no hay sociedad, si la ley no está por encima de los hombres. De los que mataron o de los que robaron. De los que investiguen y de los que pretendan ser conductores de la Argentina.

El objeto de estas palabras es para no perder de vista que hay una Argentina incompleta.

Que usamos –metafóricamente- una alegoría de la Justicia vendada en un solo ojo. Hay que vendar los dos o destapar los dos. Puede ser que en este momento convenga destaparlos, para mirar en dónde está el bien y en dónde el mal –no en abstracto- sino en el porvenir de nuestros semejantes.

GUSTAVO T. SOLER
Febrero de 2004