División territorial y administrativa de Hispanía

La reforma administrativa y territorial emprendida por Diocleciano obedeció fundamentalmente a cuestiones de fiscalidad. La subdivisión del Imperio en un mayor número de provincias (se pasó de 48 a 104) agrupadas en diócesis y dependientes de las prefecturas de pretorio, tuvo como objetivo fundamental aumentar la eficacia del aparato fiscal. Liberados de toda responsabilidad militar tras la creación de los duces y comites constantinianos, los gobernadores provinciales podían dedicarse prioritariamente a la recaudación de impuestos. El impuesto base diocleciáneo, llamado iugatio capitalino, se basaba en una unidad fiscal que contemplaba dos valores imponibles, uno fondiario y otro personal. Pese a los numerosísimos textos de legislación fiscal del Codex Theodosianus y a que los autores bajoimperiales explican que la disposición fiscal diocleciánea tenía como objetivo crear un impuesto único y simplificado, respecto a los del Alto Imperio, la realidad es que la complejidad del mismo hace que, aún hoy, haya un sinfín de teorías que matizan la estructura del impuesto de la iugatio‑capitatio, que será tratado con posterioridad.

Provincias, diócesis y prefecturas

Como resultado de la nuevaorganización administrativa, Hispania, a la que se añadió la Mauritania Tingitana, una parte del territorio norteafricano con capital en Tingis (Tánger) pasó a denominarse Diócesis Hispaniarum. La razón que se ha

encontrado para explicar esta inclusión es que, en esta época de inestabilidad, la zona costera norteafricana se comunicaba más fácilmente con Hispania que con la Mauri­tania Cesariense, La diócesis hispana queda inicialmente dividida en seis provincias: Bética y Lusitania, que no sufren modificaciones, Gallaecia, Tarraconense y  Cartaginense además de Mauritania Tingitana. Esta primera división debió de ocurrir, según Albertini, sobre el 297. Posteriormente se crea una séptima provincia, desgajada de la Cartaginense, que es la provincia de Baleares, Insulae Balearum. Como anteriormente vimos, entre el 383-388, el usurpador Magno Máxirno creó una nueva provincia en Hispania, la llamada Nava Provínicia Maxima, cuya situación y delimitación se desconocen, si bíen se tiende a situarla en la Tarraconense, (Chastagnol) lo que equivalía a haber reducido el territorio de ésta. No obstante, la Provincia Maxíma desapareció tras la victoria de Teodosio sobre Máximo y la situación volvió a ser la anterior.

Las capitales de las provincias creadas por Diocleciano eran: Cartagena para la    Cartaginense, Bracara o Braga para la Gallaecia, Tarragona para la Tarraco­nense, Córdoba para la Bética, Mérida para la Lusitania y Tingis o Tánger para la Mauritania Tingitana. La capital de la provincia Baleares parece que era Palma. Sobre la capitalidad de la diócesis hay diferentes versiones, inclinándose unos autores hacia Hispalis (Sevilla) y otros hacia Emerita (Mérida). El carácter itinerante que tenía el vicarius, que era el fun­cionario encargado de dirigir la adminis­tración en toda la diócesis, impide saber con seguridad cuál era su residencia habi­tual, encontrándose  menciones relativas a diferentes vicarii en diversas ciudades. El uicarius tenía bajo su jurisdicción a los gobernadores provinciales. Estos eran ini­cialmente praesides, pero hacia mediados   del siglo IV, tres provincias fueron promo­cionadas al rango consular: Gallaecia, Lusitania y la Tarraconensis, a cuyo frente estaba un cónsul. La diferencia entre unos y otros era más honorífica que de funcionamiento. En todo caso, se había roto la antigua división entre provincias senatoriales como la Bética y provincias imperiales como la Citerior y Lusitania; ahora eran todas imperiales.

Las diócesis se incluían en unidades administrativas aun más amplias, las llamadas prefecturas. En el caso de la diócesis de Hispania era el prefecto del Pretorio de las Galias quien la tenía a su cargo, así como a la diócesis de Britania y las dos de las Galias. Del prefecto de las ,Galias dependían directamente los vicarios de éstas diócesis.

Estos términos tienen hoy para nosotros un sentido más eclesiástico que civil. La razón es que la Iglesia tendió a organizarse siguiendo los modelos de la administración civil del Imperio. En varios concilios (Nicea, entre otros) se afirmó la superioridad del obispo de la capital de la provincia (metropolitano) sobre los otros obispos de ciudades de la misma provincia. Asimismo, el obispo asentado en la capital de la diócesis tenía una preeminencia sobre los demás obispos; así, el patriarca de Antioquía sobre la diócesis de Oriente, el de Alejandría sobre la de Egipto, el de Milán sobre la de Italia Annonaria, etc. En Hispania esta primacía se ve claramente en el caso del obispo de Toledo, en época de los reyes visigodos, cuando Toledo pasa a ser la capital. Antes de esta época no parece que se hubiera establecido la preeminencia absoluta de una sede (fuera Hispalís o Emeríta la capital) sobre todas las demás.

Los cargos administrativos y sus competencias

El vicario, principal responsable civil de la diócesis, era nombrado por el emperador y disponía de un complejo de cargos jerarquizados y especializados en diversas funciones, si bien la principal era la percepción y el traslado de los impuestos, además de la de juez de apelación. Los gobernadores, praesides y cónsules, vigilaban la recaudación de impuestos, tenían funciones judiciales y cuidaban del funcionamiento de las obras públicas, postas, etc. En época de Constantino se creó un nuevo cargo, el de Comes Hispaniarum que, en ocasiones específicas, colaboraba con el vicario y con un rango semejante. Pero en el año 340 estos comites desaparecieron.

Las cuestiones económicas eran asunto del rationalis summarum Hispaníae, ayudado por un rationalis rei privatae quienes, además de cuestiones administrativas diversas, cuidaban principalmente del patrimonio de la corona en el ámbito de la diócesis.

A estos cargos habría que añadir los que dependían de las oficinas palatinas aunque estaban destacados en las distintas diócesis: el Comes sacrorum largitionum, del que dependían los rationales, con funciones económicas o los agentes in rebus, que eran la policía secreta o, en otras palabras, los espías del emperador.

Uno de los espías más conocidos y aborrecidos fue el español Paulus Catena (Cadena), sobrenombre por el que era conocido y que debía tener relación con su tendencia a encadenar a cualquier sospechoso. Amiano Marcelino nos hace un espeluznante relato de este espía del emperador Constancio ...Impenetrable bajo su rostro imberbe, con un olfato extraordinario para encontrar los medios secretos de hundir a cualquiera... Era un maestro en el arte de embrollar los asuntos... Cometidos sus crímenes y manchado de sangre, volvía junto al emperador llevando un montón de cautivos encadenados, hundidos en la miseria y la aflicción... (Amm. XIV, 5, 6‑9). En su relato Amiano se indigna al considerar los medios de presión puestos a disposición de Pablo Cadena, tan considerables que le permitieron detener al vicario de Bretaña que, afortunadamente, pudo escapar a la venganza y las torturas de Pablo suicidándose.

Posiblemente en otros tiempos, estos agentes in rebus no tuvieran tanto poder. El reinado de Constancio fue particularmente propicio para sembrar de espías todas las provincias. Su temor a cualquier usurpación o complot contra él era, en cierto modo, paranoico. En cualquier caso, el espía español debió destacar por su eficiencia en tan innoble labor. Gran parte de su trabajo debió consistir en vigilar la actividad del césar Juliano así que éste, en cuanto llegó a Augusto, lo hizo condenar a muerte por el tribunal de Calcedonia y fue quemado vivo, lo que sus contemporáneos ‑al decir de Amiano Marcelino‑ consideraron un justo castigo a tan infame verdugo.

La burocracia bajoimperial era enorme. Cada uno de los altos cargos tenía a sus órdenes un elevado número de ayudantes. En el caso de los vicarios, que no tenían precisamente demasiadas funciones, había unos trescientos subalternos a su cargo. McMullen calcula que en el siglo IV el número de personas dedicadas a la administración en todo el Imperio era de unas 16.000.

Una de las características de la nueva administración bajoimperial fue la estricta separación entre los funcionarios civiles y los militares. Separación ya iniciada por Diocleciano, pero tajantemente impuesta por Constantino. El ejército no debía ni podía ocuparse de los asuntos de gobierno y los administradores, a su vez, estaban incapacitados para asumir el mando de las tropas.

El ejército hispano durante el Bajo Imperio

Toda investigación sobre la historia del ejército y de la defensa de Hispania durante el Bajo Imperio debe tomar siempre como punto de partida la información que proporciona un documento que se fecha entre los últimos años del siglo IV y las primeras décadas del siglo V. Nos referimos a la Notitia Dignitatum que nos cuenta que el ejército romano asentado en Hispania se distribuía geográficamente de la siguiente forma:

En la provincia Gallaecia se encontraban estas tropas:

‑ En León, la legión VIIª mandada por un prefecto (Proefectus legionis septimae geminae. Legione).

‑ En Poetavonium, cerca de Rosinos de Vidriales, en la provincia de Zamora, la cohorte segunda flavia pacatiana a las órdenes de un tribuno (Tribunus cohortis secundae Flaviae Pcicationae).

‑ En un lugar no precisado de la Gallaecia, la cohorte segunda gálica y su tribuno (Tribunus cohortis secundae Gallicae. Ad cohortem Gallicam).

‑ En Lugo, la cohorte lucense y su tribuno (Tribunus cohortis Lucensis. Luco).

‑ Primero en Brigantium, La Coruña, y ahora en Iuliobriga, cerca de Reinosa, Santander, la cohorte celtíbera bajo las

órdenes de un tribuno (Tribunus cohortís Celtiberae, Brigantiae, nunc Iuliobriga).

Y en la provincia Tarraconense:

‑ En Veleia, en el ahora despoblado de Iruña, no lejos de Vitoria, la cohorte primera gálica mandada por un tribuno (Tribunus cohortis primae Gallicae. Veleia).

Como se sabe que Diocleciano llevó a cabo una gran reorganización de la administración, ha habido autores, Balil entre otros, que han atribuido el emplazamiento de estas tropas a dicho emperador: habría sido continuista al conservar los emplazamientos que ya tenían la legión VIIª y la cohorte situada junto a Rosinos de Vidriales, mientras los otros emplazamientos de tropas serían nuevos y elegidos por los responsables de la administración militar diocleciánea. Ahora bien, otros autores como Le Roux consideran que desde Diocleciano hasta el momento en que se escribió la Notitia Dignitatum pudo haber cambios de emplazamientos motivados por las nuevas exigencias estratégicas. Una prueba en su favor se encuentra en la mención expresa del cambio de localización de la cohorte celtibérica situada primero en Brigantium y más tarde en Iuliobriga. De modo semejante, la cohorte primera gálica habría sido trasferida del área de los astures a Veleia por el propio Diocleciano.

Como puede comprobarse por los textos latinos anteriores, algunas unidades militares llevan epítetos correspondientes a topónimos: así, la cohorte lucense asentada en Lugo. Y hay otros testimonios de otras tropas de fuera de Hispania que indican que ésta era una práctica frecuente, la de llevar epítetos en su titulatura que aluden a su lugar de emplazamiento. Por ello, no se entiende bien que la que había sido durante el Alto Imperio el ala II Flavia Hispanorum c(ivium) R(omanorum), asentada cerca de Rosinos de Vidriales, cambiara ahora de nombre (cohors secunda Flauia Pacatiana) recibiendo el epíteto Pacatiana que no encuentra explicación alguna convincente, ya que no tiene ningún sentido establecer alguna relación de la misma con personaje alguno de nombre Pacatus.

Los efectivos militares no eran muchos. La legión VIIª había quedado reducida a unos componentes de 3.000‑4.000 hombres; parte de sus tropas habían sido desplazadas como apoyo para el conde ‑comes‑ de la parte oriental del Imperio. En el recuento de efectivos tampoco puede olvidarse que había otras tropas móviles que acompañaban al conde de las Hispanias, comes Hispaniarum, quien, al menos desde el siglo V, tenía funciones militares. Esas tropas comitatenses estaban constituidas por efectivos variados, entre los que, al parecer, se encontraban algunos componentes legionarios, así como otros soldados reclutados expresamente para ese servicio en las distintas ciudades de Hispania. Le Roux ha calculado que el total de los efectivos militares para las provincias Gallaecia y Tarraconense no debieron sobrepasar los 6.000 hombres. Esta pequeña cifra se justificaría bien al considerar que la Península Ibérica se encontraba alejada de los grandes acontecimientos militares que tenían lugar en las zonas fronterizas del Imperio donde era preciso frenar el empuje de los pueblos bárbaros.

La reducción de efectivos con relación al Alto Imperio así como la forma de ser presentadas las unidades militares en la Notitia Dignitatum permite sostener que la población civil y la militar fueron quedando incluidas en el interior de un mismo recinto amurallado: las tropas estarían dentro de la ciudad de Veleia, de la de Lugo, etc. y no en campamentos situados en sus cercanías. Y, a su vez, la población civil que venía residiendo junto a las murallas del campamento de la legión VIIª debió pasar a residir en el interior de las murallas, hecho que, sin duda, implicó una reorganización del espacio urbano. En este caso, se dieron las circunstancias propicias para que la población civil se organizara a semejanza de los municipios romanos dando así paso al surgimiento de la ciudad de León.

El supuesto limes de Hispanía

La distribución de las tropas militares estables en campamentos/ciudades situados en el norte de Hispania y el hecho de que la enumeración de las tropas hispanas en la Notitia Dignitatum presente paralelos con la enumeración de otras tropas asentadas en la frontera romana ha servido para que varios autores (Blázquez, entre ellos) hayan sostenido la existencia de una frontera militar, limes, para defender al resto de la Península de la amenaza de los pueblos del Norte. La menor romanización de esos pueblos y noticias posteriores sobre sus aspiraciones de autonomía han contribuido a apoyar tal tesis.

Si se considera, en cambio, que en época altoimperial, en pleno período de paz, también las tropas estaban situadas en el Norte, la reflexión sobre la distribución geográfica se debilita como argumento en favor de tal limes. El ejército había cumplido misiones de disuasión en los años iniciales del Imperio, pero después se había mantenido acantonado en los mismos campamentos en razón de su capacidad de servir de instrumento para la romanización y también para la defensa de los distritos mineros en los que una parte del ejército actuaba como personal técnico para asesorar sobre la explotación de las minas.

Tampoco hay noticias que permitan pensar en una grave amenaza de los pueblos del norte durante el siglo IV. Hoy se considera que se ha exagerado la importancia de los efectos de las incursiones de los pueblos germánicos, los francos y alamanes, en los años 258 y 262. Ese acontecimiento se ha unido a las invasiones realmente importantes de comienzos del siglo V para explicar con dos hechos, extremos en el tiempo, toda la situación del tiempo intermedio. Para reforzar tal tesis, se ha acudido a la consideración de las potentes murallas que presentan algunas ciudades. Pero, en la revisión reciente de todos los datos hecha por Le Roux, se deja constancia de que las murallas que han servido de argumento de apoyo (las de Barcelona, Astorga, Lugo, León y otras semejantes) no serían anteriores al siglo V y que su aspecto actual bien puede tener un origen altomedieval. Estaríamos, por tanto, ante la constatación de que los peligros exteriores comienzan en Hispania a partir de las invasiones bárbaras de comienzos del siglo V y ante una Hispania del siglo IV disfrutando de una relativa tranquilidad interior.

Dos siglos de tranquilidad

El otro argumento utilizado para elaborar la tesis sobre un limes hispano se encontró en un conjunto de materiales de las necrópolis del Duero dadas a conocer por Palol. El hallazgo de espadas, cuchillos, hachas y broches de cinturón semejantes a los usados por tropas germánicas de laeti, federados al servicio de Roma, creó una primera impresión de un mundo militarizado. Pero a atención detenida a la cronología segura de tales hallazgos permite también retrasar las fechas a los años posteriores a las invasiones bárbaras de comienzos del siglo V. Tales ajuares de las necrópolis del Duero serían exponentes de fenómenos ocurridos en Hispania a partir del momento en que comienza a tener lugar el asentamiento de los pueblos bárbaros en Hispania.

Y el tercer argumento para rechazar la existencia de un limes interior en el norte de Hispania se basa en razones estratégicas, ya que la distribución de las tropas de Hispania no era en nada semejante a la que tenían las tropas asentadas en las fronteras romanas, las que constituían un auténtico limes.

La tesis dominante en los estudios recientes se orienta a presentar el período que media entre Diocleciano y las incursiones bárbaras de comienzos del siglo V como de continuidad de la paz interior. El ejército hispano, alejado de las luchas dinásticas, estuvo siempre dispuesto a mantenerse fiel al emperador del momento y a no mezclarse en ninguno de los conflictos que se ocasionaron por las usurpaciones, destituciones o golpes de estado que fueron tan frecuentes durante el Bajo Imperio. Ese ejército tradicional y conservador ni siquiera se alteró cuando el usurpador Constantino III envió a su hijo Constante para adueñarse de Hispania. Se explica así bien que la defensa del emperador legítimo quedara en manos de particulares, los hermanos Dídimo y Veriniano, grandes propietarios de tierras en el ámbito de Palencia, los agri Palentini, al enfrentarse a las tropas del usurpador con la ayuda de sus criados y siervos, como dicen todos los autores. A partir del 409, el débil estado romano occidental se vería obligado a pedir ayuda a las tropas federadas de visigodos cada vez que debía defender la parte de Hispania que aún seguía bajo su control.